Animal Político

Perfiles de la conflictividad social (2009-2011)

Bolivia: Análisis multifactorial y perspectivas

La Razón / María Soledad Quiroga

00:01 / 11 de noviembre de 2012

El conflicto es un hecho social inevitable que no es en sí mismo positivo o negativo, depende de cómo se plantee (si permite visibilizar los problemas existentes y viabilizar los cambios necesarios o si, por el contrario, genera daños a la convivencia democrática, a la economía, etc.) y de cómo se gestione (a través de la negociación y el diálogo, de la represión o concesión de la demanda sea legítima o no) para que se constituya en oportunidad para realizar cambios, a fin de mejorar las condiciones de vida, lograr más equidad y justicia en la sociedad. Si bien los factores que determinan los conflictos sociales en Bolivia son diversos, en gran parte pueden explicarse por las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad. Aunque en la última década la pobreza extrema ha disminuido (de casi ocho de cada diez personas en 2000 a cinco de cada diez en 2008 [1]), la desigualdad parece mantenerse: el 20% más rico de la población concentra 60% de la riqueza, frente al 20% más pobre que sólo recibe 2% [2]; la tasa de desempleo abierto no es demasiado significativa (6,5%), pero siete de cada diez personas con empleo se encuentran en el sector informal [3]; el incremento de precios de los alimentos afecta a los hogares más pobres, que destinan 50% de sus recursos a la compra de alimentos [4].  Sin embargo, la pobreza no explica suficientemente la conflictividad, como se advierte en el hecho de que los municipios más pobres no son los que generan mayor cantidad de conflictos. Para el planteamiento de éstos se requiere capacidad de organización, de formulación de demanda y de movilización, así como cercanía a los centros de poder; estas condiciones no suelen cumplirse en situación de gran pobreza, lo que significa que en ciertos sectores ésta tiende a perpetuarse. Otra explicación de la conflictividad se encuentra en los rasgos de la cultura política boliviana que se configuraron a través de un proceso de retroalimentación continua entre el Estado, las élites políticas y económicas y la sociedad, y que parecen mantenerse inalterables: el autoritarismo, que hace que las divergencias y demandas se expresen por medio de la presión y la fuerza y determina las respuestas estatales; el paternalismo, que convierte al Estado en encargado de atender y resolver todos los problemas de la sociedad, sin asumir corresponsabilidad; el centralismo, que explica la concentración de demandas en el Gobierno; el clientelismo y prebendalismo, que basan la relación entre el Estado y la sociedad en la satisfacción de las demandas a cambio de apoyo político. También debe considerarse la alta politización de la sociedad (superior al promedio latinoamericano), el alto apoyo a la democracia (70%), la alta participación electoral (cuarto lugar en la región), la desconfianza hacia las instituciones y los partidos políticos, la baja tolerancia política (segunda más baja de la región), el alto grado de organización (reforzado por el Estado al ser un requisito para que atienda las demandas), los bajos niveles de confianza (44% de la población cree que la gente de su comunidad es poco o nada confiable), y la práctica cotidiana de la violencia (84% de la población dice no estar de acuerdo con la violencia, pero 47% la justifica por diversas razones).Entre 2009 y 2011 los acontecimientos socioeconómicos y políticos —se promulgó la Constitución Política del Estado (CPE) y se inició la formulación de leyes en su marco, se efectuaron elecciones generales y de gobernadores y alcaldes, se “judicializó” la política, encareció el costo de vida y se produjo un distanciamiento entre algunas organizaciones sociales y el Gobierno— generaron un crecimiento sostenido de la conflictividad: 288 casos en 2009, 838 en 2010 y 1.300 en 2011. La mayor parte fueron conflictos por la reproducción social (60%), en los que destacaron los económicos (incremento del costo de vida, escasez de productos básicos, demanda de incremento de ingresos y de empleo, pugnas por el control de recursos naturales); los conflictos institucionales fueron también significativos (30%), y sobresalieron los casos por problemas de gestión administrativa en instituciones públicas, sobre todo municipales, lo que evidencia la debilidad para realizar una gestión pública eficiente, transparente y cercana al ciudadano; y los conflictos político-culturales fueron los menos numerosos (10%), aunque gran parte de la conflictividad boliviana tiene un trasfondo político. En esta etapa se suscitaron varios casos importantes: Caranavi, Potosí, el “gasolinazo” y el TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure), los dos últimos de carácter emblemático.Puede decirse que, en general, la conflictividad boliviana es compleja y multicausal; se origina en factores estructurales y coyunturales, se desarrolla en la base y en la superestructura de la sociedad y tiene componentes cíclicos. Tiene un carácter más reivindicativo que transformador, lo que se advierte en el peso que tiene la conflictividad inscrita dentro del campo de la reproducción social. Es fruto de la combinación de lógicas tradicionales y modernas, que generan una acción social compleja y contradictoria, como se observa por el lugar que sigue ocupando la calle, como espacio público privilegiado donde se desarrollan los conflictos y la recurrencia creciente a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC). No implica necesariamente un riesgo para la estabilidad democrática, pero muestra la existencia de malestar social que puede conducir a la transversalización de demandas, a la agregación de actores y a situaciones de crisis social y política, como la que se vivió en diciembre de 2010. 1. PNUD, 2010.2. Ibídem.3. Ibídem.4. Fundación Jubileo, 2011.5. LAPOP, 2010; Latinobarómetro, 2010; Latinobarómetro, 2011; Fundación UNIR, 2011.Factores entre la sociedad y el EstadoLa conflictividad boliviana es producto de una sociedad: con capacidad de formular un proyecto histórico de ampliación y profundización de la democracia y construcción efectiva de justicia y equidad, pero con dificultades para concretarlo.Que ha visto frustradas sus expectativas históricas en distintas coyunturas y malogradas las posibilidades de una construcción estatal y social más justa.Consciente de su pobreza y lucha por la sobrevivencia y el mejoramiento de sus condiciones de vida, lo que se antepone a la lucha ideológico-política. En disputa interna por controlar espacios (áreas para el comercio, rutas de transporte, etc.) y recursos (mineros, hidrocarburíferos, etc.) que permitan su sobrevivencia y desarrollo.Mayoritaria y crecientemente urbanizada, pero sin los recursos necesarios para brindar condiciones adecuadas para el desarrollo humano urbano.Fragmentada socioeconómica cultural e ideológicamente, haciendo irreductibles las aspiraciones de los actores en pugna y dificultando la resolución de reivindicaciones históricas distintas.En cuyo imaginario el Estado es el gran proveedor que debe resolver todas las necesidades y demandas, por lo que casi 70% de los conflictos se dirigen a éste.Que desconfía de los canales formales y recurre a la protesta en la calle.Que invisibiliza la problemática de género, así como la participación de las mujeres en los conflictos, reproduciendo en éstos los roles tradicionales del ciclo doméstico.La conflictividad es resultado de un Estado: con grandes dificultades para asumir la diferencia y plantear un horizonte común. Con debilidad institucional crónica para satisfacer las demandas sociales y para gestionar los conflictos con un sentido de transformación.Que no ha logrado transformar el modelo de desarrollo económico de manera de ampliar y diversificar la base productiva y, así, generar mayor empleo estable y mejores condiciones económicas.En el que pervive el centralismo (concentración del poder, de la toma de decisiones, de los recursos y procedimientos administrativos).Que, si bien logró sobreponerse a la crisis 2000-2006 y reconfigurarse, no logra consolidarse en el marco de un proyecto histórico que represente legítimamente a la pluralidad del país.

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