Animal Político

Protección de la pequeña industria nacional

La pequeña y mediana industrias no solo han quedado rezagadas, sino que experimentan un progresivo retroceso. Otra vez revertir esta situación requiere de una política proteccionista por parte del Estado.

La Razón (Edición Impresa) / Danilo Paz Ballivián

00:02 / 06 de septiembre de 2015

La teoría marxista indica que la economía crece más por el Sector I que por el Sector II, es decir, que una sociedad en última instancia se desarrolla por la fábrica de bienes de producción más que por la de bienes de consumo; sin embargo, estos últimos determinan a su vez el desarrollo del mercado interior.

La teoría económica clásica y marginalista, en cambio, indica que es la demanda de bienes de consumo la que crea la oferta de la producción; así, la estrategia de desarrollo consiste en aumentar esa demanda, la que impulsará el crecimiento de la oferta o producción.

Lo evidenciable en el país, sobre todo en la última década, es que la demanda de bienes de consumo final ha aumentado de manera inusual, como efecto de una mayor disponibilidad de recursos por el Estado provenientes de la exportación de gas y minerales; no obstante, esto no ha dado lugar al crecimiento de la producción nacional agropecuaria, la manufactura e industria en la misma proporción, por el contrario, se disparó la importación y contrabando de productos primarios y con valor agregado agropecuarios, manufactureros e industriales. Nunca como ahora los productos extranjeros están liquidando la pequeña y mediana producción nacional y, en consecuencia, el precario mercado interior.

INVERSIÓN. Aquí y en este momento se demuestra que el dinero no es automáticamente capital, disponer de mayores ingresos en el Gobierno central, las gobernaciones, los municipios y la nueva clase media cinco veces más que en la última década, no es mecánicamente desarrollo económico nacional; es necesario invertir en la producción para que el dinero se transforme en capital.

Es imprescindible crear las condiciones básicas para el desarrollo, es el caso de la infraestructura de caminos, vías férreas y pluviales, aeropuertos, la electrificación, agua potable y saneamiento básico. Asimismo y con mayor razón, la industria pesada, como fundición de minerales, plantas separadoras de líquidos y petroquímica. Inversiones todas ellas muy grandes en relación al tamaño de nuestra economía. Figuran en esta base de la “modernidad”, postergada por 190 años, la explotación e industrialización del litio, la hidroeléctrica y la atención de las necesidades más sentidas de la población relativas a la salud y educación; materias sobre las cuales el Gobierno actual ha dado atención, de tal suerte que no es erróneo afirmar que en la última década se avanzó en estas condiciones básicas del desarrollo más que en los 50 años que anteceden al ‘proceso de cambio’.Estas medidas “democrático burguesas”, incumplidas durante tanto tiempo, no realizadas por una burguesía nacional, solo pueden ser creadas por un Estado Nacional. 

Ahora bien, luego de más de nueve años del proceso de cambio, puede verse que no hay tiempo para cumplir etapas; una, de crear las condiciones básicas anotadas para luego abordar una segunda de desarrollo de nuestro mercado interior resultado del crecimiento sostenido de los sectores productivos de la agropecuaria y la industria, pero particularmente de la economía campesina y la pequeña y mediana industria, ya que éstas son las verdaderas fuentes de empleo y más amigables con la preservación del medio ambiente.

Toca analizar la situación de la pequeña y mediana industria, que históricamente fue y sigue siendo el sector más débil de la economía nacional. Un país vendedor de materias primas y comprador de productos acabados por excelencia es natural que no haya desarrollado procesos de transformación relevantes, a excepción del periodo del novecientos, en el que se constituyeron las textileras Forno y Soligno, las cervecerías Nacional y Taquiña, las embutidoras de Stege y Dillman, las fábricas de pastas Figliozzi y Ferrari Guezzi, la fabrica de calzados Manaco y otras de características fordistas, que se sumaron al capitalismo minero emergente desde la mitad del siglo XIX aliado a los terratenientes feudales del campo.

La Revolución Nacional de 1952, derrota a la “Rosca Minero Feudal” mediante la nacionalización de las minas y la reforma agraria y, establece un modelo de capitalismo de Estado que tendrá vigencia por más de 30 años (hasta 1985). 

INFORMALIDAD. El Neoliberalismo (1985-2005), mediante la privatización y liquidación de las empresas del Estado, la liberalización de las importaciones y la flexibilización laboral, crea las condiciones para un crecimiento sin precedentes de la economía informal, del número de trabajadores por cuenta propia, trabajadores a destajo bajo el rótulo de cooperativas; de los contratos eventuales de técnicos y el desarrollo de ONG que tratan de llenar a nivel micro algunas de las obligaciones del Estado y cubren una demanda de profesionales especializados en desarrollo.

La economía informal en nuestro país tiene particulares tendencias. La revista Libre Empresa de julio de 2015 concluye en su pagina 6: “Cada vez hay más emprendimientos, en gran medida por la falta de empleo en las escasas medianas y grandes empresas que hay en Bolivia, pero un 80% transita por el sendero de la informalidad”. Por otra parte, señala: “Solo uno de cada diez emprendimientos bolivianos tiene que ver con la industria, es decir, con aquella empresa que transforma y le da valor agregado a la materia prima y que genera mejores fuentes de empleo. El resto son actividades vinculadas al comercio, servicios, construcción y gastronomía”. Por su parte, el suplemento El Financiero de La Razón del 23 de agosto de 2015, en su pagina 8 sostiene: “La dinámica económica de los últimos tiempos ha promovido en buena medida las actividades y empleos informales, mientras que aquellas empresas informales que son las candidatas a generar empleos de calidad han quedado rezagadas. La economía que tenemos en el país de explotación y exportación de materias primas y el bajo desarrollo industrial impulsan el crecimiento de actividades muy básicas como el comercio, los servicios, el transporte y la construcción, donde se genera empleos precarios”.

La pequeña y mediana industrias (que comprende sobre todo la producción y confección textil, transformación de madera, artículos de cuero, metalmecánica y la variada producción agroindustrial) no solo han quedado rezagadas, sino que experimentan un progresivo retroceso. Otra vez revertir esta situación requiere de una política proteccionista por parte del Estado. Una pauta para esta disposición política gubernamental está marcada por los pequeños empresarios confeccionistas del eje troncal, que iniciaron una marcha a la ciudad de La Paz, “en demanda al incremento de los aranceles para la importación del Perú, Brasil y Chile; además, piden que se dé cumplimiento al decreto 28761, que prohíbe el ingreso de ropa usada” (Los Tiempos, A-5, 21-8-2015).

Está claro que los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Gobierno central, los departamentales y municipales, y la sociedad civil organizada tienen el reto de proteger la industria nacional y desarrollar el mercado interior, mediante el mecanismo de incremento de aranceles para la importación de productos industrializados, erradicación del contrabando, subvención económica y asistencia técnica de fomento. Además, todos los subsidios y compras del Estado deben ser de productos bolivianos. Finalmente, es hora de planificar y ejecutar un Plan Compensatorio de eliminación de la importación de ropa usada a corto plazo y un Plan Sustitutivo de la importación de automotores usados y transformados, a mediano plazo.

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