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Régimen penitenciario, soluciones reales

Medidas como la del indulto son positivas a partir de razones humanitarias y demuestran que hay voluntad del Gobierno para atender la compleja problemática penitenciaria; sin embargo, no son una solución estructural a la realidad que viven las personas privadas de libertad

La Razón / Rolando Villena Villegas

00:00 / 06 de enero de 2013

El sistema penitenciario en Bolivia es un problema social que está relacionado con los derechos humanos, el acceso a la justicia, la reinserción social y la seguridad ciudadana y que, además,  presenta otros ámbitos conexos que lo agravan como el narcotráfico y la corrupción o la situación de alta vulnerabilidad de niños y niñas que viven en las cárceles junto a sus padres y madres. Si el problema penitenciario es grave, la temática de las personas privadas de libertad es realmente compleja y parte de un conjunto concatenado de problemáticas donde existen  diversidad de actores y necesidades.

Un estudio elaborado por nuestra institución a través de sus representaciones departamentales en 2012, a partir de verificaciones e investigaciones especiales, encontró que hay tres características que definen la situación de las personas detenidas en Bolivia: i) los niveles de corrupción del sistema penitenciario; ii) la dependencia económica del privado de libertad de su familia para poder sobrevivir el encierro y iii) la violación sistemática de los derechos humanos. Estos problemas, sin embargo, se invisibilizan o pierden protagonismo frente a otras formas de vulneraciones de derechos humanos como el hacinamiento, lo que a su vez tiene otras causas como el aumento acelerado de la población privada de libertad (37% entre 2011 y 2012), la poca disponibilidad de recintos carcelarios y la retardación de justicia (más del 84% de las personas en las cárceles son detenidas preventivas, es decir, sin sentencia ejecutoriada).

Según datos oficiales, en las cárceles de Bolivia viven unas 13.500 personas privadas de libertad: casi 11.800 son varones y 1.700 son mujeres. La capacidad de todos los centros relacionada con la densidad de la población genera como resultado una cifra cinco veces mayor a lo establecido en la norma internacional (de 20 metros cuadrados por cada interno/a), aunque los recintos penitenciarios del eje central presentan niveles superiores, lo cual muestra un incremento totalmente desproporcional.

Asimismo, son notorios otros factores como la falta de asistencia jurídico-legal, ya que el número de abogados del Servicio Nacional de Defensa Pública para todo el país, es insuficiente; hay limitados recursos humanos en el Órgano Judicial; la alimentación al interior de las cárceles es pésima; hay una deficiente atención médica; la convivencia en un mismo espacio entre presos reincidentes y condenados por delitos graves con los detenidos preventivos o los que delinquieron por primera vez promueve el abuso, la violencia y dificulta la reinserción y, finalmente, la desigualdad y los privilegios generan también un sistema de discriminación en razón de la capacidad económica.

Aunque es evidente que para asegurar un margen de seguridad y respeto a los derechos a la vida, la integridad y la propiedad, el Estado debe contar con instituciones que hagan cumplir la norma y que sancionen en caso de vulneración, la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla. De esta forma, cuando se implementan medidas como una ley de endurecimiento de penas, se debe tomar en cuenta que si bien dicha determinación puede responder a una demanda o ideario, ello no implica necesariamente el abordaje correcto del complejo entramado descrito antes.

Como institución, destacamos el esfuerzo que realiza el Estado para enfrentar el problema. Hay avances en la gestión carcelaria a través de normativas, mayor inversión y mejora de los mecanismos de control, aunque paradójicamente no se está trabajando de manera efectiva para reducir la retardación de justicia o enfrentar el incremento de las detenciones preventivas.

En ese sentido, la adopción de una medida como el indulto, es positiva a partir de razones humanitarias; pero no soluciona temas estructurales de la realidad penitenciaria en el país.

La decisión de otorgar el beneficio de la libertad a grupos altamente vulnerables como las personas adultas mayores, los enfermos terminales, personas con discapacidad, adolescentes imputables y jóvenes hasta 25 años que hayan cumplido una tercera parte de su condena o pena privativa de libertad, padres con hijos menores de 12 años y otros, es una señal de sensibilidad genuina más allá del intento por disminuir los niveles de hacinamiento y muestra que hay voluntad política para solucionar la compleja problemática y es una medida que desde la Defensoría hemos apoyado y felicitado.

Es importante seguir en este camino, enfrentando, por ejemplo, con mayor voluntad el tema de los niños y niñas que viven en las cárceles, la implementación de efectivos programas de reinserción, la reforma al sistema de control y administración de los centros penitenciarios y la creación de instituciones que auxilien a los libertos a reinsertarse a la sociedad cuando abandonen la cárcel, etcétera; no obstante, es aún más importante trabajar en la prevención y en la reestructuración del sistema judicial; ambos aspectos considerados de manera integral y articulada.

Es elemental, también, implementar mecanismos que aseguren que el beneficio llegue a todos los que están comprendidos en sus objetivos sin discriminación ni preferencia; empero, y ser muy cuidadosos en los mecanismos para gestionar los procesos abreviados mencionados en la normativa, ya que se puede correr el riesgo de generar una tendencia a la autoinculpación o incriminación para lograr la libertad y esto podría afectar a personas inocentes. Creemos que las limitaciones en cuanto al tipo de delitos excluidos y las condiciones especiales son coherentes y guardan relación con los principios de justicia y derecho.

Cuando una sociedad privilegia la visión hacia los mecanismos de punición antes que la educación y la prevención, se verá enfrentada a la disyuntiva de tener que tomar medidas excepcionales para enfrentar las consecuencias de su propia falta de previsión y esto, aunque resulta efectiva y moralmente plausible, no aportará a la solución definitiva y permanente del problema.

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