Animal Político

Perfiles de reformas de la policía

Una reforma de la Policía mínimo tendría que ser de cinco años...

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

12:00 / 08 de mayo de 2019

Reforma, reestructuración, modernización... Desde el retorno a la democracia (1982), en el país hubo innumerables intentos de introducir cambios en la Policía Nacional; intervenciones en la institución verde olivo que tocaron más o menos su estructura y de algún modo la modificaron. En este sentido, por ejemplo, en el pionero estudio que hay sobre la institución del orden, del hoy ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente, PIEB, 2005, se apunta nueve procesos de reestructuración en 20 años de democracia (entre 1982 y 2003); dejando de lado su relativa antigüedad (antes del gobierno del Movimiento Al Socialismo, MAS), vale la pena reflexionar sus datos, especialmente en lo referido a lo que originó la reforma, la propuesta de cambio y lo que en efectivo resultó.

Se trató de nueve reestructuraciones: Una en el gobierno de Hernán Siles Zuazo, tres en el de Jaime Paz Zamora, dos en los de Gonzalo Sánchez de Lozada; dos en el de Hugo Banzer; y una en el de Jorge Quiroga. De los nueve procesos, seis se originaron en actos de corrupción (nexos con el narcotráfico, cobro de ítems fantasma, malversación de fondos de la mutual policial, reincorporación de policías dados de baja); los restantes tres tienen que ver más con hechos delictivos por parte de policías (el asalto a Prosegur por la banda del coronel Blas Valencia, maltrato y asesinatos en el centro de rehabilitación de Los Espejos y el motín policial del 12 y 13 de febrero de 2003).

DEPURACIONES. Al margen de “depuraciones” específicas (de 40 policías denunciados por la DEA con nexos con el narcotráfico y la renuncia del Ministro de Interior, por ejemplo), las más significativas propuestas de reforma fueron la de 1992 (gobierno de Paz Zamora), cuando se habló de cuatro grandes cambios: en formación educativa, descentralización de la institución, asuntos internos, y presupuesto. En 1993 (Sánchez de Lozada) se apunta a “cambiar la imagen represiva de la Policía hacia una más democrática”, de dividir claramente la institución en dos ramas: orden y seguridad, y Tránsito e investigación. En 1999, en reacción a la reincorporación de policías dados de baja, el presidente Banzer promulga un decreto supremo “que da vigencia al plan de reestructuración de la Policía”; destapado el caso Blas Valencia, se habla de “despolitizar” a la institución verde olivo, mejorar las áreas de recursos humanos, régimen disciplinario, capacitación de los policías, y una reforma económica y financiera. Tras la crisis de febrero de 2003 (cuando se enfrentaron policías y militares) se apunta a crear el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementar el número de efectivos y dotarles de equipo e infraestructura policial.

En varios casos, el resultado, registrado en el texto de Quintana, solo consiste en “cambio del Alto Mando”.

Con todo, allí mismo el sociólogo Quintana no duda en afirmar: “Los primeros 20 años de democracia en Bolivia han sido dos décadas perdidas frente a un desafío: construir institucionalidad policial”. (Pág. 95)

Coincide Quintana con el exministro de Gobierno Hugo Moldiz cuando dice que si desde 1982 mal que bien hubo “importantes procesos de modernización” en diversos sectores de la burocracia estatal, “los gobiernos han hecho muy poco por la modernización de la política de seguridad y la institucionalización de la Policía”. (Pág 95)Ya en el gobierno del MAS, el exministro Moldiz (declaración en Cadena A) hace notar un hecho significativo: En la Asamblea Constituyente (2006-2008), tanto en el régimen de las Fuezas Armadas como en el de la Policía, lo único que se hizo es un copy paste de la anterior Constitución, debido a la adversa correlación de fuerzas que en ese momento tuvo el MAS y el impulso reformista. Claro, con esto no se quiere decir que se haya clausurado cualquier posibilidad de la reforma policial. 

IDENTIFICACIÓN. Ya en el gobierno del MAS hay el consenso de que una de las mayores reformas que se hizo a la Policía fue en 2011 (con Sacha Llorenti como ministro de Gobierno), cuando se le quitó la administración y recaudación de los trámites de identificación personal y de las licencias de conducir. Como decía el viejo Marx, la Iglesia puede tolerar que se le cuestione 38 de sus 39 profesiones de fe, pero para nada siquiera señalar la 38ava parte de sus ingresos. Por esto sobrevino la crisis policial de junio de 2012. En el estudio que hizo del hecho el investigador José Carlos Campero (Policía en Bolivia. Caso: motín policial de junio de 2012, Fundación Friedrich Ebert, FES), éste recuerda cómo “inmediatamente se generaron deliberaciones al interior de las organizaciones de miembros pasivos de la Policía Nacional en contra de la medida, amenazando con presentar recursos de inconstitucionalidad en contra de la medida, y poniendo en claro que los policías en servicio activo estaban prohibidos de quejarse por miedo a procesos internos regulados por la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana”. Aparte del boicot en información a la administración civil que luego se descubrió (se encontró 400.000 cédulas de identidad adulteradas, clonadas o duplicadas), la reacción policial, destaca Campero, “incluso llevó al Presidente boliviano a reflexionar sobre la ‘lealtad’ de la Policía para con su gobierno, se realizaron cambios de autoridades policiales que rompieron la tradición organizacional y se dejó en suspenso el Reglamento de Ascensos a Generales de la Policía Boliviana. En el discurso del nuevo Comandante de la fuerza, se pudo vislumbrar la señal desde el Gobierno orientada a limitar y en algunos caso eliminar privilegios logrados en el pasado por la Policía Nacional”.

QUINQUENIO. Otro intento fallido de reforma que reconocen incluso algunos opositores es el que tenía previsto llevar adelante el exministro de Gobierno Hugo Moldiz (enero-mayo de 2015). Algo que nunca se hizo público por entero, pero que viene siendo revelado da cuenta que estaba previsto para 5 años, que se iba a consolidar la rotación en los cargos, se pensaba en “viviendas fiscales” (para los policías y su familia en un destino alejado), implementar un mecanismo de inteligencia externo que vigile a la Policía. Moldiz (en Cadena A) incluso dijo que “exactamente” iba a hacer lo que hizo el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero: remover de plano a toda la FELCC de Santa Cruz.

Para la diputada opositora de Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa, precisamente la gestión corta de Moldiz (cuatro meses) fue porque “anunció una reforma estructural”.

Costa también es partidaria de diferenciar la reforma o cambio estructural de la Policía de su modernización: “Hubo probablemente una mejora en el equipamiento, introducción de nuevas tecnologías, pero la modernización tecnológica no tiene nada que ver con una reestructuración institucional”.

INTEGRAL. Ahora, ante la interrogante, básica pero clave, de qué siempre significa una reforma estructural, la legisladora llama la atención hacia el hecho de la reforma integral, ya no solo de la Policía, sino de la Justicia y la Fiscalía mismas: “muchas cosas no servirán de nada si están aisladas de una reforma estructural, también institucional, de la justicia y el Ministerio Público”.

Además de cambiar profesores, formas de ingreso y contenidos de las escuelas de policías, destaca Costa, tiene que retornarse a la meritocracia para la designación de todos los cargos y destinos. Y he aquí la crítica al MAS: éste ha provocado una crisis de institucionalidad, poniendo “la voluntad del caudillo por encima de la ley y de las instituciones”.

La reestructuración es, dice Costa, un tema de decisión política: “El que está absolutamente inhabilitado para resolver esta crisis es precisamente el MAS, porque ellos la han generado; ha empezado el Gobierno por nombrar mandos de acuerdo con la recomendación de los movimientos sociales, no de acuerdo con la meritocracia; así que yo no tengo la esperanza de que nada de esto mejore hasta que haya un cambio de gobierno a otro verdaderamente democrático”.

Por el contrario, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga Altamirano, en reciente declaración adelantó que se está en pleno proceso de reestructuración. “Son más de 11 acciones que vamos a asumir; entre ellas una de las más importantes es la implementación de un modelo digitalizado de todos los kardex y files de cada uno de los más de 37.000 policías”. Con esto, por ejemplo, se podrá detectar, afirma Quiroga, si un policía está más de dos años en un destino, o si es cambiado permanentemente. Esto “se lanzará en días más”. La “purga” policial que en días pasados anunció el Gobierno precisamente tendrá como base dicho sistema informatizado. Un primer objetivo será determinar cuántos policías que antes habían sido dados de baja fueron reincorporados a la institución.Una cualidad del nuevo sistema digitalizado es que “con la presentación de una credencial, con un código QR”, cualquier ciudadano va a poder verificar la identidad de cualquier policía. 

Luego, también vendrá la rotación del personal en los diferentes destinos y funciones, especialmente en Santa Cruz, “sin descuidar la especialización y el trabajo que tienen que tener las investigaciones, casos, que no tienen que parar”.

REESTRUCTURACIÓN. La actual reestructuración, dice Quiroga, está empezando por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, luego seguirán las restantes.

Por su lado, el exministro de Autonomías Hugo Siles llama la atención sobre la mirada macro que también hay que tener de la Policía en este tiempo, con relación a su pasado.

“Lo cierto es que la Policía durante la gestión del presidente Evo Morales incrementó en 50% el número de efectivos, pasando de 25.500 a 38.280, entre el 2006 y la actualidad. En 2006 se tenía un policía por cada 367 habitantes y en la actualidad se tiene uno por cada 295 personas. Existe un cambio de escala de la Policía en materia presupuestaria, salarial y equipamiento. El presupuesto de la Policía registra un incremento de más del 450% en la última década. Hubo un paso de escasos Bs 900 millones en 2005 a Bs 3.500 millones en 2018 que, sumado los recursos del IDH que destinan los gobiernos subnacionales, el presupuesto asciende a Bs 4.200 millones. En materia salarial, el presupuesto asignado se incrementó en más de 500%. El salario del policía operativo pasó de Bs 890 a Bs 2.413 en 2018; registrando un incremento de 192%. El equipamiento en la Policía tuvo un incremento de presupuesto histórico en los últimos años. Mientras en 2005, el presupuesto de equipamiento era tan solo de Bs 12 millones, y el acumulado de 6 años entre 2000 y 2005 era de solo Bs 53 millones, en 2013 el presupuesto para equipamiento fue de Bs 41 millones y el acumulado de 6 años, entre 2013 y 2018, fue de Bs 425 millones. En cuanto al parque automotor, la Policía recibió en 12 años, entre 2006 y 2018, 2.550 motocicletas y 1.008 vehículos de patrullaje policial, muy por encima de las 367 motocicletas y 116 vehículos de patrullaje policial también en 12 años, entre 1993 y 2005”, destaca Siles en un texto escrito para este suplemento.

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