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Olga Flores: Desclasificar los archivos de las FFAA, el único camino

Cada que aparece un represor de la dictadura de 1980 que estaba prófugo, se levantan expectativas sobre la posibilidad de encontrar los restos  de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros desaparecidos. Olga Flores descree de todo esto;  piensa que se elude la principal tarea para saber la verdad de esos tiempos: abrir los archivos de las Fuerzas Armadas.

Olga Flores.

Olga Flores. Foto: Luis Salazar.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:03 / 15 de febrero de 2016

Con la detención de Froilán Molina, alias El Killer, y la posibilidad de que con base en sus declaraciones se pueda tener pistas sobre el destino que tuvieron los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, dónde están enterrados o qué se hizo con ellos, volvió a la agenda pública también el recurrente tema de la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas en el periodo de la dictadura encabezada por Luis García Meza. Si en verdad se quiere encontrar dichos restos, además de los de los otros desaparecidos, como el diputado de entonces Juan Carlos Flores Bedregal, entre muchos más, la única manera cierta de esclarecer los hechos —insisten los familiares de estas víctimas de la dictadura— y, por tanto, de tener datos ciertos de los restos, es desclasificando los archivos militares; “testimonios” o “revelaciones” que puedan hacer quienes por varios años sencillamente ocultaron la verdad o la manipularon o distorsionaron, difícilmente podrán dar alguna luz cierta sobre los hechos, enfatiza Olga Flores Bedregal, hermana menor de Juan Carlos, muerto y desaparecido el 80. De Froilán Molina solo tiene el recuerdo amargo de cómo puede ser que no haya sido detenido en los ocho años que se dio por “perdido”, y cómo hay muchos otros cómplices todavía en libertad.

— ¿Qué importancia finalmente tiene la captura de El Killer para encontrar a los desaparecidos?

— La única manera de obtener la verdad es desclasificando los archivos de las Fuerzas Armadas y, además, basándonos en el derecho a la información establecido en la Constitución. Dos cosas deben quedar con meridiana claridad para las Fuerzas Armadas: de acuerdo con la ley, después de 20 años todo documento debe ser desclasificado; lo que no es desclasificado es el escalafón de las Fuerzas Armadas. Según la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), esto último puede ser desclasificado solo por orden judicial o por una resolución del Legislativo; nosotros teníamos la orden judicial y no la cumplieron.

— El escalafón, quiénes eran qué en ese momento…

— Ahí tendríamos el grado de responsabilidad de cada uno de ellos; es lógico, las instituciones no cometen delitos, las Fuerzas Armadas no cometen delito; los que cometen delito son los que en determinado momento utilizan la institución para hacer cosas ilícitas, como es el caso de un golpe de Estado, detenciones arbitrarias; el Estado Mayor fue convertido en un campo de concentración, las caballerizas fueron una cárcel para los presos del 17 de julio de 1980; y todo esto es ilícito. Conociendo el escalafón de ese periodo, también hubiéramos visto quiénes oficiaban de paramilitares, porque las Fuerzas Armadas daba grados honoríficos, premios a la lealtad.

— Diferenciar a los responsables de la institución en sí…

— Esto, más bien, debería ser para dignificar a las Fuerzas Armadas, para que aquellos sujetos que han violado su propia Ley Orgánica sean juzgados.

—Pero, ¿qué alcance realmente tiene la desclasificación?

— Hay dos tipos de información. Una, es toda la información de la Sección Segunda de Inteligencia, ésa tiene que ser desclasificada sin necesidad siquiera de ninguna orden judicial; por ley, después de 20 años, todo documento debe ser desclasificado; hasta la CIA hace esto. Además, el derecho a la información es un derecho constitucionalizado; todo documento después de 20 años pierde ese carácter de reserva y es público; todo archivo debe abrirse. Si hablamos del 80, ya desde  2000 tendrían que estar abiertos esos archivos.

— ¿Hay algunos indicios de qué estaría en esos archivos?

— Los archivos de Inteligencia, por ejemplo; durante el proceso de investigación (entre 1997 y 2008, en el juicio de los familiares contra los presuntos asesinos y represores del 80), los jueces y la Justicia se han negado de manera sistemática a ver lo que deberían haber visto: ellos mismos (los represores) mandaban sus informes de cómo habían ido a asaltar tal lugar o cómo se agarró a tales o cuales presos; Luis Arce Gómez recibía esos partes. Eso debería haber sido entregado por las Fuerzas Armadas; pero no se ha hecho. La otra información que es reservada de acuerdo con la LOFA es el escalafón; ese sí es un derecho, hay la protección del habeas data para los militares; pero eso se puede desclasificar por orden de un juez o del Legislativo, pero solo para cierto periodo de tiempo. 

— ¿Qué han podido conseguir de los militares?

— Lo que han mandado los militares es una burla, son tres sobres manila con una lista que no prueba nada. Quisiera dejar establecido que por la seguridad del Estado debería desclasificarse para que las Fuerzas Armadas transparenten quiénes han sido los responsables del golpe de Estado, y más cuando han pasado más de 20 años. En su momento, nosotros también pedimos al Legislativo, por una resolución del Defensor del Pueblo, pero tampoco se ha logrado; teníamos seis órdenes judiciales.

— El caso Froilán Molina; sabemos que alguna vez le insultó…

— Bolivia es el reino del revés, en el que el ladrón es juez, se lo digo sin ningún reparo. El caso, por ejemplo, de que el fiscal se sentaba junto a los procesados y nos agredía a los familiares; el juicio se retrasó 10 años porque no se presentaban los procesados; ha habido un momento en que nosotros teníamos que pagarles (el traslado); uno de los acusados no se presentaba y el juez nos amonestaba, diciendo que nosotros teníamos que pagar las notificaciones, poner para que vayan a traerlo al tipo de su detención domiciliaria. Desde 2007, cuando se dictó la sentencia, nosotros exigimos que se lo detenga a El Killer y a los otros dos más, de los que no hay ninguna explicación de dónde están. Lo que no puedo entender es que habiendo una sentencia ejecutoriada por el más alto tribunal de la nación, la que dice 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y eso lo hemos denunciado a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), el Estado boliviano no ha hecho un ápice por detenerlo, y nos sorprende que ahora haga tanto teatro diciendo que lo detienen en su propio domicilio, cuando cursa en obrados dónde vivía; incluso, hubo una audiencia en que ha llegado tarde diciendo que había bloqueos, y el juez le dijo: “¡Ah! bueno, se suspende la audiencia”, y le da la razón por llegar tarde, sin considerar que todos nosotros estábamos expuestos al bloqueo. El Killer se paseaba por las calles, y en una de esas hasta me insultó. El Estado boliviano no solamente nos deja en total indefensión cuando no detiene a estas personas que sí son probadamente criminales; ellos todavía se dan el lujo de pedir garantías.

— No importa el Gobierno, la responsabilidad es del Estado...

— Ahora, el Estado boliviano comete, como Estado; cuando llevamos el caso a la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos-CIDH), lo hacemos contra el Estado; y el Estado sigue cometiendo la desaparición, porque por definición la desaparición forzada se da en tanto y en cuanto no aparezca la víctima; y, segundo, cuando se niega a dar información; entonces, el Estado boliviano, yo denuncio, sigue practicando la desaparición forzada; no es cosa de los regímenes militares; es cosa (también) de este régimen.

— ¿Qué dice de las actuales intenciones de interrogar a El Killer o a otros para saber dónde están los restos de los desaparecidos?

— Yo he ido a tres exhumaciones, cuando nos han entregado un cuerpo falso los policías que estaban procesados por la desaparición. Ahora nos vienen con que los restos de Quiroga Santa Cruz están enterrados en la hacienda de Banzer, cuando García Meza dijo que no había, luego entregó unas cenizas a la familia; después, que los quemaron en Vinto; luego, que se los había enterrado en el camino a Yungas, y ahora en la hacienda de Banzer. El Fiscal General dijo que iba a tomarle la declaración a El Killer, lo que es un absurdo jurídico, bajo qué procedimiento a un reo redomado se le va a tomar declaración, se lo va a dar por verdadero; la única manera de obtener prueba verdadera es teniendo la desclasificación, y entregando los restos; no yendo a que nos diga dónde están. Imagínese la burla para los familiares ir a una nueva exhumación para no encontrar absolutamente nada.

— ¿Qué resta para lo inmediato?

— Debería haberse hecho una reivindicación ante el Parlamento de todas las personas que fueron injustamente perseguidas, exiliadas, y en el caso de los desaparecidos, debería ser el propio Parlamento; pero ¿qué ha hecho el Parlamento?, ha creado esa orden Marcelo Quiroga Santa Cruz y se la ha dado a las Fuerzas Armadas por ninguna razón; entonces, aquí hay una política de Estado de perpetuar las desapariciones forzadas que han habido en el pasado.

— Decía que acudieron a la Justicia internacional.

— Nuestro caso ya ha sido admitido en la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos y en estos días se va a pronunciar sobre el fondo, para que pase a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos); esperamos que sea en ese sentido su pronunciamiento, en el caso de Juan Carlos Flores Bedregal.

— ¿Qué pediría a las actuales autoridades?

— El Fiscal General del Estado, en vez de hacer declaraciones que no tienen ningún principio jurídico, de que van a hacer un peritaje psicológico y tomar declaraciones a El Killer, debería exigir la desclasificación, mantener una comisión de fiscales; pero no lo va a hacer, ya han pasado 10 años en que no ha pasado absolutamente nada; hemos retrocedido en cuanto a lo que se sabía y a lo que se podía haber hecho en materia de Justicia.

— La única certeza suya parece ser la desclasificación, los documentos.

— Uno es la desclasificación, y otro es que el juez deliberadamente no ha hecho uso de pruebas que están en el expediente, que son esos careos que le digo; hay una serie de informes que para expiarse de culpa mandaron los propios procesados, ellos reconocen y dicen “yo llegué al Estado Mayor, vi las ambulancias...”;  eso es demostración de que participaron en el golpe; y el juez los exime, digamos. Hay una investigación que ha hecho la Cámara de Diputados (a principios de 2000), la Comisión de Derechos Humanos, el honorable (Roberto) Moscoso, de la que deliberadamente se ha hecho caso omiso con el fin de liberarlos (a los acusados de represión). Y también debe hacerse una reivindicación histórica de todos los desaparecidos; eso tampoco ha hecho el Parlamento.

— ¿Cómo continuará luego el proceso en la CIDH?

— La comisión tiene plazos, se reúne dos veces al año. Una vez que se pronuncie, si es que el fondo amerita, pasa a la Corte, y la Corte tiene un tratamiento, como toda Corte, con muchos procesos; pero ya se inicia un proceso; tiene que pronunciarse y dictar una sentencia que es de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados. Además, en nuestra actual Constitución hay la Acción de Repetición, que quiere decir que si el Estado es condenado, éste tiene la obligación de procesar a los jueces y autoridades que han cometido la falta. Hay ese adagio popular que dice “la justicia tarda, pero llega”. De nuestra parte, no debemos callar, debemos hacer memoria para que las próximas generaciones tengan principios de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida.

Perfil

Nombre: Olga Beatriz Flores Bedregal

Nació: En La Paz, en 1956

Ocupación: Activista en derechos humanos

Vida

Activista desde muy joven, acompañó a su hermano, Juan Carlos Flores Bedregal, en la lucha política. “Carlos era mi hermano mayor y mi jefe político al que yo siempre respeté como militante”, empieza el libro dedicado a él Carta inconclusa a mi hermano Carlos, La Paz, 2009. Inició la pelea por recuperar a su hermano, cuenta, en el mismo gobierno de García Meza. Participó en la VIII Marcha por el TIPNIS, por la cual también sufrió la represión policial en Chaparina. Fue candidata a representante supraestatal de La Paz en las elecciones de 2014 por Unidad Demócrata (UD).

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