Animal Político

‘Periodistas’: paren el papelón

Si creen que la publicidad estatal se repartirá equitativamente, por decreto, olvidan la historia del país.

La Razón (Edición Impresa) / Juan Carlos Marañón A. es periodista sedicioso (*)

00:00 / 18 de diciembre de 2019

La presentación de un proyecto de decreto supremo para “beneficiar y reivindicar” el trabajo periodístico en el país es vergonzoso y representa un verdadero papelón periodístico, ganador del calificativo #periodismopipoca, que significa provocar una explosión para llamar la atención de la población, difundir un hecho en apariencia noticioso, pero sin valor informativo o, incluso, siendo mentiroso o falso.

La ministra de Comunicación y abogada, Roxana Lizárraga, y los “dirigentes de la prensa” saben, o deberían saberlo, que todo lo escrito en ese proyecto de decreto supremo está en la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza, al menos en el papel, los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, opinión e información, establecidos en el Capítulo Tercero, referido a Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, incisos 3, 5 y 6. Así como en el Capítulo Séptimo, dedicado a Comunicación Social, en el artículo 106, incisos I, II, III y IV; y en el artículo 107, incisos I, II, III y IV.

“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, agrega el inciso II del artículo 107 de  la CPE.

Además, la Constitución incluye la “cláusula de conciencia para los trabajadores de la información”, protegiendo su independencia, la integridad deontológica ante posibles hechos que se produzcan en un medio de comunicación en contra del periodista y que en el pasado reciente y anteriores quedaron impunes.

Si la ministra Lizárraga y los “dirigentes de los periodistas” quieren ampliar sus conocimientos sobre los derechos y obligaciones de los medios de comunicación, deben leer, en su totalidad, el artículo 107 de la Constitución.

Que unos y otros acaten lo que manda la Constitución, es otro tema; pero que está normado, lo está. Por tanto, es obligación de todos cumplir las normas y más la Ley de Leyes que violentó, con mucho entusiasmo, el gobierno del expresidente Evo Morales a través de la coerción publicitaria, impositiva, laboral y política.

Si el Gobierno transitorio se dice democrático y respetuoso de la Constitución debe garantizar las fuentes laborales de los periodistas que trabajan en los medios del Estado y dejar las amenazas de sancionar a los “malos” y “periodistas sediciosos” que opinamos o informamos que no es moral ni ético, por ejemplo, que un empleado de la empresa de Luis Fernando Camacho presida Impuestos Internos, ni que la sobrina de la presidenta Jeanine Áñez haya sido designada (y después destituida) Directora de la Agencia Estatal de Vivienda, en Beni.

Si la presidenta Áñez, la ministra Lizárraga y los “dirigentes de la prensa” no comparten mi criterio, los invito a leer lo que opinó, en estas mismas páginas, el 24 de noviembre, un amigo de ellos, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson.

“La libertad de prensa es de suma importancia. Una sociedad abierta y libre que permite el trabajo de periodistas con diferentes perspectivas es algo fundamental. Los informes sobre personas que atacan e intimidan a periodistas son inaceptables. Decir a los periodistas con quienes uno no está de acuerdo que deben temer por sus vidas es una afrenta a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Todos deberían oponerse a este tipo de intimidaciones”, escribió el diplomático estadounidense en su artículo Democracia es comunidad.

La ministra Lizárraga, que viaja con frecuencia a Estados Unidos, sabe que RT, Telesur y la cadena china CGTN (TV Channel) emiten sus señales en el país del norte sin restricción alguna, pese a que son canales extranjeros y no afiliados a la línea política estadounidense. Incluso informan contrariamente a lo que difunden los medios oficialistas, oficiosos y opositores al presidente Donald Trump.

Sin observar la Constitución, Lizárraga calificó el proyecto de decreto supremo como “una brisa de libertad de expresión” y el representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, sopló más fuerte aún y expresó que es un “huracán imparable de libertad de expresión”, avergonzándonos a más de uno/a periodista. Ambos olvidaron que mientras Telesur y RT sigan amordazados, en Bolivia no hay libertad de prensa ni libertad de expresión.

“La democracia necesita libertad de expresión… de periodistas con diferentes criterios”, escribió el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, aliado del Gobierno de transición, y tiene razón.

Entonces, el único camino que tienen la presidenta Áñez y la ministra Lizárraga es liberar la emisión de Telesur y RT, además de comprometerse a no despedir a más periodistas de los medios del Estado, cumpliendo la Constitución y no actuar como un gobierno autoritario y dictatorial.

Si los “dirigentes de la prensa” creen que la publicidad estatal se repartirá equitativamente, por decreto, olvidan la historia del país. Todos los gobiernos del MNR, ADN, MIR, MAS y sus socios privilegiaron la publicidad a los medios de comunicación afines a sus intereses. El actual Gobierno de transición no será la excepción. Por eso están a tiempo de parar el papelón que hacen, defender la libertad de prensa y la libertad expresión, exigiendo el respeto a la Constitución.

(*) Crédito explícitamente solicitado por el colega; lo completo es: “Periodista sedicioso desde las amenazas de los ministros de Comunicación y de Gobierno”.

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