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Partamos por el principio: el censo

Trabajamos todos los días para atender las necesidades de las personas con discapacidad. No rehuimos a nuestras responsabilidades y no lo haremos aunque ellas vengan sin recursos y mediante imposiciones. Pero demandamos que todos asuman su responsabilidad y que el Gobierno se haga cargo de su parte.

La Razón (Edición Impresa) / Andrea Cornejo Vargas es concejala (Sol.bo) en el municipio de La Paz

00:00 / 05 de marzo de 2017

Su pedido de 500 bolivianos mes, 6.000 bolivianos (anuales), eso se hace como 400, 500 millones de bolivianos año. Es como el presupuesto de dos o tres departamentos, imposible atender. Pero nuestra obligación por encima de cualquier reivindicación sectorial, regional es cómo cuidar la economía nacional”.

La persona que dijo eso en marzo de 2016, que estaba tan preocupada por la economía nacional y en cómo el bono para personas con discapacidad afectaría al presupuesto del país, que decía que pagarlo era simplemente “imposible”, es la misma que este febrero apareció con una solución debajo de su manga para esta demanda: traspasarle la responsabilidad a los municipios; esa persona es el presidente Evo Morales.

“El Gobierno tiene tantas obligaciones en rentas y bonos, pero también como Estado tenemos la obligación de compartir un beneficio social tan importante para los hermanos con discapacidad grave y muy grave”, nos dijo el Presidente hace algunos días, mostrando una supuesta preocupación sobre la situación de la población con discapacidad.

¿Es necesario recordar cómo trataron el Presidente y el Gobierno a la movilización de las personas con discapacidad del año pasado? ¿Es necesario repasar las imágenes de los movilizados colgados de pasarelas o gasificados y reprimidos a golpes en cercanías de la plaza Murillo? ¿Es necesario recordar la negativa del Gobierno a dialogar con los movilizados? Probablemente, no. Probablemente no haya boliviano alguno que no recuerde esos hechos.

¿Qué es lo que explica, entonces, este cambio de opinión en el gobierno central? La denuncia ante Naciones Unidas que hicieron las personas con discapacidad, en la que pusieron en evidencia el maltrato y la falta de atención a su legítima demanda. Por supuesto que la ONU reaccionó de inmediato y en septiembre del año pasado recomendó al Estado boliviano que tome las medidas necesarias para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y sus familias, particularmente a aquellas que viven en condiciones de pobreza o que estén desempleadas.

¿Habría intentado el Gobierno cambiar ese bono “imposible” —en palabras del Presidente— en algo posible y real si es que no hubiera habido una intervención de Naciones Unidas? Los hechos parecen decir lo contrario.

Lo que no es un supuesto es que el bono llega, al menos como está planteado hasta ahora, como una imposición a los gobiernos municipales. Una imposición que viene sin el dinero necesario para hacer el pago, en medio de largas a un debate real y necesario sobre el Pacto Fiscal y, lo que es más grave, sin la información ni los datos necesarios sobre la cantidad de personas con discapacidad grave y muy grave que existen en el país, que serían las beneficiarias.

Dejémoslo claro en este momento. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no se opone a pagar este bono. Ese beneficio no es una dádiva graciosa, es una conquista de quienes se movilizaron en 2016, de quienes marcharon bajo el sol y la lluvia, de quienes fueron violentados y agredidos en los alrededores de la plaza Murillo. De quienes constituyen una de las poblaciones más vulnerables del país.

Hemos criticado la imposición y la falta de diálogo con los gobiernos municipales. Hemos cuestionado el doble discurso. Hemos criticado que el Gobierno intente transferir este pago a las alcaldías con el argumento de que todos somos “corresponsables” de atender a las personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo se niegue a invertir un solo centavo en el bono y así compartir efectivamente esa responsabilidad.

El dato es simple: el gobierno central administra el 85% del presupuesto nacional. Los municipios y las gobernaciones manejan solamente el 15% de esos recursos. Si la responsabilidad es compartida, ¿no debiéramos compartir todos el financiamiento del bono en la misma proporción en la que recibimos los recursos?

Sería fácil cuestionar en este momento cuál es el orden de prioridades de un gobierno que construye museos, estadios, palacios y busca alfombras persas para sus oficinas, que nos cuestan cientos de millones de bolivianos. Pero no se trata de eso. Se trata de que juntos encontremos el camino para hacer realidad el bono y que éste sea sostenible en el tiempo y no una medida coyuntural tomada al calor de los índices de aprobación o encuestas de intención de voto.

Si nuestras intenciones son serias, si nuestra preocupación por las personas con discapacidad es real, si nuestra intención es generar una política pública sostenible, el primer paso es un Censo Nacional sobre Personas con Discapacidad.

Si todos debemos asumir parte de la responsabilidad en la atención de la población con discapacidad, el nivel central de gobierno está en la obligación —marcada en sus atribuciones constitucionales— de hacer ese censo que nos diga cuántas personas con discapacidad hay en el país, cuántas tienen discapacidad grave o muy grave, cuántas de ellas tienen empleo o tienen familiares trabajando, dónde viven y cuál es su situación real. Necesitamos esos datos porque no solo permitirán calcular el costo real del bono, sino también  planificar otra serie de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Demás está decir que esa información, hoy, no existe.

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz trabajamos todos los días por las personas con discapacidad. Es el único municipio del país que conformó un Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. El único que aprobó y puso en vigencia una Ley Municipal para atender las necesidades de este sector. Producto de esa norma, estamos trabajando en un agresivo plan de eliminación de barreras arquitectónicas en una ciudad que debe ser para todos.

Pero además hemos dado pasos importantes, como la implementación de parques y colegios inclusivos, una ruta para ciegos en el centro de la ciudad, el inicio de una política de capacitación e inclusión laboral, atención específica en el Sistema Municipal de Salud y la decisión de que ninguna obra de infraestructura o espacio público hacia adelante se construya sin incluir los criterios de accesibilidad e inclusión.

Trabajamos todos los días para atender las necesidades cotidianas de las personas con discapacidad. Nuestro compromiso con esta población no está en duda. No rehuimos a nuestras responsabilidades y no lo haremos aunque ellas vengan sin recursos y mediante imposiciones. Pero demandamos que todos asuman su responsabilidad y que el Gobierno se haga cargo de su parte.

Es momento de que el Presidente deba mostrarnos que su reciente preocupación por la población con discapacidad es genuina e instruya la realización del censo que tanta falta nos hace para atender, en su integridad, las necesidades de este sector.

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