Animal Político

¿Reforma judicial sin la Policía?

Una reforma de la Justicia no puede ser exitosa si no se toma en serio el papel que juega la entidad del verde olivo en la sociedad.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Reyes

00:00 / 16 de julio de 2017

En días previos al 191 aniversario de la Policía Boliviana circularon mensajes entre los uniformados de rangos medios y altos. El contenido era de malestar, pues portaba una convocatoria a estar atentos (usando su clave 300 de “llamada general a todas las unidades”) ante versiones de que la institución del verde olivo iba a perder sus competencias en el ámbito de la investigación criminal.

Algunos medios de comunicación reportaron cambios no consensuados en el tratamiento del proyecto de ley del Sistema Penal y los uniformados protestaron en reserva puesto que esta no es la primera vez que se le quitaría atribuciones a la Policía (por ejemplo, el repliegue de efectivos a las tareas de lucha contra el contrabando o en la seguridad de las autoridades del Órgano Ejecutivo).

Parte del malestar de los miembros de la Policía fue que todo esto a su vez se dio en un contexto en que se preparaban para celebrar su 191 aniversario en Cochabamba. Muchos estaban lejos del centro de la toma de decisiones en cuanto a las propuestas de la ley.

Si bien la propuesta normativa del nuevo Sistema Penal, en sus artículos correspondientes a las atribuciones en cuanto a la investigación, ha sido consensuada con la Comisión de Defensa Institucional, conformada por el Comando General de la Policía, se ha identificado contenido normativo que no ha sido acordado, y que, según indican ellos mismos, ha sido incluido después de una reunión de fiscales llevada a cabo en la ciudad de Tarija.

Estas nuevas disposiciones, dentro del proyecto de ley, pretenden conformar, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente del Ministerio Público, un cuerpo paralelo de investigadores o detectives especializados para casos complejos, algo que la Policía declara como un riesgo para la institución. Del mismo modo, “otro riesgo”, como ellos mismos lo dicen, es que en el proyecto se pretende que otros organismos también realicen la labor de investigación criminal, un aspecto que sobre el que aún no hay luces.

Pero el problema detrás del malestar de la Policía es aún más complejo. En un contexto de reforma judicial, impulsada desde el mismo Gobierno, la Policía ha estado ausente de las discusiones. No ellos como institución, sino por su rol dentro de la Justicia y principalmente debido al impacto de su actuación dentro de un sistema que se pretende sea rápido, oportuno y transparente.

En la actualidad, la Policía no solo goza de bajos niveles de confianza, sino que es vista como una de las instituciones más corruptas del país, de acuerdo con resultados de varias encuestas de percepción ciudadana.

Se trata de la institución llamada a prevenir el delito, combatir el crimen, investigar y mantener el orden público; es la cara del Estado ante la ciudadanía para velar por la seguridad.

La relación de la Policía con el sistema de justicia es múltiple y va desde tener un papel fundamental para evitar congestionamientos en el sistema penal a través de su trabajo preventivo; es el principal actor de recolección de evidencias en los casos, de llevar a cabo la administración y custodia de los centros penitenciarios.

La decisión de un juez, además del trabajo de los fiscales, abogados y juristas de la Defensa Pública, depende mucho de la calidad del trabajo policial. Es, en este sentido, que una reforma de la Justicia no puede ser completamente exitosa si no se trabaja también en las mejoras necesarias y urgentes dentro de la institución policial.

Por un lado, resulta esencial que el tratamiento de un proyecto de ley tan importante como lo es el del Sistema Penal boliviano sea público. Eso significa que cualquier ciudadano pueda tener acceso en tiempo casi real a la última versión que se discute en el pleno de la Asamblea.

Esto evitaría situaciones de alarma entre las filas policiales. Por otro, no solo la Ley del Sistema Penal sino en general el proceso de reforma judicial que se lleva a cabo en el país debe ser tomado por las autoridades competentes como una oportunidad para hacer un cambio real dentro de la Policía, o al menos dentro de las unidades que tienen contacto directo con el sistema de justicia, que obviamente son una gran mayoría.

Este fue un aniversario con sabor amargo para la Policía, no por los falsos rumores en cuanto al proyecto de ley, sino porque todavía el texto pretende crear un cuerpo paralelo dependiente del Ministerio Público para que realice la labor que ellos hacen.

Mejorar las condiciones en la Policía para que ésta pueda dar un mejor servicio a la población no pasa por quitarles atribuciones o responsabilidades, sino más bien por entender y trabajar con equipos de expertos y no improvisados los problemas estructurales que tiene la institución y ejecutar cambios concretos hacia su mejora. Esta es una oportunidad que no se debe dejar pasar.

  • Gabriela Reyes es criminóloga de la Universidad de Maryland

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