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Poder y representación política en Bolivia

La presencia de grupos subordinados y excluidos, especialmente de pueblos indígenas, en los recintos parlamentarios no implica a priori una representación sustantiva, es decir una actuación en función o beneficio de los sectores que eligieron a esos representantes

Sobre el libro ‘El espejo de la sociedad’

Sobre el libro ‘El espejo de la sociedad’

La Razón (Edición Impresa) / María Teresa Zegada y Jorge Komadina

00:02 / 01 de junio de 2014

En enero de 2009, la nueva Constitución Política de Bolivia borró el nombre de Congreso Nacional y lo sustituyó por Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este cambio es sintomático en más de un sentido, pues concuerda con los cambios en la cualidad institucional, en el discurso y en las prácticas políticas parlamentarias. El imaginario y el simbolismo que rodeaban al viejo Congreso Nacional remitía a las cualidades de la democracia representativa de cuño liberal: una, la pretendida autonomía del parlamentario que permitía transformar las demandas particulares de electores concretos en leyes de interés nacional, que trascendían todo tipo de particularismo y parroquialismo; dos, la idea de que el bien común podía discernirse mediante la deliberación o el intercambio racional de argumentos. Pero además el Congreso era la representación de una sola nación en la cual las fronteras políticas coincidían con las fronteras culturales; el término Asamblea Plurinacional connota más bien un ámbito fuertemente imbricado con lo social, con la presencia directa de intereses en pugna y con un modelo de actuación parlamentario que critica la autonomía del representante y reconoce derechos a los electores para controlarlo, demandarle cuentas y modular su actuación.

Más allá de las palabras y sus pequeñas magias, ¿cuáles fueron los cambios significativos tanto en los formatos institucionales como en las prácticas de representación política en los últimos ocho años? Antes de responder a esta pregunta es necesario explicitar nuestro enfoque sobre la representación, una de las palabras más controvertidas de la lengua política. La noción moderna de la representación política solo puede ser aquilatada en toda su riqueza cuando se considera un abanico de significaciones: la representatividad, la representación simbólica, la representación sustantiva y la representación como responsabilidad. Por consiguiente, nuestra apuesta teórica consiste en articular los diferentes sentidos del concepto de representación política para comprender mejor su alcance y su riqueza analítica.

Una de las formas de la representación es la representatividad llamada “representación descriptiva” y que puede definirse como una relación de semejanza o equivalencia entre los representantes y sus electores, pues compartir cultura, religión, condición étnica o género suele crear entre ellos un poderoso lazo de confianza, fortalece en suma la legitimidad de las instituciones de representación. Esta premisa ha permitido comprender los significativos cambios en la representatividad de la ALP y de las asambleas legislativas departamentales.

En primer lugar, los datos muestran que en las dos legislaturas que corresponden al gobierno del Movimiento Al Socialismo (de 2005 a 2013), en el partido dirigido por Evo Morales, la mayoría de los parlamentarios tiene origen campesino. Esta transformación fue gradual, antes de la primera victoria electoral del partido de Evo Morales, en diciembre de 2005, ya se advierte una importante presencia de parlamentarios campesinos e indígenas en el Legislativo. En todo caso, las trayectorias políticas de los actuales parlamentarios son una evidencia de la alta valorización de la experiencia sindical como requisito para acceder a las instancias legislativas nacionales y departamentales en el actual contexto político. El capital social ha reemplazado al capital escolar como fuente de prestigio de los asambleístas.

Asimismo, se constata un notable incremento numérico en la representación de las mujeres y los indígenas. La aprobación de la nueva Constitución y de las leyes electorales ha sido decisiva para institucionalizar las candentes demandas de participación política de esos grupos. La inclusión de estos colectivos en el sistema de representación ha enriquecido y fortalecido a la democracia boliviana, puesto que ha resuelto en gran medida el problema de la sub-representación, sobre todo en el caso de las mujeres. La presencia de mujeres e indígenas ha tenido un gran impacto simbólico: ha visibilizado una agenda de problemas particulares que han sido enunciados sin intermediarios, a través de sus propias “voces”. En ese sentido, el actual Parlamento constituye un espejo que refleja de manera más fiel la diversidad social y cultural boliviana.

No obstante, la presencia de grupos subordinados y excluidos, particularmente de los representantes de los pueblos y naciones indígenas, en los recintos parlamentarios no implica a priori una representación sustantiva, es decir una actuación en función o beneficio de los sectores que eligieron a los representantes. La “política de la presencia” no está automáticamente vinculada con la representación sustantiva, es decir, con la defensa de los intereses que puedan beneficiar directamente a los electores de estos representantes.

En cambio, las representaciones corporativas (mineros cooperativistas y transportistas) no solo involucran una mayor representatividad, (sino también) una actuación sustantiva.

En la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional también se constata una fuerte representación corporativa, expresada en las bancadas de los cooperativistas mineros y de los transportistas, entre los grupos más importantes. En estos casos sí podría hablarse de una representación sustantiva pues su actuación está completamente orientada a defender intereses corporativos por medio de un pacto de reciprocidad con el gobierno del partido oficialista, que supone el intercambio de fidelidad política (votos) a cambio de ciertas ventajas, sobre todo de leyes que los benefician. La presencia de poderosas corporaciones en el Parlamento permite incluir a importantes grupos en la construcción de la decisión colectiva, pero abre dudas respecto a la competencia y transparencia de este cuerpo en la definición del bien común.

Otra de las dimensiones de la representación está vinculada con la responsabilidad del parlamentario, cualidad que puede ser decantada en un triple sentido: receptividad a las demandas de los electores, rendición de cuentas y proximidad. En los últimos años se ha introducido dispositivos para aproximar al representante con sus electores y que lo obligan a proporcionar información relevante de manera permanente, a ser receptivo y a someterse a las iniciativas de control social. Pero esos dispositivos formales son limitados, sin obligaciones ni sanciones, difusos o que aún no han sido aplicados como la ley de control social, pero sobre todo destaca el hecho que las reglas son siempre aplicadas en el marco de la correlación de fuerzas políticas. Asimismo se ha constatado que las prácticas políticas “reales” son siempre más complejas que las prescripciones normativas, pues la investigación detectó que los asambleístas plurinacionales y departamentales emplean una variedad de estrategias, discursos y prácticas de representación al margen o de manera paralela a las normas. Sostenemos que la idea liberal de la representación, basada en la figura del parlamentario notable como intérprete privilegiado y trascendente de la voluntad soberana y que goza de autonomía absoluta respecto a los electores, se ha complejizado y ampliado con la inclusión de esos principios y de las nuevas exigencias de los electores.

La representación sustantiva puede adoptar diversas modalidades. Una de ellas es “representación general o nacional” cuya aspiración es encarnar los intereses de una entidad política mayor: la nación. En este caso, el representante asume posiciones de autonomía respecto a sus electores, lo que supuestamente le permite interpretar la voluntad general o el bien mayor, más allá de los particularismos. En las antípodas de este modelo se encuentra el “mandato imperativo” que ha sido introducido por las representaciones indígenas, sobre todo por representantes de pueblos indígenas en las asambleas departamentales, elegidos sin mediación partidaria y de acuerdo con procedimientos propios. A diferencia del primer caso, aquí se verifica una correspondencia entre la voluntad de los electores y la actuación del representante, éste carece de autonomía para decidir y debe rendir cuentas ante sus electores.

Entre el mandato imperativo y la representación general, se encuentran otras formas de actuación sustantiva. Acaso la más importante en el actual proceso político es la modalidad territorial que gira en torno a demandas concretas y específicas de las regiones o de las organizaciones hegemónicas asentadas en esos territorios; el representante territorial —el diputado uninominal o el asambleísta departamental por población— actúa como un delegado que representa esos intereses. Es un gestor más que un legislador.

El corporativismo es otra de las formas de representación. Los representantes de las corporaciones (por ejemplo, los cooperativistas mineros o los transportistas) no solo son elegidos por el sector antes de ser candidatos por un partido político, el MAS, sino que “cargan” con un mandato explícito para proteger a sus afiliados de posibles amenazas que provengan del Estado y sobre todo para lograr la aprobación de leyes que los beneficien. El delegado que ha sido elegido en las listas partidarias debe realizar esfuerzos gigantescos para conciliar los intereses estratégicos de su tienda política con los intereses de sus corporaciones. Ahora bien, el poder de estas bancadas no se desprende de la cantidad de sus representantes (que sin embargo es importante), sino de su gran capacidad de movilización y por supuesto de su enorme potencial electoral.

Estas y otras evidencias nos mueven a pensar que en Bolivia estamos frente a mutaciones de la idea liberal de la representación que, aunque no implican una ruptura radical, han puesto en cuestión la separación del ámbito político respecto a la sociedad civil, la autonomía del representante para interpretar el interés general y la ausencia de controles permanentes por parte de los electorados. No obstante, las formas de mandato imperativo y de representación territorial han generado nuevos problemas que muestran las paradojas de la representación.

Nuevas formas de deliberación parlamentaria

La función deliberativa, aunque no está mencionada explícitamente en la Constitución, es una de las más importantes de la labor parlamentaria, debido a que justamente a este escenario concurren fuerzas políticas de diverso origen ideológico, político y social que representan diversos intereses, revelan las fracturas sociales, y son portadores de  una “parte de la verdad”. Por tanto, el Parlamento es el lugar de la política por excelencia, el escenario de búsqueda de consensos, toma de decisiones y construcción de leyes vinculantes, orientadas al bien común.

El hecho de que los representantes sean electos por el voto de la población (y que puedan ser removidos por la misma vía), les otorga una importante legitimidad de origen, y les permite convertirse en la voz de los representados. De ahí que la función deliberativa es fundamental, aunque su eficacia está sujeta a varios factores contingentes como la composición política de estas instancias, el pluralismo, la formación política de los representantes, la incidencia de  factores externos, la relación con los otros poderes u órganos del Estado, así como con las organizaciones políticas o sociales y sus electorados.

En el ciclo político anterior  —predominantemente conformado por partidos de militancia tradicional—, los representantes provenían de trayectoria en organizaciones políticas, en su mayoría formados como cuadros; por tanto, el debate tenía un contenido fundamentalmente ideológico, ligado a los intereses políticos de sus organizaciones y a una particular visión de país.

Años más tarde, el debate parlamentario asumió un carácter más pragmático, mediado por la presencia de intereses particulares y por los acuerdos políticos partidarios, concurrentes con una gobernabilidad centrada en la reproducción de la “democracia pactada”. La actual Asamblea, en cambio, está conformada en su mayoría por representantes de organizaciones sociales, que son portadores de demandas e intereses sectoriales específicos; el capital político no está asentado en su formación político-partidaria, sino en su relación con la sociedad y sus organizaciones. 

Por otra parte, se puede percibir que los representantes oficialistas mantienen una relación de clara subordinación con el Ejecutivo y, en su caso, con las organizaciones de base o territorios a los que representan. Por otra parte, la presencia de mayorías en las tres instancias analizadas, inhibe el debate plural entre diferentes, y tiende a la imposición de posturas que luego son sometidas a votación; en otros casos, el debate se encuadra en preacuerdos intra-partidarios, donde la oposición o la disidencia juegan un rol secundario.

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