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Oruro y su aeropuerto, crónica de un conflicto altamente político

Una polémica que raya en lo irrisorio —el nombre del aeropuerto orureño— fue utilizada política y electoralmente por todas las partes involucradas. Los réditos parecen ser para los opositores, el costo que deben asumir es un brote racista.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 31 de marzo de 2013

Los vidrios rotos en las cornisas de la Gobernación de Oruro —después de que una turba de manifestantes que apoyaban que el aeropuerto de esa ciudad continúe con el nombre de Juan Mendoza y Nernuldes los destruyeran— aún podían ser vistos el lunes, a menos de tres días de las movilizaciones a causa de la polémica. Las manifestaciones estuvieron cerca de desbordarse con la toma de instituciones e incluso el derramamiento de sangre. Las protestas adquirieron el signo de una de las taras bolivianas más arraigadas: el racismo. Hace poco más de una semana se oían consignas como “Mendoza sí, el indio no” u “Oruro se respeta, carajo”.

En el bus en que el periodista de La Razón se dirigía hacia la ciudad, dos personas conversaban sobre el conflicto que duró 32 días, entre el 19 de febrero y el 22 de marzo: “¿Ya se arregló lo del aeropuerto? Qué mediocre pelearse por un nombre”, decía perplejo uno de ellos.

Incluso, una suerte de resaca jovial de un brote racista pervivió al conflicto: el martes, un grupo de periodistas locales con cámaras y micrófonos esperaba en la puerta de la Gobernación. Al paso de un conocido suyo le dijeron en broma como si fuera un “insulto”: “masista, es un Valerio” (refiriéndose a Valerio Chambi, presidente de la Asamblea Departamental).

Durante las marchas en los diferentes paros cívicos se oían consignas como “cara de llama”, que luego fueron dichas por los movilizados afines al Comité Cívico al agredir a la marcha campesina convocada bajo el riesgo por cierta dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). A los manifestantes no se les permitió el ingreso a la plaza, fueron insultados por alguna gente y casi obviados en la cobertura de los periodistas.

El aeropuerto de Oruro llevaba el nombre del aviador Juan Mendoza y Nernuldes desde 1945. El Concejo Municipal de ese tiempo aceptaba, como “consideración”, incumplir la ley nacional del 7 de octubre de 1941 que prohíbe que los monumentos construidos con “fondos nacionales” lleven el nombre de una persona viva. Así eligieron el de Mendoza y Nernuldes, cuando éste se encontraba vivo, con conocimiento de la violación jurídica, de acuerdo a la publicación del periódico La Patria del 10 de octubre de 1945. El aviador murió el 28 de agosto de 1977 en Cochabamba.

Tras la refacción y construcción de nuevas instalaciones aeronáuticas, los representantes del MAS en la Asamblea Departamental tuvieron la idea de que el nombre sea “Evo Morales Ayma” (obviando también la ley). Según dice el presidente de ese órgano, Valerio Chambi, lo hicieron para “reivindicar” su “identidad”. El hecho fue calificado por la oposición como “llunk’erío” (salamerío) y la decisión de no dar un paso atrás con la ley produjo la radicalización de las movilizaciones.

Así, el MAS dejó “servida” una bandera al Comité Cívico de Oruro y a la oposición, y esta fuerza, ni corta ni perezosa, supo aprovecharla políticamente.

Sonia Saavedra es la presidenta de la organización cívica. Fue candidata a una concejalía por Unidad Nacional (UN) en 2003. “En 2003 me invitó Samuel y acepté, pero después me dediqué a la actividad cívica”, admite la activista, quien, en defensa de las protestas, dice que ellas “no fueron políticas”. En otras palabras, se trató de un “conflicto político”, como lo denominarían los medios de comunicación de manera equívoca, pues todo aspecto de la vida social es de hecho político. 

El problema del nombre, que en apariencia raya en lo irrisorio, estuvo a punto de cobrar vidas humanas. Si bien ambas partes —el MAS y sus detractores del Comité Cívico, algunos cuadros de UN, Convergencia Nacional (CN) y partidos casi extintos— niegan que haya tenido tintes partidarios en busca de réditos en el escenario político, es evidente que sí los tuvo.

Las dos partes así lo utilizaron, pues ambas dejaron a la otra un pretexto servido “en bandeja”, aunque parece ser que es la oposición la que salió aventajada al suscitar el rechazo generalizado al MAS en la ciudad de Oruro. Los asambleístas obtuvieron, gratuitamente, la desacreditación del nombre del Presidente del Estado, quien por su lado mantuvo un silencio temporal que ayudó a enardecer la crisis (luego se desentendió del conflicto). En vistas a la elección de 2014, ésta puede ser una victoria de los opositores, pues la ciudad de Oruro tiene más población que el área rural del departamento. El precio de tal éxito, sin embargo, es una especie de “pacto con el diablo”, pues se jugó con la sensibilidad de los orureños y se generó brotes de racismo propio tal vez de la sociedad boliviana de hace 50 años.

La alcaldesa Rossío Pimentel ve que el origen del conflicto fue el hecho de que los asambleístas del MAS “tomen la decisión inconsulta de la Ley 45 y su tozudez para quedar bien con el Gobierno”.

El paralelismo inmediato de lo acontecido del 19 al 22 de marzo en Oruro es lo ocurrido en Sucre en 2008, cuando, a grito de “Sucre se respeta, carajo” y las acciones parecidas, se jugó con los sentimientos de los sucrenses bajo la consigna de la capitalía plena y se allanó el terreno simbólico para que el racismo campee.

Actores y acciones. Uno de los actores principales para la escalada de racismo y violencia, de acuerdo con tres fuentes en off, fue la prensa local, que en su gran mayoría actuó de manera corporativa. Tan es así que el viernes, cuando se festejaba la suspensión de la Ley 045, los periodistas participaban de ella y “prácticamente eran condecorados”.

Saavedra, cabeza del Comité Cívico, fue de las líderes más visibles de las manifestaciones. Cuando se le pide que evalúe las conductas vandálicas (el apedreo de la Gobernación y el intento de toma del edificio de la Alcaldía) y racistas del jueves 21, contesta que los dirigentes estaban en la huelga de hambre y no podrían ser los responsables. “La gente, al sentirse insultada por el Gobierno, reaccionó”, se justifica.

En el extremo cuestionable, ella fue criticada por no haber nacido en Oruro y haber vivido casi toda su vida en Cochabamba “¿Por no haber nacido en Oruro entonces ya no soy boliviana?”, responde. Denuncia que el día de la promulgación de la Ley 045, el 7 de febrero, fue agredida por masistas.

Franz Choque, diputado de Oruro por CN, fue, según las tres fuentes de La Razón y Valerio Chambi, el operador de las movilizaciones. Incluso abrió una cuenta de Facebook en la que circularon mensajes discriminatorios contra el Gobierno, el MAS y otros orureños indiferentes al conflicto. Consultado sobre este extremo, el legislador dice: “Hay que representar a quien me eligió”.

Sus detractores lo señalan como nacido en La Paz, provincia Aroma. “Sin embargo, mi participación en esta reivindicación fue determinante”, contesta el parlamentario.Choque admite haber creado la cuenta “Soy un orureño del carajo”. A través de este sitio se movilizó a la población. El contenido racista de la página no es para nada matizado. Dice que, si bien él creó la página, no se responsabiliza de los comentarios que puedan hacer otras personas.

La paradoja de ese encendido regionalismo está en que estos líderes que se acogieron bajo la consigna “Oruro se respeta, carajo” no son de ese departamento.Jorge Trujillo, del viejo Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), es el asesor general del Comité Cívico y fue uno de los huelguistas. Fue secretario de la Prefectura durante la crisis de 2003. Esa gestión prefectural fue acusada de ser responsable de la explosión que inhabilitó las antenas de Canal 13 y Radio Pío XII en la crisis de ese tiempo.

La Central Obrera Departamental (COD) también quiso sacar réditos políticos y salir a la luz haciendo coincidir su participación para vincularla al recientemente fundado Partido de los Trabajadores. Sin embargo, cuando los discursos se tornan racistas y ven que están siendo instrumentalizados por intereses de los llamados partidos tradicionales, tratan de desmarcarse de un modo tal que no parezca que están en contra de la demanda.

Pimentel quiso mantenerse neutral, lo que fue interpretado por el movimiento pro Jaime Mendoza y Nernuldes como una traición a Oruro. Su propuesta de solución —que incluía la suspensión de la Ley 045 y un referéndum, inicialmente rechazada y calificada de “masista”— prácticamente es la base del acuerdo final con que se pacificó el conflicto, al que sólo se añadió la consulta al Tribunal Constitucional sobre si dar el nombre al aeropuerto es una atribución departamental o municipal. Entró en huelga de hambre sin apoyar a ninguna de las dos opciones, “sino a una tercera salida, la del diálogo”.

La Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Técnica de Oruro fue clave para las movilizaciones en contra de la Ley 045. Uno de sus dirigentes, Juan José Chambi, niega que éstas hayan sido racistas. “La universidad es de los campesinos, no discriminamos”, afirma.

El director de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, Idón Chivi, y el diputado del MAS Marcelo Elío intervinieron en el conflicto y fueron agredidos verbalmente, al igual que Valerio Chambi. Este último anuncia juicios contra sus supuestos agresores. El jueves 21 y la madrugada del viernes 22 casi decantaron en una convulsión.

La tarde del 21 se supo que los cívicos y sus afines tomarían la Gobernación. Entonces, por temor a los sucedido en Sucre en 2008, los funcionario sacaron las computadoras de esas instalaciones y de la Policía, colindante a ésta. Se dio la orden de que los policías salgan de civil y —cuenta otra voz en off— se mezclen con los manifestantes para “armar líos”. El caos se desató en la noche, pues muchos de los oficiales fueron identificados como externos al movimiento y fueron golpeados. “Además, los manifestantes estaban enfurecidos y querían pegar a cualquiera, entre gritos de ‘cara de llama’ y otros por el estilo”.

En la madrugada del 22 llegó un acuerdo: la suspensión jurídica de la Ley 045 es prácticamente un sinónimo de su abrogación. Las secuelas ya se dijeron: un rebrote racista siempre injustificable en un país como Bolivia. El síntoma: un evidente uso político electoralista del conflicto, el cual pudo terminar con muertes. La oposición ligada a UN y CN quiso hacerse ver y la COD quiso promocionar el Partido de los Trabajadores. En el MAS, se vio un uso político en la insistencia de los asambleístas orureños por el nombre de Morales, posiblemente con intereses también políticos para congraciarse con el Presidente y escalar posiciones dentro de su organización.

‘La actitud inconsulta originó el problema’: Rossío Pimentel, alcaldesa de Oruro

El origen del conflicto fue la actitud inconsulta que asumió la Asamblea Departamental por el poder coyuntural que tiene y con el cual se siente eximida de hacer un análisis jurídico sobre la competencia o no de hacer un nombramiento. Se le advirtió desde antes de Carnaval que habría conflictos, sin embargo, hubo tozudez de su parte.

‘El abuso del poder  unió a los orureños’: Sonia Saavedra, presidenta del Comité Cívico de Oruro

La ciudadanía ya había declarado su disconformidad desde el año pasado. Creo que los asambleístas engañaron al Presidente y no le informaron de lo delicada de la situación. Al final, su abuso de poder perjudicó al Presidente y terminó por unir al pueblo orureño. La radicalización y el racismo se vieron porque algunos orureños se sintieron insultados.

‘Utilizaron el sentimiento ciudadano’: Valerio Chambi, presidente de la Asamblea Departamental de Oruro

Involucraron el sentimiento de los ciudadanos orureños para hacer un uso político de la polémica. Nunca se cambió el nombre del aeropuerto, pero decían que estábamos cambiando la historia. Conocemos que estaban en la movilización gente como Saavedra, jefe de campaña de UN, y Trujillo, de un partido neoliberal (MIR).

‘Yo representé a quienes me eligieron’: Franz Choque, diputado por Convergencia Nacional

Yo sólo representé a quienes me eligieron, eso no puede ser politización. Así, legítimamente hemos opinado y difundido los deseos orureños. La movilización ha sido por la conciencia del pueblo por una medida abusiva. Las manifestaciones de racismo fueron provocadas por la sordera del Gobierno central y los insultos de los asambleístas a Oruro.

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