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Paraguay: crisis política y fragilidad institucional

El debate por la reelección, prohibida expresamente por la Constitución paraguaya, atraviesa a todas las fuerzas políticas, actualmente divididas internamente entre partidarios y detractores.

La Razón (Edición Impresa) / Gisela Brito/Silvina Romano Artículo publicado por el Celag en celag.org

00:00 / 23 de abril de 2017

En Paraguay, a un año de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Horacio Cartes, la disputa por la reelección presidencial derivó en una nueva crisis político-institucional. El debate por la reelección, prohibida expresamente por la Constitución paraguaya, atraviesa a todas las fuerzas políticas, actualmente divididas internamente entre partidarios y detractores. El dato político más significativo es la alianza entre el actual Mandatario colorado y el expresidente Fernando Lugo (derrocado por un golpe parlamentario en 2012) para impulsar, de manera irregular, la reelección por la vía de la enmienda a la Constitución. De concretarse dicha reforma, Lugo, quien encabeza las preferencias de los electores según sondeos recientes, podría volver a presentarse como candidato, al igual que el actual presidente Cartes y otros exmandatarios.

No obstante, este nuevo intento reeleccionista podría afectar negativamente a todos sus promotores, teniendo en cuenta que 77% de los paraguayos lo considera contrario a la Constitución. El desarrollo de este conflicto será determinante en la configuración del escenario electoral camino a las presidenciales de 2018. Los tres grandes polos de la disputa electoral (el oficialista Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico y las fuerzas de izquierda) se encuentran atravesadas por fuertes enfrentamientos internos que se dirimirán en los próximos meses en función del avance del proyecto.

I. La Constitución sancionada en 1992 eliminó la reelección indefinida que estaba prevista en la anterior Carta Magna, vigente durante la dictadura de Stroessner. El artículo 229 del texto constitucional prohíbe expresamente la figura de la reelección del Presidente y del Vicepresidente: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso”. No obstante, el tema ha estado presente de manera recurrente en la agenda política de todos los mandatarios y partidos políticos durante la actual etapa democrática. Esta vez, el intento fue más lejos, alterando incluso el funcionamiento institucional del país y desatando una nueva crisis política.

Los antecedentes inmediatos de este nuevo conflicto por la reelección se remontan a 2016, cuando el Senado rechazó el proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 290. Según la legislación paraguaya, ello implica que el tema no podría volver a ser tratado en el lapso de un año, el cual se cumpliría a fines de agosto de 2017. Pero eso sería demasiado tarde para los actuales promotores de la reelección (Horacio Cartes, Fernando Lugo y Blas Llano), pues para ese entonces las elecciones ya estarían convocadas de acuerdo con la legislación actual.

II. La crisis se desató luego de que el martes 28 de marzo un grupo de 25 senadores integrado por representantes del Partido Colorado (partidarios de la fracción que encabeza Cartes), del sector luguista del Frente Guasú y los partidarios de Blas Llano dentro del PLRA) conformaran de facto un “senado paralelo” y sesionaran para aprobar la modificación del reglamento interno de la Cámara con el objetivo de allanar el camino en favor de su objetivo reeleccionista. Si bien el grupo constituye una fracción mayoritaria respecto a la totalidad del Senado (45 escaños), la sesión se llevó a cabo de manera irregular usurpando la presidencia de la Cámara Alta.

Incluso, el vicepresidente segundo, Julio César Velázquez, asumió de facto la presidencia violando el artículo 37 del propio reglamento interno. Los puntos más controvertidos de la sesión llevada a cabo por el “senado paralelo” son: la modificación del artículo 117 del reglamento interno que reduce la cantidad de votos necesarios para que el pleno dictamine a favor o en contra de las mociones tratadas sobre tablas, pasando de 30 (mayoría calificada de dos tercios) a 23 senadores (mayoría absoluta), lo que facilitaría la aprobación del proyecto de enmienda, así como también la modificación del artículo 41 quitándole a la presidencia de la Cámara (hoy ejercida por el liberal Roberto Acevedo) la competencia de rechazar proyectos. El viernes 31, el mismo grupo de senadores celebró una nueva sesión irregular en la que aprobó el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, ante la negativa del resto de los senadores que repudiaron la maniobra.

Ante esta situación, se suscitaron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso que derivaron en el incendio parcial de las instalaciones y en una fuerte represión policial que dejó el saldo de 211 detenidos y un número no definido de heridos, entre ellos el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y también precandidato presidencial, Efraín Alegre, y el diputado del mismo partido Édgar Acosta. Poco después de estos incidentes, la Policía irrumpió en la sede del PLRA e hirió de muerte a otro de sus dirigentes, Rodrigo Quintana, agravando la tensión política y la violencia desatada en el país. La comunidad internacional reaccionó ante los hechos: el papa Francisco pidió resolver el conflicto por la vía política y sin violencia; el Secretario General de la OEA repudió lo sucedido.

En un intento por evadir responsabilidades, el presidente Cartes rápidamente cesó en su cargo al Ministro del Interior y al Jefe de la Policía a cargo de los operativos.

La respuesta de la ciudadanía fue la convocatoria a nuevas manifestaciones en contra de los proyectos de reelección, que a una semana de la ilegal maniobra continúan multiplicándose en diferentes puntos del país con una significativa presencia de sectores juveniles. La principal consigna es el rechazo a la reelección presidencial.

III. A pesar de que no quedan dudas ni resquicios jurídicos que permitan defender la legalidad de las modificaciones realizadas por el “senado paralelo”, la postura oficial del gobierno de Cartes es que se trata de un procedimiento “constitucional”.

En una muestra de la debilidad institucional del país, insólitamente el grupo de senadores prorreelección defendió su postura ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Ello se produjo en respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada por otro grupo de 19 senadores con el objetivo de anular la sesión irregular. El máximo tribunal paraguayo aún no se ha expedido en torno al tema.

En un intento por destrabar la crisis, el presidente Cartes convocó a una mesa de diálogo con las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, el miércoles 5 de abril, el presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Acevedo, abandonó la mesa ante la negativa oficial de retirar el proyecto de enmienda. Esta es la condición que pusieron los detractores de la reelección para continuar con el diálogo. En el mismo sentido se manifestó el presidente del PLRA, Efraín Alegre, a la vez que reclamó el esclarecimiento de la muerte de Roberto Quintana. Por su parte, parlamentarios del oficialismo emitieron declaraciones contradictorias sobre lo decidido en la sesión del viernes 31 de marzo, algunos aseguran que se pospondrá la discusión sobre reelección, otros afirman que no se abandonará ese objetivo.

El único acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo es que el proyecto de enmienda no será tratado en la Cámara de Diputados mientras dure esta instancia. No obstante, no se percibe con claridad una solución al conflicto, pues todo indica que aún hay voluntad política de parte del oficialismo para seguir insistiendo en el proyecto de reelección presidencial.

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