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Recursos ante la CIDH, su viabilidad

El punto será la importancia que le dé la CIDH al Artículo 23 del Pacto de San José.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, 1969)

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, 1969)

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 19 de diciembre de 2018

El lunes 3 de diciembre, el candidato a la Presidencia por Demócratas, Óscar Ortiz, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, (con sede en Washington, Estados Unidos) el recurso legal per saltum  (por salto, en latín), por el cual se le pide a la CIDH acelerar su pronunciamiento acerca de la repostulación de los actuales mandatarios, Evo Morales y Álvaro García.

Este recurso procesal, de ser aceptado, permite saltar instancias intermedias e ir directamente a la máxima autoridad de la instancia requerida. Claro, para que proceda, debe tener la suficiente justificación. Ortiz señala dos causas para dar razón del pedido: el daño irreparable y la inestabilidad social. “Uno, si estas candidaturas se consolidasen y participasen en el proceso electoral y en las elecciones, se habría producido un daño irreparable a la democracia boliviana, porque nos habríamos apartado de la Constitución; y, dos, la conflictividad que se puede generar en la sociedad boliviana, el choque entre ciudadanos, la violación de derechos humanos, la represión. Le alertamos a la CIDH: hemos visto Venezuela y Nicaragua, ‘no permitan que haya otro país que por la falta de acción oportuna de ustedes siga ese mismo camino’”.

En cuanto a la respuesta que pueda dar la CIDH, Ortiz es cauto: “No hay plazos específicos establecidos  en estos procedimientos, depende de las decisiones que tomen los comisionados”.

En todo caso, está claro, reconoce también el legislador, que si la CIDH “falla después de las elecciones, pierde sentido de oportunidad”.

La posibilidad de que la CIDH pueda pronunciarse antes de los comicios de octubre de 2019, al oficialismo no le preocupa. “Para nada; de qué nos vamos a preocupar, pues ya se han agotado, tanto en el ámbito interno como en el externo, todas las causas que han podido presentar los opositores; ya no queda más argumento, y salen con esta clase de conjeturas, con un afán de show político, sensacionalista; quieren seguir confundiendo al pueblo boliviano con mentiras”, comenta al respecto el jefe de bancada en Diputados del Movimiento Al Socialismo, David Ramos.

Y es que para el legislador oficialista, la intervención de la CIDH ya fue resuelta con la reciente visita al país del relator del organismo, Francisco José Eguiguren Praeli, en agosto de este año: “las denuncias que han presentado, de que Bolivia vive en dictadura o bajo un régimen totalitario, ha sido en persona, en este caso el relator de la CIDH, que ha estado en Bolivia se ha reunido con los opositores, con los que han presentado las denuncias, y ha constatado de que Bolivia no vive en dictadura, sino en una democracia plena y, por tanto, esas acciones que han ejercitado en este ámbito han quedado completamente desestimadas”.

Para el candidato a la Presidencia Ortiz, por el contrario, es posible percibir un cierto mayor interés por parte de la CIDH en el “caso boliviano” de la repostulación indefinida, por la tendencia que puede empezar a generar en reformar las constituciones.

“Es verdad que esto ya lo han  hecho tres países, pero hay una preocupación en la región, en sentido de que comience a generalizarse y entonces lo que se consolide sean gobiernos autoritarios, inicialmente originados en las urnas pero que posteriormente no gobiernan democráticamente, no gobiernan apegados al Estado de derecho, respetando los límites que impone la ley; y que progresivamente el ejercicio prolongado del poder se convierta en un autoritarismo en el cual se concentre el poder en una sola mano, se controle el conjunto de los órganos del Estado, se acabe con la división de poderes, eliminando los frenos y contrapesos y progresivamente vaya desapareciendo la condición real de competencia político electoral, que haya elecciones pero no libres y de competencia cierta”.

Es más, dos cosas son indicio de esa preocupación efectiva de la CIDH, según el legislador: la realización de la audiencia del 5 de diciembre en Washington, “hay interés en tratar el tema y se le da importancia”; y, segundo elemento: “cuando uno ve la convocatoria a la audiencia pública, habla específicamente de la reelección en Bolivia, no tiene una definición genérica”.

Pero es el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien va más por la interpelación a la CIDH. En una entrevista al canal colombiano NTN24, sencillamente le dice que los miembros de la Comisión y la Corte CIDH “no pueden hacerse los distraídos ni dilatar de manera indefinida una cuestión que es grave”. Y es que ya hay impaciencia, da a entender Mesa, debido a que ya son “cuatro países” los que han usado el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (el Pacto de San José de 1969) para avalar la reelección indefinida.

Sin embargo, lo que para los opositores es un uso distorsionado del Artículo 23 de la Convención (ver gráfico adjunto), para el Gobierno es un desarrollo de los derechos humanos, en el sentido de poner la legislación internacional al respecto incluso por encima de la Constitución.

En ocasión del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el ministro de Justicia, Héctor Arce, apuntó que “la Carta Magna garantista pone por encima de la propia Constitución las normas más ventajosas para los ciudadanos y ese es el grado de desarrollo que ha marcado el país. Por sobre la Constitución está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)”.

En lo relativo a que, aparte de Bolivia, ya son tres países (Honduras, Costa Rica y Nicaragua) donde se utilizó o hizo referencia al Artículo 23 de la Convención, Ortiz enfatiza la mayor novedad, acaso decisiva luego para la propia CIDH, del “caso boliviano”: el hecho de que aquí antes de la apelación al Artículo 23 hubo un referéndum sobre el mismo artículo en cuestión, el 168 de la Constitución.

“Hay una gran diferencia: aquí en Bolivia, y eso lo reconocen en todos los escenarios internacionales, el referéndum marca una diferencia sustancial, porque en esos otros lugares solo hubo una sentencia judicial; en Bolivia fue un asunto previamente sometido a referéndum, eso marca una diferencia cualitativa enorme, profunda”, destaca Ortiz.

Ahora, acaso otra razón para el pronunciamiento de la CIDH sobre el Artículo 23 sea la perspectiva puramente textual, de redacción.

Resulta que, como reconoce el senador Ortiz, ellos también apelan al Artículo 23 para objetar la repostulación del binomio Morales-García, sobre todo para argumentar la importancia del referéndum como mecanismo de participación. 

“¿Cuál es el derecho humano a proteger? Porque esto es parte de nuestra argumentación de fondo. Nosotros también nos basamos, en la petición original, en el Artículo 23:  el inciso a dice que es un derecho de los ciudadanos participar directamente en los asuntos de interés público; el referéndum es justamente la máxima expresión de lo que puede ser la participación directa de los ciudadanos”, destaca el senador.

En cambio, el argumento del Gobierno boliviano se basa en el inciso b, donde se dice que todos los ciudadanos deben “gozar” del derecho y oportunidad “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas...”; además del punto 2 (ver gráfico adjunto) donde se dice que el derecho de participar, de votar y ser elegido puede ser normado por la ley “exclusivamente”, únicamente, por razones de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Una vez realizada la audiencia pública ante la CIDH el 5 de diciembre en Washington, y efectuadas la diligencias descritas, para la oposición solo resta esperar. Mientras tanto, periódicamente envían más “pruebas” contra la repostulación de los mandatarios. Una de éstas, cuenta Ortiz, es el informe de la denominada Convención de Venecia, que señaló que “el derecho de presentarse a una elección no es un derecho absoluto y puede estar sometido a límites objetivos y razonables”.

Y, añade Ortiz, la Convención de Venecia “no es vinculante, es cierto, pero es muy influyente”.

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