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Refutar que la demanda toca el Tratado de 1904

La excepción planteada por Chile estará orientada a vincular, aún de manera forzada, la demanda de Bolivia con el Tratado de 1904, a fin de restarle jurisdicción y competencia a la Corte. Bolivia tendría que refutar estos argumentos ratificando los términos de la demanda, en la cual no  hace alusión alguna al Tratado de 1904.

La Razón (Edición Impresa) / Karen Longaric

00:01 / 27 de julio de 2014

El Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, prevé recursos e incidentes procesales que los Estados pueden hacer valer durante  la substanciación del proceso judicial.

Entre esos recursos están las excepciones preliminares a la competencia de la Corte, cuyo propósito es objetar la competencia de ese tribunal internacional para el conocimiento de determinado caso, en razón a la materia de dicha cuestión. En las excepciones preliminares, el demandado solicita a la CIJ un pronunciamiento previo al análisis de fondo.

En la mayoría de los procesos judiciales instaurados ante la CIJ,  la parte demandada ha hecho uso del recurso procesal de las excepciones, objetando la competencia de ese tribunal. En un porcentaje ostensiblemente mayoritario, la CIJ ha rechazado dichas excepciones, declarándose competente para dirimir la controversia entre Estados.

Muy pocas excepciones de falta de competencia han sido aceptadas por la CIJ. La Corte decidió que no tenía competencia para conocer las pretensiones formuladas en la demanda presentada por Serbia y Montenegro contra Bélgica el año 1999. En la causa relativa a Determinados bienes (Liechtenstein contra Alemania), el 10 de febrero de 2005, la Corte decidió que no tenía competencia para conocer de la demanda presentada por Liechtenstein.

Era previsible que Chile presente ante la Corte una excepción preliminar de falta de competencia, bien porque considere que tiene fundamentos jurídicos para ello o bien con el objetivo de dilatar el proceso.

De acuerdo a los pronunciamientos realizados en semanas pasadas por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y por el Canciller de ese país, Heraldo Muñoz, la excepción estaría sustentada jurídicamente en el artículo VI del Pacto de Bogotá de 1948, que inhibe la jurisdicción y restringe la competencia de la Corte para conocer asuntos que hubiesen sido resueltos mediante tratados suscritos con anterioridad a la vigencia del Pacto de Bogotá, en clara alusión al Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Chile ha sostenido invariablemente que con Bolivia no existen conflictos territoriales ni marítimos, pues en su criterio estos problemas fueron resueltos precisamente por el referido Tratado de 1904.

Chile podría argumentar que el petitorio de Bolivia, que solicita que la CIJ “falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el objeto de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico” tiene como resultado final modificar el Tratado de 1904, por lo tanto, y en mérito al artículo VI del Pacto de Bogotá, la Corte estaría inhibida de conocer la demanda boliviana.

No hay que olvidar que similar connotación dieron al artículo 267 (“I. El estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”) y a la cláusula Novena de la Constitución Política del Estado (“Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, negociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”), señalando que ambos textos habían sido incorporados en la Constitución boliviana con el objetivo de solicitar a futuro, ante un tribunal internacional, la nulidad del Tratado de 1904.

Chile podría señalar que cualesquier argumento o petitorio que formule Bolivia respecto al derecho a obtener un corredor con soberanía y acceso libre y soberano al océano Pacífico estaría  orientado a replantear el contenido del Tratado de 1904 y, por lo tanto, quedarse inhibido de ser tratado en el seno de la CIJ.

En general, considero que la excepción planteada por Chile estará orientada a vincular la demanda de Bolivia —aún de una forma forzada— con el Tratado de 1904, a fin de restarle jurisdicción y competencia a la Corte, por las previsiones señaladas en el artículo VI del Pacto de Bogotá. Bolivia tendría que refutar  estos argumentos ratificando los términos de la demanda en la cual no hace alusión alguna al Tratado de 1904.

Si la objeción de Chile alcanza también a la argumentación boliviana relacionada con las promesas de Chile en sentido de dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico (1950, 1975, 1987, 1983, 2006), Bolivia debería señalar que en dichas ocasiones que Chile se sentó a negociar una salida al mar para Bolivia, Chile manifestó que el Tratado de 1904 quedaba fuera de toda negociación, declarando su intangibilidad; sin embargo, dichas negociaciones fueron llevadas adelante.

En consecuencia, Bolivia tendría que sostener que su solicitud a la Corte para que éste tribunal “falle y declare que Chile tiene la obligación  de negociar con Bolivia con el objeto de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”, no implica directa ni indirectamente la modificación del Tratado de Paz y Amistad de 1904.

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