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Pruebas no a lugar: un proceso que se estanca en las formas

‘No a lugar’ es una frase que el tribunal aprueba en uno y otro voto durante el juicio en el Senado contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Éstos piden testigos, y por un tema procedimental se los niegan; ofrecen sus pruebas y todas son rechazadas, también por problemas de forma. Va la crónica de la audiencia del miércoles 17.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:06 / 21 de diciembre de 2014

El timbre del Senado comienza a chirriar a las 09.30, los pasillos y la sala están desiertos. Gualberto Cusi llega caminando, también lo hacen sus pares suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chánez.

Son las 09.45 del miércoles. Los 22 jurados-senadores llegan a cuentagotas, hasta que a las 10.25 deja de sonar, por fin, el timbre chicharra de llamado a sesión. Se reinicia el juicio de responsabilidades contra los tres magistrados que son acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes por la Cámara de Diputados, representada por la Comisión de Justicia Plural, presidida por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Carlos Cejas.

¿Cómo se llegó a esta situación  —sino extrema al menos extraordinaria— en que el Senado enjuicia a tres altas autoridades de la Justicia constitucional? Las versiones son al menos tres. La oficial, señalada por el procurador Héctor Arce y el vicepresidente Álvaro García Linera, dice que el Auto Judicial 106 que firmaron los tres magistrados y que suspendió la Ley del Notariado Plurinacional puso al sistema legal boliviano al borde de una catástrofe. Otra versión afirma que Gualberto Cusi es el objetivo por resultar incómodo para el partido de gobierno y Chánez y Velásquez son daños colaterales... Aún corre una tercera, que es mencionada por Chánez: que el juicio es una venganza por haber aceptado la renuncia de Rudy Flores, quien habría dimitido a la presidencia de ese tribunal solo como un ademán y que no esperaba que se acepte su retiro. En la sala plena en que se votó la salida de Flores, él mismo votó en contra de la dimisión que había firmado con su propia mano... Sea como fuere hoy, miércoles 17 de diciembre, los acusados y sus abogados esperan la llegada de sus acusadores (encabezados por Cejas) y a sus 22 juzgadores (todos senadores también del MAS).

En todo caso, el acusador Cejas se aferra al razonamiento del riesgo en que habría puesto la suspensión de la ley que firmaron los acusados, y los defensores persisten en que no hubo daño alguno. El presidente del Senado,  Eugenio Rojas, reanuda el juicio a las 10.28. Después de registrarse que todos los actores están presentes, Rojas pregunta si hay testigos de los acusados y se muestra que no los hay. Acá comienza la polémica.

COMPARENDOS. Uno de los abogados de Chánez, Guido Melgar, se queja de que el sábado, día de la anterior audiencia, cuando se declaró el cuatro intermedio, se pidió los mandamientos de comparendo (documento con que se obliga a una persona a testificar) para notificar a sus testigos, pues sin una orden del Tribunal, muchos de ellos no iban a comparecer por hacer “el favor” de testificar, considerando además que algunos “son altas autoridades”, como Álvaro García Linera (Vicepresidente) o la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

“Nos extrañó que los mandamientos de comparendo tenían la fecha y hora de ese mismo sábado. Es decir, se nos dan comparendos para que avisemos a nuestros testigos que vengan a una audiencia que ya había pasado...”, reprocha Melgar diciendo que eso provoca “indefensión” de los acusados. Entonces solicita que se hagan nuevos comparendos “para una audiencia futura y no pasada”.

El tribunal se defiende y asegura que los memoriales de comparendo estaban listos del viernes para el sábado, y que se cumplió los plazos. “La responsabilidad de que estén los testigos es obligación de las partes, yo creo”, remata Rojas. La defensa de cada uno de los tres acusados reitera el reclamo de que no todos los testigos viven en La Paz y que se requiere una orden para obligarlos a asistir.

“Los comparendos fueron entregados para el sábado después del cuarto intermedio de ese día, cuando ya había acabado la audiencia. Pido nuevos comparendos, aún estamos a tiempo”, señala el abogado Eduardo León, también de la defensa de Chánez; pide “lealtad procesal” e insiste en que se ha dado mandamientos de comparendo para el sábado 13, a sabiendas de que la audiencia iba a reiniciarse el miércoles 17.

Finalmente, la Secretaría explica que el documento solicitado se hizo el viernes 12 para el sábado 13. “A primera hora de la mañana ya estaban y en el cuarto intermedio los entregué; y como no había la fecha de hoy para la próxima audiencia, no puedo inventarme. Se ha atendido”, señala la Secretaría.

Pasadas las 11.00, Rojas decreta: “todo está claro, se ha cumplido. No se va a emitir nuevo mandamiento de comparendo” de testigos. La defensa protesta y menciona que a los magistrados se les coarta su derecho a la defensa. Entonces se “implora” y “ruega” que hayan nuevos comparendos para sus testigos, el tribunal se sostiene en su primera decisión: “no a lugar, no se va a emitir”, concluye Rojas.

PRUEBAS. El resto de la mañana sigue con la exposición de pruebas documentales de los acusadores de la Cámara de Diputados. Esas evidencias, tras ser leídas, son aceptadas todas (judicializadas) por el tribunal, rechazando los intentos de la defensa de objetar algunas de ellas.

Rojas pregunta a los acusadores si su exposición de pruebas contra los magistrados ha terminado. Cejas —quien preside la Comisión de Justicia Plural y es el único que hace de Ministerio Público y que hablará por los acusadores en toda esta audiencia— contesta a Rojas: “Yo creo que el presidente es usted. Seguramente usted determinará si ha concluido”.

Al comenzar la tarde (13.30), se judicializan las pruebas de cargo y se las declara válidas contra los tres magistrados. Entonces, Rojas llama a un cuarto intermedio hasta las 14.30. La sala se vacía rápidamente de jurados, de acusados y acusadores. Los testigos del evento —entre los que se puede observar a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia— también se retiran. El cuarto intermedio dura casi una hora más de la señalada y la audiencia se instaura a las 15.22.

Se pasa a la fase de admisión de pruebas documentales de la defensa de Chánez. Presenta 19 y todas son objetadas por la parte acusadora bajo el argumento de que “no se prueba que hayan sido obtenidas de manera lícita” y que “no cuentan con requerimiento fiscal”, por lo que pide que sean excluidas del juicio. Cejas blande como fundamento el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal (“Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito”) y el artículo 172 (Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito (...).

En el transcurso del día, Cejas pide que se rechacen todas las pruebas de los tres magistrados, incluida entre ellas un documento que él mismo ha presentado como evidencia contra ellos.  Su razonamiento se basa en que no se dice cómo una prueba fue obtenida, o que no tienen requerimiento fiscal, por lo que —concluye— fueron obtenidas por “medios ilícitos”. Las pruebas en cuestión son los autos constitucionales sobre la Ley del Notariado o actas de sala plena del TCP, la propia Constitución, leyes y documento de esa índole.

CELULARES. Ya desde la mañana se puede observar qué hacen los jurados senadores durante el juicio. Solo se observa a tres que esporádicamente toman apuntes, el resto si bien está presente, contesta su celular si recibe una llamada, aun cuando esté argumentando la parte acusada o acusatoria. Algunos jueces contestan sus teléfonos en pleno juicio, se balancean, indiferentes, en sus asientos giratorios.

Antes de la votación del jurado para aceptar o rechazar las pruebas de Chánez, a las 15.44, la defensa pretende reflexionar al tribunal. El abogado de Cusi, Alaín de Canedo, dice que “en ningún” tribunal se ha visto que la única manera de obtener pruebas sea el requerimiento fiscal (Cejas insiste en que al carecer de requerimiento fiscal, las pruebas deben ser excluidas) y apela al concepto de “libertad probatoria” del código penal, el cual permite como evidencia una fotocopia o artículos periodísticos. Rojas entonces llama a un receso para deliberar. Son las 16.00.

Ya se ha rechazado que la defensa llame a sus testigos y ahora la parte acusatoria pide que se impugnen todas las pruebas de Chánez. Luego pedirá lo mismo del resto de las pruebas de Cusi y de Velásquez. A las 16.22 vuelven los jurados y la Secretaría lee el auto producto de la deliberación: todas las exclusiones pedidas por el acusador Cejas son aceptadas. Las pruebas, “no a lugar”. La defensa, lee Secretaría, no ha fundamentado “suficientemente” la legalidad de la obtención de una prueba o la pertinencia de otra.

Rojas llama a la votación para aprobar lo leído: todos votan a favor a excepción de dos senadores: Mary Eva Vacaflor y Mario Choque. “Más de dos tercios”, reza la Secretaría. Las pruebas son rechazadas. El abogado León pierde la paciencia: “Parece que estamos en vano acá. No nos explican por qué nos rechazan las pruebas. Esto es una carnicería.

Dicten de una vez la sentencia”, señala ante la llamada al respeto que hace Eugenio Rojas. Al pedido de una explicación de por qué el tribunal considera ilegales las pruebas de la defensa de Chánez, Rojas dice: “Entendemos qué quieren. Pero no podemos explicar, la norma no nos permite”.

“Prueben que son pruebas ilícitas”, demanda León. Rojas sentencia: “no a lugar”. Esta secuencia se repetirá de manera exacta con las evidencias de Velásquez y Cusi con una diferencia: si Chánez logra que se admita (judicialice) una de sus pruebas, las de Cusi y Velásquez son declaradas ilegales en su totalidad.

Cejas reiterará, en cada caso, los mismos argumentos para pedir que las pruebas de la defensa no sean aceptadas: no tienen requerimiento fiscal, no se fundamenta que hayan sido obtenidas de manera lícita, siempre levantando los artículos 13 y 172 del Código de Procedimiento Penal citados arriba.  Las réplicas de la defensa varían: “¿es ilícito un recorte de periódico?”; “expliquen por qué un artículo de periódico vulnera garantías constitucionales”, en referencia al artículo 13 en el que Cejas se atrinchera; o si no

“¿dicen que hemos conseguido la sentencia constitucional torturando?”, en referencia a ese mismo artículo 13; o “presentamos como prueba la Constitución, que nos expliquen por qué la Constitución vulnera derechos y garantías constitucionales”. La explicación es denegada.

La presentación y correspondiente rechazo de las pruebas de Velásquez y Cusi dura desde las 18.00 hasta las 20.38. En ambas votaciones los senadores-jueces están a favor del rechazo de las mismas a excepción de Choque y Vacaflor.

A las 21.00, las defensas de Chánez y Velásquez intentan que se incluya una prueba documental más de carácter “extraordinario”, porque se produjo posteriormente a la presentación de evidencias del proceso. Se trata de la sentencia del TCP que declara constitucional la Ley del Notariado Plurinacional.

Las defensas argumentan que ese fallo fue notificado el 25 de agosto y que las pruebas fueron requeridas el 22 de agosto. Cejas afirma que la fecha de la ley es del 19. La defensa insiste en que una sentencia tiene validez desde su notificación, es decir, desde el 25.

RECHAZO. El jurado se va a deliberar y vuelve para aprobar por voto que rechaza que se presente la sentencia constitucional como prueba de descargo. Una vez más, Vacaflor y Choque no votan como sus colegas. Se pasa entonces a la fase probatoria de testigos, los acusadores no presentan a ninguno. “La defensa no tiene testigos presentes”, dice la Secretaría. Se vuelve a la discusión de la mañana: “Como se nos han negado todas nuestras pruebas documentales, la prueba testifical es vital para no-

sotros”, dice Alaín de Canedo, abogado de Cusi, pidiendo que el tribunal emita nuevos mandamientos de comparendo para sus más de 300 testigos. A las 22.21, el tribunal reitera que ya se lo hizo y que ya se pasó esa fase. La defensa recuerda que se dio comparendos para la audiencia del sábado cuando ésta ya había concluido...

Ante la negativa de todo recurso de la defensa, cerca de la medianoche Cusi abandona el juicio y se declara en huelga de hambre. Con el rechazo de todos los testigos de la defensa y de todas sus pruebas de descargo, es al menos problemático imaginar qué va a juzgar el Senado... 

Sin embargo, el jueves el tribunal mostró un poco de flexibilidad al permitir a cinco testigos por cada magistrado, los cuales se deberán presentar el lunes 5 de enero de 2015, después de las fiestas de fin de año.

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