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Ramiro Guerrero: Esperemos que los roces con EEUU no afecten la extradición

Ungido por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2012, el ahora Fiscal General toma aquel hecho como una lección de vida, quizás necesaria en uno de sus mayores propósitos: la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ramiro Guerrero.

Ramiro Guerrero. Foto: Wara Vargas.

La Razón / Rubén D. Atahuichi López / La Paz

00:04 / 29 de septiembre de 2013

Su llegada al mundo es una anécdota que recuerda con gracia. Su madre viajaba de emergencia a Potosí, hasta que cerca de C’uchu Ingenio (en el hotel San Cristóbal) nació a medio camino. Llegó a Sucre a sus siete años y es el último de 11 hermanos (uno fallecido). Recuerda que tuvo a varias autoridades y líderes campesinos como oyentes de sus charlas: los legisladores Nélida Sifuentes, Eliseo Sesgo y Flora Aguilar, además del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu.

En 1992, cuando se celebraban los 500 años de la colonización de América, era un joven activista político. Junto a otros compañeros, fue detenido cinco meses en la cárcel de San Roque de Sucre, acusado de terrorismo. Aunque lo exculparon después, a Ramiro Guerrero Peñaranda lo acusaban de haber volado el monumento a Pedro de Anzures, “un símbolo de la Colonia”, en la plaza del mismo nombre en la capital del país. 

Ungido por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2012, el ahora Fiscal General toma aquel hecho como una lección de vida, quizás necesaria en uno de sus mayores propósitos: la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Nos recibe en su despacho que le instalaron en La Paz. Muy cordial, recuerda la llamada masacre de octubre de 2003, cuando murieron 69 (hoy suman 73 por las secuelas) personas en una represión militar. Diez años después, cree que el juicio es posible y dice que ojalá que las relaciones tensas entre Bolivia y Estados Unidos, donde reside el principal acusado, no afecten el proceso, que en su criterio es meramente jurídico.

— ¿Qué hacía esa vez en 2003?

— Trabajaba en el área rural de Chuquisaca. Era parte de la formación de líderes en las comunidades campesinas. Esos días de conflictos y bloqueos era asesor de la Federación de Campesinos. Seguía las noticias por radio.

— ¿Qué se enteró primero de la crisis de octubre?

— Lo de Warisata, los rehenes y el rescate que hubo. Escuchaba radio ACLO hasta en el carro en que viajábamos. Me enteraba también por televisión lo que ocurría en El Alto.

— ¿Qué imaginó que iba a pasar?

— Era complicado el momento porque, por un lado, había soberbia de los gobernantes de esa época, que decían que en el país no pasaba nada, mientras había una movilización grande. Otro tema que recuerdo es el mensaje que emitió el vicepresidente Carlos Mesa, cuando decía que no estaba dispuesto a matar. Paradójicamente, ese testimonio es parte de la documentación sobre la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

— ¿Cuál fue su sensación tras la renuncia de Sánchez de Lozada?

— Se pacificaba el país, que ya no iba a haber más represión ni muertes, aunque se especulaba mucho de que Sánchez de Lozada iba a gobernar desde Santa Cruz o desde otro país.

— Jurídicamente, ¿qué pasó en esos episodios de octubre?

— Es un tema que se ha valorado en el juicio de responsabilidades. Por ejemplo, la responsabilidad de los gobernantes de entonces y del aparato operativo que recibió las instrucciones. Hubo un juicio y una sentencia condenatoria contra los que entonces eran miembros del Alto Mando Militar.

— ¿Cuál fue la participación de Sánchez de Lozada en ese hecho?

— Era el Presidente, la máxima autoridad del país, y capitán general de la Fuerzas Armadas. Además, el gabinete de ministros.

— Tras el frustrado proceso de extradición de Sánchez de Lozada, Estados Unidos dijo que hubo fallas procedimentales. ¿Qué se hizo para enmendarlo?

— La primera solicitud de extradición se hizo en 2008. Estados Unidos tardó cuatro años, hasta septiembre de 2012, en responder sólo en la parte administrativa y decir que hubo fallas.

¿Cuáles eran las fallas? Algunos tipos penales en nuestro país no estaban contemplados como delitos en Estados Unidos, como, por ejemplo, atentados a la libertad de expresión. No hay estos delitos, ustedes están equivocados, nos dijeron

— ¿Cuáles son los delitos ahora?

— Primero, hemos abundado en los hechos de octubre de 2003, hicimos una exposición más fundamentada de éstos. Segundo, hemos acompañado una gran cantidad de documentación (con dos flash memory), de fotografías, testimonios y declaraciones de víctimas, de exautoridades, entre ellas de Mesa… Además, videos, recortes de prensa y una gran cantidad de anexos, que no se hizo en la primera solicitud.

Tercero, esa solicitud la hemos socializado con las víctimas y sus abogados, que han estado en el juicio de responsabilidades y en el resarcimiento civil de las víctimas. Han aportado con sus criterios, como los de la Cancillería, que es por esa vía que va a ir el exhorto. Son algunos temas administrativos y de forma.

¿Cómo conseguimos los recursos para la traducción? Son cerca de 2.000 fojas; la traducción oficial de cada hoja cuesta entre 50 y 60 dólares. 2.000 hojas por 60 dólares son cerca de 18.000 dólares. Son montos que no teníamos.

El cuarto elemento son los delitos presentados en la solicitud de extradición: genocidio considerado como masacre sangrienta, homicidio (hubo muertos), vejaciones y torturas, y lesiones graves y gravísimas (hay mucha gente que no tiene brazos o perdió el ojo; el cráneo hundido). Esos delitos están consignados en la legislación estadounidense.

— ¿Son compatibles esos delitos?

— Son compatibles. Se ha trabajado en eso, en buscar doctrina o legislación comparada. Están bien fundamentados, que es lo sustancial de la nueva solicitud. ¿Cómo contratamos consultores y un bufete para que haga seguimiento al caso o que nos asesore en la doble incriminación? Esos bufetes cobran por horas de asesoramiento. Hicimos un trámite, apoyados por la Cancillería, para conseguir 150.000 dólares.

— ¿Para el bufete?

— Para el bufete, la traducción y otros gastos.

— ¿Ya está contratado el bufete?

— Estamos yendo a contratar (la semana que viene). Vamos a viajar un equipo de tres personas de la Fiscalía. Ya tenemos las opciones, de quiénes pueden ser, también de traductores.

— ¿Cuán blindado está el trámite para que no rebote?

— Quisiéramos que, una vez que la Sala Plena del Tribunal de Justicia de Bolivia emita el exhorto, se haga la traducción y se remita vía Cancillería, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo pase al Departamento de Justicia. Sean las instancias judiciales y jurídicas las que nos puedan dar la respuesta y no una instancia administrativa y política.

Éste es un tema estrictamente jurídico. Quisiéramos que allí se analice jurídicamente y que hagan las observaciones. La primera observación volvió desde el Departamento de Estado, una instancia administrativa y política.

— ¿Cuál es el procedimiento de extradición?

— Es vía Cancillería, se manda al Departamento de Estado, que tiene que remitir a las autoridades competentes, que son las que hacen los análisis y el tratamiento jurídico.

— ¿Conoce los tiempos procesales?

— Estamos yendo a Estados Unidos precisamente para ser apoyados y ser asesorados por este bufete que vamos a contratar. Seguramente vamos a ver los tiempos procesales y las actuaciones.

— La extradición apunta a Sánchez de Lozada y a los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.

— Sí.

— ¿Y los otros implicados?

— Ya fueron parte del juicio por octubre de 2003, varios ministros y exjefes militares. Algunos guardan detención y quienes no asumieron su defensa fueron declarados rebeldes. Hubo un juicio y una proposición acusatoria del Congreso Nacional, que autorizó el juicio al Presidente, sus ministros y el Alto Mando Militar. El juicio se hizo en Sucre y esas tres personas no se presentaron.

— ¿Qué les espera cuando proceda la extradición?

— Tendrían que ser traídos al país y ser sometidos a un juicio de responsabilidades.

— ¿20 años, la pena máxima?

— Casi 30 años por genocidio; homicidio es un concurso de delitos, habría que ver la pena mayor y son delitos considerados de lesa humanidad. El Tribunal de Justicia hará una valoración con los aportes del Ministerio Público.

— Considerando las difíciles relaciones de Bolivia con Estados Unidos, ¿es posible el éxito del proceso?

— Sí, es un momento complicado y difícil en el ámbito político. Esta solicitud debe ser tratada en un escenario estrictamente jurídico. En lo que nos corresponde, en el ámbito jurídico, hemos fundamentado esta solicitud y esperamos que sea considerada de esa manera.

— ¿Puede afectar el constante roce que suele tener el Presidente con Estados Unidos?

— Esperemos que no en este ámbito.

Perfil

Nombre: José Ramiro Guerrero Peñaranda

Nació: 24-06-1971, en Puna (Potosí)

Cargo: Fiscal General del Estado

Carrera

En 2006 fue elegido constituyente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2010 fue designado magistrado de la Corte Suprema por el presidente Evo Morales. Es Fiscal General desde el 23 de octubre de 2012. Antes, era activista político, militante guevarista y capacitador de movimientos sociales.

La represión en Chaparina es de por sí un caso complejo

— Chaparina, ¿qué se pretende juzgar en este caso?

— Estoy trabajando en esto, tengo reuniones con la comisión. Son muchos antecedentes, pasaron dos años y hubo uno y otro fiscal, hubo varios cambios. Incluso, uno de los fiscales del caso hoy es fiscal departamental (José Ponce). Algunos tuvieron que dejar el caso.

Este caso es de por sí complejo por los hechos: represión de Chaparina; por la cantidad de gente involucrada, varias exautoridades, víctimas e indígenas; por la cantidad de delitos. Desde que asumí (23 de octubre de 2012) emití instructivos para acelerar el proceso. Hay gente que se abstuvo de declarar, pero luego pidió declarar. Después, mayores elementos para la investigación tampoco se han encontrado.

— Se ha retrasado el proceso de todos modos.

— Hubo dificultades. Los fiscales atienden otros casos más, que hacen que se extienda el proceso en el tiempo.

— ¿Se estableció que hubo ruptura de mando?

— No quisiera emitir criterio. Hay fiscales que llevan el caso, en el marco de su autonomía emitirán la resolución y establecerán si hubo o no ruptura de mando. Tal vez yo tenga que emitir criterio en una etapa de objeción o apelación que pueda haber.

— El mandatario Evo Morales ha expresado su interés de declarar en este caso.

— Se ha enviado el cuestionario, siete preguntas. Esperamos una respuesta estos días.

— ¿Cuáles son las preguntas?

— No tengo en este momento. Es sobre si él conocía o estaba informado de la represión que hubo, o si alguien autorizó u ordenó esta represión. Si tenía conocimiento sobre que llevaron aviones y vehículos. Va en ese sentido.

— El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que sabía quién ordenó la intervención.

— Se ha enviado un cuestionario y lo ha respondido. Eso está en manos de la comisión de fiscales, que valorará la declaración que hizo por escrito.

— ¿Qué papel jugaron Sacha Llorenti, Marcos Farfán, Óscar Maldonado y Óscar Muñoz?

— Eran autoridades de Estado en su momento; eran ministros y los otros eran parte de la Policía. Está en proceso de investigación.

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