Animal Político

Octava carta a las izquierdas: las últimas trincheras (texto íntegro)

La Razón / Boaventura de Sousa Santos

20:33 / 10 de septiembre de 2012

¿Quién podría imaginar hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue por medio de la defensa de estos derechos que conquistaron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que, una vez conquistado, el poder se vuelva tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon para que él fuera poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido   a favor de las minorías más ricas? ¿Por qué resulta, a este respecto, cada vez más difícil distinguir entre los países del norte y los países del sur?

Los hechos

En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) han mostrado que pueden velar tan bien por los intereses de los acreedores y especuladores internacionales como cualquier partido de derechas, no pareciendo nada anormal que los derechos de los trabajadores fueran expuestos a las cotizaciones de las bolsas de valores y, por tanto, devorados por ellas. En Sudáfrica, la Policía al servicio del gobierno del ANC (Congreso Nacional Africano), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Bien cerca, en Mozambique, el gobierno del Frelimo (Frente para Liberación de Mozambique), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de la docilidad (por las buenas o las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En India, el gobierno del partido en el Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, hace concesiones de tierra a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de millares y millares de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (el TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) para drenar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que valientemente concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber garantizado los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la explotación de petróleo en sus territorios. Ya en mayo de 2003, la Comisión había solicitado a Ecuador medidas cautelares a favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, la suspensión inmediata de la construcción de la represa de Belo Monte (que, al ser terminada, será la tercera más grande del mundo) hasta que los pueblos indígenas afectados sean adecuadamente consultados. Brasil protesta contra la decisión, retira su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), suspende el pago de su cuota anual a la OEA, retira su candidato a la CIDH y toma la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer la reforma de  la CIDH en el sentido de disminuir sus poderes de cuestionar a los gobiernos sobre violaciones de derechos humanos. Curiosamente, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (Brasilia) acaba de decretar la suspensión de la represa con fundamento en la falta de estudios de impacto ambiental.

Los riesgos

Para responder a las cuestiones con las que empecé esta crónica, veamos lo que hay en común en todos estos casos. Todas las violaciones de derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del   capital financiero. En el sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan obstáculos para el desarrollo que es necesario promover lo antes posible. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera donde todo sucede entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) y la Embajada de Canadá. Canadá, que hace 20 años parecía ser una fuerza benévola en las relaciones internacionales, hoy es uno de los promotores más agresivos del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida oponerle resistencia, puede ser que sea demasiado tarde. Mientras tanto, puede que el capitalismo ya haya concluido que la democracia no es compatible con él.

¿Qué hacer?

Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera si nos lo proponemos. La situación es de tal gravedad que es necesario adoptar medidas urgentes aunque sean pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente en continente, aunque la articulación entre ellas, cuando es posible, resulta indispensable. En el continente americano la medida más urgente es impedir la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en curso. En esta reforma están particularmente activos cuatro países con los que soy solidario en múltiples aspectos de su gobierno: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la CIDH. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha, que más hostilizan al sistema interamericano de derechos humanos, como es el caso de Colombia, observen encantados el servicio que los gobiernos progresistas objetivamente les están prestando.

Mi primer llamamiento es a los gobiernos brasileño, ecuatoriano, venezolano y argentino para que abandonen el proyecto de reforma. Y la apelación está especialmente dirigida a Brasil, dada la influencia que tiene en la región. Si tuvieran una visión política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrán beneficiarse del prestigio y de la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que le permitió llevar ante la justicia los crímenes por las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura, lo que muy acertadamente se convirtió en una bandera de los gobiernos Kirchner en la política de derechos humanos.

Pero porque puede prevalecer la ceguera del corto plazo, invoco también a todos los activistas de derechos humanos del continente y a todos los movimientos y organizaciones sociales —que vieron en el Foro Social Mundial y en la lucha continental contra el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) la fuerza de la esperanza organizada— a que se unan en la lucha contra la reforma de la CIDH. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han venido fortaleciendo, actuando con más independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado muchas de las violaciones de derechos humanos. Desde 1970 y 1980, en que la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala y publicó informes que denunciaban las violaciones cometidas por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias tras el golpe de estado en Honduras en 2009; por no hablar de las reiteradas peticiones de cierre del centro de detención de Guantánamo. Por su parte, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador”, del 27 de julio, es histórica para el derecho internacional, no sólo a escala continental sino también mundial. Tal y como la sentencia “Atala Riffo y niñas contra Chile”, abordando en este caso la discriminación por motivo de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH en materia de violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?

Los dados están lanzados. Al margen de la CIDH y con fuertes limitaciones en la participación de las organizaciones de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara un conjunto de recomendaciones para ser presentadas para su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones van en el sentido de limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados en materia de violación de derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de violaciones; acortar de tal modo los plazos de investigación que hagan imposible un análisis cuidadoso; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación de derechos humanos merece atención especial; limitar la emisión y extensión de medidas cautelares; acabar con el informe anual sobre la libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que planean como amenazas pero que aún no fueron concretadas.

Cabe ahora a los activistas de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados con el futuro de la democracia en el continente frenar este proceso.

 

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor de la Universidad de Coímbra (Portugal). ( Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez)

 

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