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Psicología opositora

La oposición sufre el Síndrome de Estocolmo: admira a sus secuestradores, el FMI y el Banco Mundial

La Razón (Edición Impresa) / Danilo Paz Ballivián es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

00:00 / 19 de diciembre de 2018

Trastorno psicológico temporal que aparece en la persona secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada”, este es el concepto del cuadro patológico denominado Síndrome de Estocolmo, que inmediatamente puede asociarse, por sus síntomas, al discurso político ejercitado por la oposición al gobierno de Evo Morales y al proceso de cambio en general.

En efecto, las clases medias de la oposición (de los partidos y asociaciones políticas, plataformas, comités cívicos y algunos profesionales, académicos y analistas) saben a ciencia cierta que derrotado el proceso de cambio solo puede venir una devaluación monetaria y en consecuencia una inflación, primero; y, segundo, una reducción del gasto público que acrecentará el desempleo dado que al momento el Estado es el principal empleador del país.

Aquí, claramente esas clases medias secuestradas se identifican con los secuestradores. Creen que es inevitable y necesario cumplir con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para no quedar al margen del sistema. En el fondo creen que solo podemos existir como dependientes en el concierto internacional.

Esta conclusión tremenda, naturalmente no puede ser dicha por los secuestrados y menos por los secuestradores; tienen que buscar una forma indirecta y sutil acudiendo a los valores, la ética y la moral ciudadana. De esta manera, el propósito de derrocar al gobierno de Evo Morales y liquidar el proceso de cambio aparece metamorfoseado como la lucha contra el centralismo, la defensa de las autonomías, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la corrupción pública y el prebendalismo, en fin, como la defensa de la Constitución Política del Estado.

Lo paradójico es que la libertad y la democracia sean ahora levantadas por los secuestrados; por esa élite desplazada de “la democracia pactada”, caracterizada precisamente por ser comprensiva, benevolente e identificada con los secuestradores.

Por más de una década esa élite pequeña y exclusiva perdió el poder político de decisión directa en indirecta en el quehacer del Estado, no así su poder mediático, acrecentado más bien por las redes sociales mediante las cuales sistemáticamente crea y reproduce una posverdad, es decir: “Un contexto cultural e histórico en el que la contrastación empírica y la búsqueda de la objetividad son menos relevantes que la creencia en sí misma y las emociones que genera a la hora de crear corrientes de opinión pública”.

Mediante los instrumentos de comunicación escrita, audiovisual y de redes sociales disponibles, esta élite opositora tiene el objetivo de crear una corriente de opinión pública que independiente de la demostración empírica y de la objetividad, establezca creencias que valgan por sí mismas. En el marco económico, por ejemplo, establecen: que la bonanza económica se debe exclusivamente al alza del precio de las materias primas; que las empresas estatales no son rentables; que en hidrocarburos se explota pero no se explora; que todas las obras de infraestructura física, particularmente los caminos, suponen coima y corrupción; que la economía es más centralista que nunca, etc. En el ámbito político: que todos los poderes del Estado están subordinados al Poder Ejecutivo; que el apoyo al proceso de cambio de las organizaciones populares, de las fuerzas armadas y la Policía son prebendales; que todos los proyectos económicos y sociales del gobierno central responden a una campaña electoral; que nuestra política exterior nos aísla y condujo a una segunda derrota en el Pacífico, etc.

Esta táctica sutil e indirecta, en su remate, solo persigue cortar el proceso de cambio y derrocar al gobierno de MAS, para restaurar un nuevo ciclo liberal. Concretamente, esa élite minoritaria de oposición quiere un voto emocional, no razonado contra el MAS, en el que no importe el programa y los logros alcanzados, sino simplemente que Evo Morales debe irse porque debe irse, los motivos los encontrará el ciudadano en el amplio abanico de las posverdades previamente establecidas.

Lo sorprendente es que esta élite opositora en realidad no quiere tomar el poder y proponer un programa a la nación en su conjunto, simplemente quiere recuperar su papel de mediador entre el Estado y la sociedad en una economía neoliberal, un gobierno de democracia pactada y un sistema de partidos funcionales. La posverdad no tiene patas cortas como la mentira; sin embargo, la evidencia empírica y la objetividad se irán imponiendo de todas formas.

A partir del último periodo de gobierno del MAS se va priorizando la ejecución de proyectos productivos y sociales a través de los programas Bolivia Cambia, Mi Agua, Mi Riego, Créditos de Fomento a la pequeña industria y el campesinado, al mismo tiempo que se desarrollan proyectos mayores como la explotación e industrialización de hidrocarburos, en hidroeléctrica y minería. Por otra parte, los perversos intentos de retorno al liberalismo de Argentina y ahora de Brasil, van ciertamente contra ese discurso de la posverdad.

Queda pues una campaña del MAS que objetivamente demuestre lo realizado en 13 años de gobierno, sin esa cansadora comparación del antes y después de 2005, hablando más bien de los periodos del proceso de cambio, en los que se destaca el progresivo crecimiento de la inversión en áreas estratégicas de hidrocarburos, minería y construcción de carreteras; en áreas productivas de pequeña industria y pequeña producción campesina; y en áreas básicas de salud y educación.

A partir de ese diagnóstico empíricamente demostrado, marcar la Agenda 2025, caracterizada como  proteccionista, corporativa y estatal revolucionaria, es decir, patriótica y antiimperialista. Además, para que la verdad se imponga sobre la posverdad deberá cumplirse transparente y efectivamente la lucha contra la corrupción pública y el contrabando.

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