Animal Político

El Procurador y los periodistas

El periodista entregó el resultado de su trabajo a sus lectores, no a una potencia extranjera. Mostró una faceta histórica y en ningún momento, secretos de Estado.

La Razón (Edición Impresa) / Mauricio Quiroz

00:03 / 08 de junio de 2014

El reportaje de análisis De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales (13 de abril de 2014) que escribió Ricardo Aguilar —un periodista con todas sus letras, que se vaya sabiendo— ha sido señalado como el cuerpo de los delitos penales de espionaje y revelación de secretos.  Así, el procurador general del Estado, Héctor Arce, aduciendo razones de Estado, ha tramitado en la Justicia, con una velocidad que sorprende, un juicio por los delitos señalados en contra del autor del artículo y, por complicidad, a Claudia Benavente, directora de La Razón.

Lo que pasa –aclaró luego el abogado del Estado– “es que queremos saber quién ha sido la fuente” de ese reportaje para caerle con todo el rigor de la ley. Arce cree que con lo que se publicó en la edición del 13 de abril de Animal Político se perjudicó a la demanda legal que planteó Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la acción legal más importante que el país haya emprendido en aras de recuperar una salida al mar, ese derecho que fue arrebatado por Chile hace 135 años. Hasta ahí todo suena a los valores que compartimos en el país, pero veamos:

“Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico prochileno, hay dos periódicos prochilenos (Página Siete y La Razón). Los abogados verán qué acciones van a tomar”, dijo el presidente Evo Morales el 16 de abril luego de exteriorizar su molestia por el contenido del reportaje. Y así fue con una velocidad sumaria porque el 22 de abril, nueve días después de la publicación, el Procurador oficializa la denuncia ante la Fiscalía de Distrito de La Paz y “solicita iniciar acción penal por delitos de orden público”. Además, pide que solicite “al juez competente levante el secreto de fuente”. El 25 de abril, el fiscal Facundo Coronel pide al juez Jhonny Machicado, 11° de Instrucción en lo Penal, “se disponga que se levante el secreto de fuente”.  El 29 de abril, cuatro días después y sin siquiera haberse notificado de estos trámites a las partes involucradas, el juez dispuso que Aguilar diga quién es su fuente “en el plazo de tres días”. Grave, especialmente por las omisiones constitucionales.

El 7 de mayo, ese mes tan emblemático para el ejercicio del periodismo, el fiscal Coronel notificó a Ricardo Aguilar y Claudia Benavente para una declaración informativa. La cita fue marcada para el 9 de mayo, pero el representante del Ministerio Público cancela la declaración por efecto del recurso de excepción de competencia presentado por La Razón, debido a que el caso debía ser tramitado a través de un proceso de imprenta. El 20 de mayo, el juez declara “improbada” la demanda y ordena que el caso se mantenga en la vía penal. Más grave aún, porque está claro que la justicia no actúa con esa velocidad cuando el que llama a su puerta no tiene la investidura de Arce, el procurador que procura que los periodistas revelen su fuente aduciendo la supuesta “defensa de la patria”.

Y mientras la velocidad del fiscal y el juez sorprendían, varias organizaciones que agrupan a periodistas y trabajadores de la prensa exteriorizaron su voz de alerta/protesta por este atropello del poder y porque cuando corre riesgo un principio fundamental para la democracia, el  asunto pasa a ser de interés global.

En un primer momento, no todos los dirigentes de las organizaciones de periodistas comprendieron los alcances de este atropello. Aún duelen, por ejemplo, las palabras de la actual presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Lupe Cajías, en una entrevista con el programa No mentirás de la red de televisión PAT. Un día antes de jurar al cargo que hoy ocupa (9 de mayo), Cajías dijo, a través de ese medio audiovisual, que el juicio a los dos colegas bien podría ser “una cortina de humo”, seguramente para marear al ilustrado ciudadano respecto a las supuestas vinculaciones que tendría el Gobierno con los dueños de La Razón. Una triste apreciación. Y sigue. Respecto al trabajo de Aguilar, aquel que motivó esta nueva embestida del poder, Cajías afirma:  “Es un periódico que lo que ha hecho es aprovechar la información, que seguramente puede acceder, porque tiene esta relación cercana con fuentes oficiales”. Inesperado el punto de vista de la nueva presidenta de la APLP. En la redacción de Auquisamaña el clima fue de decepción y tristeza.

Si los periodistas de este rotativo tuvieran las facilidades que sugiere la señora Cajías, probablemente no tendrían que trabajar, en promedio, diez horas continuas; no tendrían que arriesgar sus horas de sueño; seguramente, no serían tan apasionados a la hora de investigar. Y ése fue el mérito del artículo de Aguilar que unió pasajes de la histórica interpelación de Franz Tamayo (1924) al canciller Ricardo Jaimes Freyre sobre el primer intento de Bolivia de llevar a Chile ante los tribunales de la justicia internacional con la actual y conocida demanda. El periodista contó “cómo” se armó la demanda y no “qué” había en el contenido de la misma, por cierto, algo que estará bajo reserva, pero que será desvelado cuando se llegue a la fase oral del actual proceso. El periodista entregó el resultado de su investigación al bien público, a sus lectores, y no a una potencia extranjera como se quiere hacer ver desde el poder; no reveló nada que no se hubiera sabido.

Adicionalmente, el vicepresidente de la APLP, Raúl Peñaranda, habló/sugirió de una “tramoya” para referirse al juicio ordinario y veloz que promovió el Procurador. ¿Y los principios? Es posible ponerse en el lugar de Peñaranda e intentar comprenderlo, pero hay demasiados prejuicios para que él pueda hacer lo mismo, poniéndose de este lado.

El miércoles 4 de junio, periodistas de varios medios, incluido el fiscal de la APLP, Rafael Archondo, se unió en una protesta en contra del atropello del poder y para defender el secreto de fuente, algo que también juró defender el Procurador, porque ese precepto, junto con la Ley de Imprenta, está vigente en la Constitución. La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y sus afiliadas, en varias ciudades, también alzaron su voz de protesta. El colega Juan René Castellón hizo un llamado a la unidad del gremio para defender la libertad de expresión sin mezquindades personales y para respaldar a los colegas amenazados por el poder. Que así sea porque la defensa de la patria también pasa por respetar la democracia y el derecho de las personas a recibir información.

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