Animal Político

Pacto fiscal por la vida y el desarrollo humano

Como está la situación, hay un desequilibrio enorme en la distribución de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a los departamentos. Pando lleva la ventaja y Santa Cruz, la desventaja. Hace falta un pacto fiscal, para asegurar desarrollo real en los departamentos.

La Razón / Iván Finot

00:00 / 20 de octubre de 2013

Estos días se recuerdan diez años de laheroica lucha de los alteños porla nacionalización del gas (2003). Como primer fruto de ello, en 2005 se estableció el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota de 32% sobre el valor de la producción. Pero, al mismo tiempo, se dispuso una distribución muy desigual del nuevo impuesto: el 4% del valor de la producción para los departamentos donde se encuentren los yacimientos y el 2% del total del impuesto para cada “no productor”, con la condición de que ningún “productor” recibirá menos que los “no productores”. En 2006 se aumentó la participación de los gobiernos municipales de cada departamento de 34,5% a 67% y se redujo la de los departamentales de 50% a 24,5%, pero la desigualdad interdepartamental se mantuvo.

Como resultado, en 2006, el total de transferencias que en promedio percibía cada habitante de Pando alcanzó a Bs 3.689, mientras que para los residentes en el departamento de Cochabamba este promedio fue de Bs 582 y para los de Santa Cruz —regalías incluidas— era ¡Bs 498! En el nivel municipal se distorsionó el principio establecido por la Ley de Participación Popular, de distribuir las transferencias según número de habitantes. Aquel año, Porvenir (Pando), por ejemplo, ya percibía Bs 2.273 por habitante, mientras que Exaltación (Beni) sólo Bs 317, Tiquipaya (Cochabamba) Bs 305 y Tito Yupanqui (La Paz) Bs 290. Y en cuanto a ciudades principales, mientras Cobija recibió Bs 1.714 por habitante, los residentes de La Paz percibieron ese mismo año Bs 476, los de El Alto Bs 345 y los de Santa Cruz de la Sierra, ¡sólo Bs 326!

Seis años más tarde (2012), las desigualdades han aumentado. En transferencias de libre disponibilidad —incluidas regalías— el Gobierno Departamental Autónomo de Tarija percibe Bs 1.066 por habitante, mientras que este mismo indicador arroja Bs 84 para Santa Cruz, Bs 69 para Cochabamba y ¡Bs 35 para La Paz! En síntesis: el nuevo sistema de transferencias introducido con el IDH, en vez de reducir las diferencias por habitante —objetivo de todo sistema de transferencias— las aumentó. Ante la crisis terminal del sistema político hasta entonces vigente, en el Congreso Nacional que aprobó la Ley de Hidrocarburos se hizo un reparto entre departamentos y no entre ciudadanos.

Un nuevo “pacto fiscal” entre bolivianos debe orientarse a garantizar a todos por igual el derecho a la vida y la integridad, y al desarrollo humano: mínimos similares de atención de salud y de educación e igualdad de oportunidades para mejorar sostenidamente el ingreso familiar a través del desarrollo económico local (en estos tiempos en que prima lo global-local).

Los respectivos sistemas de financiamiento deben ser diferentes según se trate de competencias exclusivas o concurrentes. Para que el de-sarrollo económico local pueda hacerse realidad es imprescindible que, en referencia al financiamiento de las competencias exclusivas de las autonomías, sean los ciudadanos quienes decidan, a través del voto y la participación, cuánto de su ingreso destinarán a este fin, definiendo alícuotas —montos de los impuestos como porcentaje de su respectiva base impositiva— y contribuciones especiales para quienes más se favorecerán con cada obra.

Con la Ley de Participación Popular (1994), el nivel central cedió a las municipalidades impuestos adecuados, a los que ahora se podrá añadir contribuciones especiales, empezando por aquellas en trabajo y especie que tradicionalmente hacen los ciudadanos a sus comunidades y barrios. Las autonomías indígena originario campesinas que provengan de municipios también podrán definir estos ingresos. En cambio, el nivel central hasta ahora sólo ha transferido a las autonomías departamentales un débil impuesto sobre sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles. Es imprescindible que además les traspase un impuesto importante, que también grave a los residentes en cada departamento, y el impuesto sobre ingresos de las personas parece el más apropiado.

En general, a fin de compensar las normales desigualdades en términos de valor de las propiedades e ingresos promedio de los habitantes de cada circunscripción, lo más conveniente sería establecer que las transferencias de libre disponibilidad sean proporcionales a los respectivos esfuerzos fiscales, medidos por el monto total de impuestos y contribuciones en relación con el ingreso de los respectivos habitantes. El objetivo sería que, por cada punto de esfuerzo fiscal, el “gasto equivalente”por habitante (mayor según carencias, diferenciales en costos y dispersión de la respectiva población) de cada autonomía indígena, municipal y departamental fuera similar en todos los casos con tan sólo una ligera ventaja en favor de quienes perciben regalías (sistema que tiene otra lógica). Y en esto partiríamos de una situación muy desigual. En 2006, en Cobija, a cada punto de esfuerzo fiscal (0,1% medido sobre el consumo de los habitantes) correspondieron Bs 17.295 de gasto municipal (restando sólo salud y educación), mientras, por el mismo esfuerzo, este gasto en Santa Cruz de la Sierra sólo pudo alcanzar a Bs 4.693; en El Alto, a Bs 4.203; en La Paz, a Bs 3.779, y en Oruro, a Bs 3.525.

En cuanto a las competencias concurrentes, las autonomías deberían destinar obligatoriamente determinados porcentajes de su total de recursos propios (ingresos generados localmente, más transferencias de libre disponibilidad, más regalías) a seguridad, salud y educación. Así se hace en Brasil en lo referido a estas dos últimas. Y, por supuesto, todo lo que las autono-mías desearan gastar para estos fines por encima de esos mínimos, debería ser bienvenido.

Una vez establecidos los aportes obligatorios de las autonomías, el nivel central tendría a su cargo igualar mínimos de “gasto equivalente” en todas partes. En materia de educación y salud se cuenta con las experiencias de Colombia y Chile. Bolivia partiría de una gran desigualdad en ambos casos: en 2006 el gasto equivalente por estudiante en Santa Cruz de la Sierra —sumando el gasto del Gobierno central y el de las respectivas autonomías— era Bs 528, el puesto 30 más bajo del país entre 320 municipios, y el de El Alto se situaba en el puesto 46, con Bs 597. En cambio, en Cobija este indicador alcanzaba a Bs 1.011. En salud, de los 320 municipios seleccionados 109 rurales se encontraban por debajo de Cochabamba, donde se gastaba en total Bs 119 por paciente potencial al año. Al municipio de El Alto le correspondían Bs 127, al de La Paz Bs 144, al de Santa Cruz Bs 183 y Cobija se encontraba en la cúspide, con Bs 603, casi cinco veces más que El Alto. Ahora bien, en todo caso no se trataría de bajar niveles relativamente altos (en realidad, bajos respecto a lo deseable), sino de aumentar prioritariamente los niveles de los que se encuentren por debajo de mínimos.

Hagamos un pacto fiscal por la vida y la integridad, la salud y la educación, las autonomías y el desarrollo local, en beneficio de todos los bolivianos. Éste sería un mejor destino para el IDH.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia