Animal Político

Protección a la integridad contra el linchamiento

Desviación de la justicia comunitaria

La Razón / La Paz

00:00 / 17 de junio de 2012

Rolando Villena

Resulta evidente que existen preceptos imperativos de carácter universal  entre los cuales se encuentra la integridad del ser humano en toda su extensión, es decir, en sus dimensiones física, psíquica, moral y sexual. De esta forma, diversos países incorporaron en sus sistemas jurídicos el derecho y las garantías para protegerla, entre ellos, Bolivia, que, desde la Constitución de 1826, hace referencia a la seguridad individual; luego, la Carta Magna de 1861 reconoce las libertades civiles y la de 1868 incorpora la prohibición de la pena de azotes, empleo del tormento y las mortificaciones, además de la regulación al respecto en los códigos penales.  

En el ámbito internacional, ante la trascendencia del mencionado derecho y su sistemática vulneración, entraron en vigor diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención de los Derechos del Niño; la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros. Además, se crearon organismos especializados para la protección del derecho como, por ejemplo, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

No obstante lo señalado, más allá del inmenso bagaje de cuerpos normativos locales e internacionales de protección y tutela formal de la integridad humana, actualmente nos  encontramos frente a una realidad compleja en la cual la vulneración del citado derecho se presenta de variadas formas y cometida por diversos actores; tal es el caso de particulares, quienes han optado por asumir de mano propia lo que entienden por justicia. Eso, como una forma de reacción e indignación ante problemas estructurales presentes en la comunidad. Así, vemos cotidianamente cómo este género de violencia ha ido creciendo al punto de llegar a agredir gravemente y segar la vida de personas por hechos tales como el robo de una garrafa, el tránsito por un lugar y a horas inadecuadas, o la simple sindicación infundada basada en criterios subjetivos, discriminatorios y hasta racistas.

Debemos analizar esta situación desde dos perspectivas. La primera, en cuanto a la situación de pobreza de hombres y mujeres, principalmente jóvenes, que diariamente experimentan la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida, al tener que dedicar sus esfuerzos hacia una realidad que no avizora perspectivas de cambio y que al sentirse ajenos a los valores de una sociedad distante, no conciben al delito como un acto contrario al derecho, sino, más bien, como una alternativa de vida.

Por otro lado, la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir y reprimir conductas ilícitas que atentan contra los bienes que gozan de  protección jurídica es un aspecto que se complementa con la desconfianza en los ya existentes. De esta manera, es de amplio conocimiento que la Policía Boliviana está conceptualizada por la población como una institución corrupta y al mismo tiempo vulneradora de derechos humanos; un Ministerio Público que trata de cumplir sus funciones con medios precarios o sin ellos; un Órgano Judicial que aplica un procedimiento penal no adecuado a nuestra realidad, sumergido en un excesivo formalismo burocratizado de la justicia; además de abogados que olvidando el apostolado de su profesión han tergiversado las formas de acceso a la justicia y la verdad.

Entonces, resulta lógico pensar que la población busque aquellos medios que tengan por objeto o resultado obtener seguridad aunque éstos sean ilegales y vayan contra aquellos preceptos imperativos de carácter universal como son la integridad y la vida de sus semejantes. Ahora bien, esto no puede de ninguna manera justificar la adopción de medidas como el linchamiento hasta que el Estado implemente mecanismos efectivos de protección y reestructure instituciones destinadas a brindar seguridad ciudadana y justicia, pues, dichos comportamientos no sólo lesionan el derecho a la libertad de quienes son sometidos a tales actos, sino también su derecho a la dignidad, a la integridad física, a la vida, así como a la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos  y degradantes.

Mucho menos se podría intentar mimetizar esta forma de violencia con la aplicación de las sanciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en ejercicio de su jurisdicción, pues, como señaló el Tribunal Constitucional de Bolivia, esa jurisdicción debe cumplir los criterios de vigencia territorial y personal, basándose en los criterios establecidos por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y, ahora, por el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, además de que toda sanción impuesta dentro de esa jurisdicción debe respetar los derechos fundamentales, conforme lo establece el tratado precitado en su artículo 8, 2, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 34) y el artículo 190, II, de la misma Constitución Política del Estado, buscando que esa normativa compatibilice con normas y procedimientos de la justicia comunitaria, que también   se basa en el respeto a la vida.

Considero que esta problemática multidimensional debe ser abordada urgentemente de manera integral, basada en la justicia ordinaria y la comunitaria, mediante acciones    coordinadas por todos los actores  involucrados y, fundamentalmente, en respeto de los derechos humanos, ya que lo contrario nos llevaría a lógicas inquisitivas y vindicativas que, lejos de constituir una solución, se convertiría en un paliativo ficticio que nos dirija a actitudes vulneradoras de la dignidad humana.

De esta forma, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones estamos realizando un diagnóstico nacional  a través del diálogo de saberes en la línea de contribuir a la construcción  de propuestas interinstitucionales y sociales que puedan frenar esta escalada de violencia .

La justicia indígena frente al linchamiento

Isabel Ortega Ventura

Durante los últimos años, Bolivia, al igual que otros países de Latinoamérica, está atravesando un proceso de transformación social, política, económica, cultural y jurídica. Los bolivianos hemos vivido acontecimientos históricos, sin embargo lo más significativo fue la Asamblea Constituyente que reorganizó al Estado boliviano a través del nuevo texto constitucional aprobado por las bolivianas y bolivianos en un referéndum.

A partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (artículo 1, CPE).

El Estado Plurinacional, al igual que el resto de los países sudamericanos, ha optado por un proceso de  cambio en el marco democrático y con apego a la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas —de los que Bolivia es signataria— que reconocen de manera extensa los derechos humanos y, sobre todo, el derecho a la vida.

Desde esa perspectiva, el Estado Plurinacional, la CPE y nuestra legislación boliviana no contemplan como sanción la pena de muerte en ninguna de las  jurisdicciones reconocidas constitucionalmente.

La Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte (15). De igual manera, se establece que la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto (118).

Sin embargo, es de conocimiento público que pese a que nuestra legislación no contempla la pena de muerte, se han dado casos de linchamiento bajo el rótulo de la mal denominada “justicia comunitaria”, tanto en el área rural como en las ciudades, pero curiosamente con mayor índice en las zonas periurbanas de diferentes ciudades, hechos que nos llaman la atención y preocupan profundamente, puesto que los linchamientos no sólo vulneran derechos fundamentales, sino que están siendo utilizados para estigmatizar a la jurisdicción indígena originario campesina, en desmedro de la implementación del pluralismo jurídico. Algunas de las causas principales para que se produzcan estos hechos tienen que ver con la institucionalidad heredada del Estado republicano, reflejada en la escasa y precaria cobertura de los operadores de justicia de la jurisdicción ordinaria, Policía, Ministerio Público y la falta o pérdida de credibilidad en la institucionalidad de éstas.

Debo aclarar a toda la ciudadanía que, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, los linchamientos de ninguna manera constituyen una sanción o pena aplicable por las naciones y pueblos indígena originario campesinos; estos pueblos se caracterizan ancestralmente por administrar justicia de manera humanitaria, siendo gratuita, conciliadora, reparadora y, sobre todo, buscando un equilibrio con la naturaleza o Madre Tierra.

En el marco constitucional dispuesto en los artículos 190, 191 y 192 y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, la jurisdicción indígena originaria campesina ejerce sus funciones y  competencias a través de sus autoridades propias, en el ámbito de vigencia personal, material y territorial, de acuerdo con su libre determinación, aplicando sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios y, sobre todo, respetando el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás prerrogativas y garantías establecidas en la Constitución.

Está claramente establecido en la Ley  073 que el linchamiento es una violación a los derechos humanos; no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional (5, V); además, se prohíbe la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute (6), por lo cual los operadores de la justicia ordinaria están llamados a investigar y sancionar estos hechos que vulneran los derechos humanos.

En conclusión, el linchamiento es una violación a un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, y los casos que se vienen suscitando no son un problema aislado de los operadores de justicia, es una problemática del Estado en su conjunto y se debe encarar como tal. Esta situación debe cambiar progresivamente con la implementación de las nuevas leyes complementarias a la CPE, la democratización del Órgano Judicial, la elección de autoridades judiciales, la sensibilización de toda la ciudadanía del valor e importancia del respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del carácter  plural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos, comunidades interculturales, sin discriminación, para lo cual el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, viene trabajando en esta tarea fundamental con la implementación de la Ley 073, apegado al respeto de los derechos humanos y buscando la convivencia armónica de todos los sistemas jurídicos y el acceso a la justicia plural como lo manda el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

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