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Periodistas, ONG e indígenas

El Ministerio de Autonomías publicó una lista de ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que han obtenido su personalidad jurídica; varias son para y progubernamentales. En los hechos, las autoridades han legalizado a las entidades afines al Gobierno, poniendo trabas a las independientes.

La Razón (Edición Impresa) / Marco Gandarillas Gonzales

00:02 / 01 de noviembre de 2015

El vicepresidente Álvaro García señaló que Bolivia es “uno de los países más democráticos del mundo”. ¿Cómo se explica entonces las denuncias de periodistas sobre las restricciones a la libertad de expresión?, ¿los ataques a organizaciones de derechos humanos y centros de investigación?, ¿o las agresiones contra pobladores indígenas que reclamaban el cumplimiento de sus derechos? En el país existe un sistema aparentemente democrático, en el que se producen contiendas electorales, pero en el que también se da todo tipo de violaciones de los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Qué ruta ha seguido el recorte de derechos de libre asociación en el país?

¿Cómo trata el Gobierno a sus nuevos enemigos? La octava marcha indígena en defensa del TIPNIS de 2011 fue el escenario en el que se desataron los primeros y más duros ataques públicos contra varias organizaciones defensoras de derechos humanos, de pueblos indígenas y el medioambiente en el gobierno del MAS.

Estos ataques, a pesar de las aclaraciones públicas de las ONG argumentado que sus acciones no eran ilegales, se tornaron en escarmientos que les impidieron desenvolverse con normalidad en los siguientes años. La Asamblea Legislativa Plurinacional anunció la conformación de una comisión especial para investigarlas. Soterradamente, otras instancias les negaron (pretextando cuestiones burocráticas) la renovación de su registro VIPFE, lo que las condujo a una situación de gran inestabilidad e inseguridad jurídica. Atacarlas públicamente fue un paso previo y una estrategia que justificará, seguidamente, reprimirlas.

Entre 2012 y 2014 se tomaron por la fuerza las sedes de las principales organizaciones indígenas de Bolivia; en ese mismo periodo se trató de intervenir a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Las autoridades legítimas del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) denunciaron a funcionarios de Naciones Unidas que la toma de su sede se debió a que “no respaldan las políticas de desarrollo del Gobierno” y que entre las represalias del Ejecutivo estaba la pérdida de su personería jurídica. Vale decir, la represión a los indígenas se efectivizó también a través de su ilegalización y la pérdida de su derecho a la libre asociación.

La suerte de la APDHB no ha sido distinta; recientemente se ha conocido que se encuentra entre las 38 entidades cuyos trámites de homologación de personalidad jurídica se encuentran paralizados, lo que quiere decir que podrían ver congeladas sus cuentas bancarias y sus acciones podrían ser calificadas de ilegales.

Simultáneamente se produjo la expulsión de la ONG danesa IBIS, una entidad que apoyaba la difusión de mensajes en defensa de los derechos de los indígenas a través de la red Erbol, medio de comunicación atacado también por el Gobierno por mantener una línea editorial crítica.

De los ataques verbales y las tomas, a los ataques legales. La estrategia de control de la sociedad civil ha precisado desconocer el Código Civil (marco legal que garantizó la libertad de asociación por casi 40 años) para reemplazarlo con otras normas, como la Ley 51 de 2013. Promulgada en marzo de ese año para pretendidamente normar la otorgación de personerías jurídicas a organizaciones y asociaciones cuyas actividades sobrepasan un departamento. Fue presentada como un simple trámite burocrático, pero en los hechos deja sin efecto las personerías jurídicas obtenidas antes de la promulgación de la misma. Esta es la inconstitucionalidad más importante de esta ley debido a que atenta contra el principio de irretroactividad de la ley.

Sus alcances derogan el Código Civil y generan un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad basadas en el amedrentamiento y la funcionalización, por ejemplo:

• La nueva definición de personalidad jurídica implica que la legalidad de las personas colectivas depende de su reconocimiento por el Estado, lo que quiere decir que la sociedad civil tiene derechos si el Estado los aprueba.

• Establece mecanismos de control del Estado sobre la sociedad civil. Por ejemplo, amplía las atribuciones del Estado para revocar la personería jurídica de una asociación sin que la misma haya sido juzgada por la comisión de un ilícito. Dicha revocatoria equivale a su ilegalización y puede darse por un gran número de causas arbitrarias que además serán resueltas en única instancia (vale decir sin derecho a la defensa y sin posibilidad de apelación) por el Ministerio de Autonomías.

La acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional identifica la violación del derecho a la igualdad, libre asociación y el principio de la supremacía constitucional y jerarquía normativa en la Ley 351 y su primer reglamento parcial. No obstante, el Gobierno —a pesar de la acción interpuesta— ha proseguido con la aplicación de esta ley sabiendo que sus acciones pueden ser declaradas nulas.

La puesta en marcha de una estrategia de ilegalización. En los últimos años, el CEDIB y otros centros alertaron sobre la profundización del extractivismo en el país y los impactos de medidas que comprometan áreas protegidas y territorios indígenas. En junio de 2015, altas autoridades amenazaron con expulsar a las ONG que se opongan a la exploración de los recursos naturales.

Dos ministros plantearon que las ONG deben alinearse a las políticas de gobierno para ser respetadas. Amenazando a estas entidades se busca silenciar los cuestionamientos a políticas (como la que posibilita actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas) a cambio de mantener su estatus legal. 

Recientemente, el Ministerio de Autonomías ha publicado una lista de las ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que han obtenido y homologado su personalidad jurídica; varias de estas son organizaciones para y progubernamentales. En los hechos, las autoridades han legalizado a las entidades afines al Gobierno, poniendo trabas a las independientes.

La estrategia de ilegalización incluye la asfixia financiera. El director jurídico del Ministerio de Autonomías calificó a 38 entidades de “irregulares”, estableciendo, sin respaldo legal alguno, que tal situación haría inminente el congelamiento de sus cuentas bancarias. Además de un exceso inadmisible, se trata de una clara represalia a la libertad de pensamiento y un ejemplo de discriminación, habida cuenta de que altos dirigentes de las organizaciones oficialistas no han visto congeladas sus cuentas bancarias a pesar de haber estado envueltos en delitos de apropiación indebida, malversación y desfalco de recursos públicos del Fondo Indígena.  En resumen, las descalificaciones públicas se han tornado en medidas de hecho que apuntan a la ilegalización y cierre de las ONG independientes.

Finalmente, el 29 de septiembre el vicepresidente de Diputados presentó un proyecto de ley denominado de “control a las ONG”, en el que dichas entidades deberán demostrar en todo momento su inocencia. De ser aprobado, igualaría los derechos civiles vigentes en cualquier dictadura.

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