Animal Político

‘El Príncipe’, una lectura siempre vigente

La base de todos los estados consiste en tener y conservar “las buenas leyes, pero también las  buenas armas… dado que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas y donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes”.

La Razón (Edición Impresa) / Edwin Machicado Rocha

00:02 / 07 de septiembre de 2014

Maquiavelo siendo en esencia político, también era “jurídico”; así como el Príncipe de su obra (Il principe, 1513), siendo político también debía ser “jurídico”, ya que a tiempo de centrar su atención en el Estado soberano y el poder político que le corresponde (los principios para adquirirlos y mantenerlos), su pensamiento abarcó los factores jurídicos: las costumbres, los derechos, las leyes, la justicia, los magistrados, los jueces y el iure hereditario (derecho hereditario), para disfrazar las injustas acciones de la política, que permitan al Príncipe (gobernante), en su jurisdicción territorial junto al ejercicio del poder sobre la población, definir instituciones y normas “éticas” para crear un Estado unitario, firme y consolidado, a fin de ejercer su mandato.

El presente es una extracto del libro Maquiavelo: a 500 años de El Príncipe, Editorial Poiésis, La Paz, 2013; sus autores son Julio Velásquez Mallea y Edwin Machicado Rocha.

Pero sigamos. Respecto a las costumbres, dice Maquiavelo, “los hombres viven tranquilos si se les mantiene en las viejas formas de vida”;  lo que significa que en el periodo de asentamiento de un nuevo poder político, éstas se constituyen en fuentes principales para asegurar la posesión del poder a largo plazo. 

En los procesos de sustitución, dominio e instauración de un nuevo poder político, éste debe enlazarse con las nuevas relaciones jurídicas, hasta la imposición del nuevo orden normativo, como un medio para preservar el poder político. No es el respeto de los derechos por los derechos, sino que es el respeto de los derechos por el derecho del nuevo Príncipe a detentar el poder. 

El nuevo poder político debe preservar el orden legal preestablecido, con el objetivo de readecuarlo a las nuevas leyes para afianzar el nuevo poder y la autoridad del “nuevo Estado”. Entonces, se puede conservar las leyes que le sean útiles y aprovechables, o reemplazarlas en su proceso de consolidación. De ahí que los principales cimientos y fundamentos de todos los estados consisten en tener y conservar “las buenas leyes —pero también— las  buenas armas… dado que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas y donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes”; ambas sirven para fortalecer y defender al Estado, para conservar el poder establecido, que es mantener en el poder al gobernante, que con esa seguridad utiliza y  despliega todo el aparato del Estado en contra de las oposiciones que emanan del viejo poder desplazado, deviniendo en castigos especiales (legales y jurisdiccionales) hasta romper su resistencia, conseguir su derrota e instituir la victoria del “nuevo Estado”.

LÍMITES. El concepto de justicia se convierte en un precepto importante para limitar los abusos en que podía incurrir el nuevo Príncipe; “por eso, es necesario o no ofender a nadie o hacer todas las ofensas de un golpe y después asegurar a los hombres y darles motivos para que aquieten y serenen su ánimo”, pues las injusticias prolongadas se convierten en contraproducentes para mantener el poder, inspiran desconfianza en el común de los “súbditos”, cuando de lo que se trata es de contar con su apoyo (a quienes se debe dar favores poco a poco); pero además se debe cuidar de no cometer graves injusticias contra aquellos de los que uno se sirve, a los que más bien se debe dar gratitud; al “pueblo”, con el que debe garantizar amistad más que con los “nobles” o “grandes”. 

Cuando se instituye un nuevo Estado, se tendrá que cambiar instituciones y renovar autoridades, de manera que “si los magistrados cambian de número, autoridad y duración en el cargo, que al menos conserven el nombre (magistrados)”. 

En cualquier caso, cuando los gobiernos civiles transcurren por el camino de los gobiernos absolutos, los magistrados tienden a perder el equilibrio frente al poder político, y el Príncipe gobierna también por medio de dichos magistrados, pero en determinado momento éstos pueden arrebatarle el Estado con facilidad (o, por el contrario, prorrogárselo con la misma facilidad, cohonestando con él y obedeciéndole). No son pues solo los enemigos políticos los que acechan, sino también los “políticos magistrados”.

Para no comprometer al Príncipe, la administración de las sanciones es encargada a los jueces, para garantizar la seguridad del nuevo Estado.  De esta manera, quien pretenda cambiar un Estado debe tener en cuenta en qué manos se ha de poner la autoridad judicial, que definirá los destinos de los “súbditos”, pues dependerá de esto la libertad de los hombres, para garantizar la seguridad de la sociedad; o mejor, la seguridad del nuevo Estado y del nuevo Príncipe (gobernante).

En el pensamiento de Maquiavelo, el iure hereditario no es un derecho hereditario civil, es un derecho hereditario político: los cimientos del “Estado nuevo” con el tiempo se convertirán en soportes del “Estado viejo”, de modo que comenzando el Príncipe a ser odiado, pasará rápidamente a la tiranía: abuso de poder, dominio excesivo de otros poderes, empleo de fuerzas superiores sobre la voluntad del pueblo, represión, persecución, intolerancia con los contrarios, desuniones sociales de la comunidad de intereses que los unía, de tal manera que una vez derrotado, el “nuevo Príncipe” (nuevo gobernante) ejercerá su mandato con sus propias instituciones políticas y jurídicas. Tal es el ciclo.

Entonces, en honor y gloria a Maquiavelo, el poder político es irreverente ante las costumbres, ante los derechos, ante las leyes, ante la justicia, ante los magistrados, ante los jueces.  La naturaleza de esa irreverencia es también hereditaria. Así fue, así es y así será, por los siglos de los siglos...

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