Animal Político

Recorridos intensos de las marchas indígenas

La VIII y la IX Marcha

La Razón / La Paz

00:00 / 27 de mayo de 2012

Raúl ‘Chato’ Prada

La VIII marcha indígena acaeció recientemente, en 2011; se efectuó por la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en contra la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del parque, donde prácticamente no hay comunidades, es zona que goza de la protección de las leyes ambientales; el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) la ha clasificado como zona vulnerable a cualquier proyecto que afecte el ecosistema y la biodiversidad.

Esta marcha arrancó del Gobierno la Ley 180, de protección del TIPNIS, empero inmediatamente, como arrepentido de lo que ha hecho y queriendo hacer trampa, el Ejecutivo se encaminó a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Buscó abrogar la ley que promulgó el presidente Evo Morales y aprobó la Asamblea Legislativa; ante la contingencia de no poder hacerlo, debido a las resistencias y las observaciones internacionales, terminó aprobando y promulgando la Ley 222, que irónicamente la considera de consulta, cuando es un mañoso cuestionario que induce a la inclinación por la carretera, a la que califica de “desarrollo”.

En esta perspectiva, el Gobierno ha optado por una violencia velada; mientras decía que apoyaba la consulta, en la práctica intervenía militarmente en el TIPNIS, presionando, chantajeando, dando obsequios, obligando a firmar compromisos con dirigentes medios o de comunidades para que no asistan a la marcha. Por lo tanto, como se puede observar, el conflicto del TIPNIS no ha concluido.

La novena marcha indígena estalló ante la maniobra del Gobierno y su espuria consulta; se desarrolla por la defensa de la Ley 180, que protege al TIPNIS, y en contra de la Ley 222, que impone un cuestionario violando la estructura normativa y conceptual de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la Constitución. El oficialismo cree que puede hacer lo que le venga en gana; sólo por poner el nombre de consulta a la ley, considera que por arte de magia ya se trata de consulta. El proceso, además de previo, debe ser con consentimiento; es decir, debe contar con aquiescencia de los pueblos indígenas. También debe ser libre e informada; es decir, debe constituirse un proceso de consulta, de buena fe, en la que se acuerde y se construya una ley marco, sus condiciones, un protocolo compartido, consensuado y las preguntas acordadas mutuamente. Como se puede ver, nada de esto se cumple.

Una comparación de la VIII y la IX marcha no se la puede hacer, pues, esta última no ha terminado. Sería un apresuramiento. Empero, lo que se observa hasta el momento es que el Gobierno ha logrado dividir las fuerzas con todo el peso de la intromisión del Estado, desconociendo a las organizaciones matrices y representativas de los pueblos indígenas; ventilando en el aire que los jerarcas del Gobierno deciden quién es representante y quién no de los pueblos indígenas, con el mayor descaro y falta de pudor. También se puede observar un desgaste acumulado, sobre todo por las proximidades de la IX marcha y la VIII marcha. Por otra parte, el contexto de la IX marcha no es equivalente al contexto de la VIII marcha, pues, ahora se enfrenta a la promulgación de una ley tramposa y manipulada, que supone ser consulta, cuando es una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; también se trata de una violación de la estructura misma de la consulta, de sus requisitos y sus condiciones.

Sin embargo, hasta el momento, la fuerza de la IX marcha radica en las debilidades del Gobierno y la Asamblea Legislativa. Primero, se trata de una debilidad ética, moral y política; no puede sostener el montaje de que se trata de una consulta. Segundo, el Gobierno y la Asamblea Legislativa no pueden justificar y explicar, a pesar de los denodados esfuerzos y discursos trillados, el porqué la carretera que atraviese un territorio indígena cuenta con título colectivo, entregado por el mismo Presidente en 2009; por qué se lo hace transgrediendo la Constitución y lo que debería ser el respeto a la condición plurinacional comunitaria y autonómica del Estado. Tercero, el oficialismo ha enfrentado múltiples demandas y movilizaciones, a las cuales ha tratado, en principio, de escamotear, pero, después de un tiempo, se ha visto obligado a dar solución. El Gobierno se ha apresurado a arreglar con los distintos sectores, perdiendo obviamente en todos los terrenos, quedándose enfrente con el conflicto del TIPNIS. Hasta ahora el Estado no da muestras de buena voluntad y de sano juicio; al contrario, da muestras de querer imponer o vengarse de su derrota ante la VIII marcha, sin atender a un sano juicio que dice que si ha resuelto dialogando los demás conflictos por qué no resolver este conflicto con los pueblos indígenas también con diálogo, abrogando la espuria Ley 222, además del contrato con OAS y la suspensión del préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES).

¿Por qué insiste en la testaruda política de imponer una carretera cuestionada, denunciada y mal vista por la mayoría de los bolivianos? ¿Una seducción del abismo, buscando el despeñadero? ¿Demasiados compromisos con el gobierno del Brasil, el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), el BNDES, la constructora OAS u otra empresa a la que se puede transferir la construcción? ¿Compromisos electorales con las bases cocaleras que requieren la ampliación de la frontera agrícola, frontera del cultivo excedentario de la hoja de coca? ¿Entrabado ante el espantoso crecimiento y expansión de la economía política de la cocaína? ¿Compromiso con la empresas trasnacionales petroleras respecto de concesiones en territorios indígenas y parques? ¿Compromisos afines a los que tiene el Gobierno con los terratenientes, pues, se renunció a la reforma agraria, con los agroindustriales, los soyeros, la burguesía boliviana y los nuevos ricos?

La política, sobre todo, la política práctica y la práctica política son excesivamente complicadas y comprometedoras, más cuando se asientan en estructuras y relaciones de poder ya establecidas, a las que no se ha querido desmontar, manteniendo toda la estructura institucional del Estado-nación, liberal y colonial.

Los gobiernos progresistas de Sudamérica se debaten en la turbulencia de sus propias contradicciones; sin querer analizarlas y reflexionar sobre ellas, prefieren justificar sus torpezas y continuismos, manteniendo la dependencia y el extractivismo que someten colonialmente al país a los centros del dominio del sistema-mundo capitalista.

Redescubrimiento del TIPNIS con y sin consulta

Adolfo Mendoza Leigue

La apertura del proceso de la consulta y la problemática del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y las diferencias entre la VIII marcha y la IX Marcha suponen un momento de condensación de la política. ¿Cuáles son las variaciones fundamentales? Éstas se pueden establecer en torno a cinco componentes. Veamos:

Apropiación ciudadana de la Constitución Política del Estado: Si antes de la VIII marcha existían voces ciudadanas que no defendían la Constitución, la problemática de la consulta en el TIPNIS generó un amplio debate sobre el catálogo de derechos reconocidos por el Estado Plurinacional. Frente a ello, la IX marcha ha retrocedido mucho en la defensa de los derechos indígenas, ya que un derecho constitucional es negado en la práctica, al rechazar la Ley 222. Sin embargo, el resultado es el fortalecimiento mismo de la necesidad de la consulta y, con ello, se cuestiona la legitimidad de la novena movilización. Lo que al momento existe es una aprobación ciudadana de llevar adelante la consulta y, con ella, de sus definiciones constitucionales.

Discusión del modelo de desarrollo: Con los resultados de este momento de condensación de lo político incluso emergió con fuerza el fundamentalismo ecologista que, más allá de las valoraciones, trae consigo una visión de organización de la sociedad y de las instituciones políticas. La IX marcha consagra la subordinación de la territorialidad indígena a la conservación ecológica, desplazando una de las variables fundamentales de la VIII marcha: la discusión del modelo de desarrollo.

Tal vez la mejor expresión de la tendencia a subordinar lo indígena a la conservación ecológica es el intento, desde la IX marcha, de generalizar la propuesta de declaración de zonas intangibles a todas las áreas protegidas y territorios indígenas (Tierras Comunitarias de Origen).

Necesidad de evaluar la dirección política de la revolución democrática cultural: Mientras la VIII marcha cuestionó la gestión de conflictos desde los ministerios, la IX, sin desplazar totalmente la tensión entre el Órgano Ejecutivo y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), ha abierto un conjunto de tensiones internas en la organización, poniendo en serio riesgo al propio movimiento indígena de tierras bajas. Por tanto, no sólo emerge la necesidad de evaluar la dirección política del proceso, también traduce la pertinencia de generar una discusión interna en las organizaciones indígena originario campesinas sobre la disposición ética y moral de sus dirigencias.

Democracia radical: La VIII marcha puso en la mesa de discusión un poderoso mecanismo de democracia intercultural y, sobre todo, vinculado con uno de los derechos de mayor impacto político en el ámbito internacional: la consulta como derecho de los pueblos indígenas. La IX marcha, a pesar de sí misma, ha reforzado la consulta. Es más, si inicialmente fue reivindicada por el movimiento indígena, ahora se ha convertido en el núcleo de reflexión sobre los mecanismos institucionales de la democracia intercultural. No otra cosa implica su “instalación” en el imaginario ciudadano, en la agenda mediática, en la agenda gubernamental, en la labor legislativa y, sobre todo, en el seno del movimiento indígena: la mejor prueba es el debate público, pero también interno en las organizaciones sociales, de los alcances de la Ley 222, de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS.

Lo que queda claro, sin embargo, es la urgencia de implementar mecanismos institucionales de democracia intercultural. Por ello, y nuevamente a pesar de la IX marcha, tanto la convocatoria a la consulta en el TIPNIS y la elaboración participativa de la Ley Marco de Consulta se sitúan en el centro de la agenda nacional.

Además de la reflexión del concepto de democracia intercultural, estas circunstancias hacen que se radicalice la lectura de la democracia o, en otros términos, que la democracia radical   —combinación entre construcción ciudadana individual y colectiva—  entre en el teatro del campo político.

El reverso de la diferencia: En general, los conflictos actuales muestran una fragmentación de los actores sociales que fueron parte del movimiento constituyente (poder constituyente) y la emergencia del reverso de la diferencia: el particularismo. En algún momento afirmamos que la exacerbación de la diferencia conlleva el peligro de la consagración de la política, el particularismo y el desplazamiento del bien común.

El hecho que en la plataforma de la IX marcha se cuestione la Constitución Política del Estado y se solicite su reforma, especialmente cuando se toca el tema de la propiedad de los recursos naturales, es una muestra más que evidente del peso del particularismo frente al bien común. La fórmula del “vivir bien” que significa, entre otras cosas, un equilibrio entre la legitimidad del derecho a la diferencia y el bien común, donde lo común que nos une no niega la diferencia y donde ésta no niega el bien común, es la ausencia más sentida en la IX marcha.

Con todo, y más allá de las comparaciones entre la VIII marcha y la IX marcha, la pertinencia de encontrar puentes, por un lado, entre los indígenas del TIPNIS y, por otro lado, entre el Estado y los marchistas, es algo que no puede esperar más. Tanto por la salud del movimiento indígena de tierras bajas, ya que ha sido llevado a un callejón sin salida, como por la responsabilidad estatal de implementar de manera adecuada el derecho a la consulta.

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