Animal Político

Registro del productor y su terreno

El sector cocalero hoy tiene un decisivo poder político, por esto es muy importante la actitud que asuma; en todo caso, debe demostrar su apego a la Constitución y las leyes y aportar a los ingresos del país pagando un impuesto.

La Razón (Edición Impresa) / Henry Paredes Polo es miembro de la agrupación Todos por Cochabamba

00:00 / 16 de abril de 2017

El 11 de octubre de 2011, en mi condición de asambleísta departamental de Cochabamba, preparé y presenté el proyecto de norma: “La creación del Impuesto a la Producción de Coca Legal”.

La Constitución Política del Estado prevé en su Artículo 8.II que “el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad (…), equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

Dentro de este contexto, y existiendo la necesidad de que la distribución de beneficios y obligaciones sea equitativa para toda la población cochabambina en el departamento, se ha visto la posibilidad de crear impuestos que generen nuevos ingresos para lograr esa igualdad y equidad prevista en la Constitución.

A partir de un análisis de la situación de nuestro departamento, se ha verificado que existen regiones deprimidas y poca disponibilidad de ingresos por las vías ya establecidas, surgiendo en consecuencia la necesidad urgente de crear nuevos ingresos departamentales para atender a estas demandas, logrando una justicia social, haciendo que los que tienen aporten más, para que los que tiene menos reciban mayores beneficios.

Dentro de este análisis se ha observado que hay regiones en el departamento de Cochabamba que tienen actividades económicas en el desarrollo sostenido, lo cual está dando como resultado una gran prosperidad de esas regiones; es el caso del trópico cochabambino.

En esta región se tiene un tope de producción legal de hoja de coca que ha sido, es y será sostenido en el tiempo por la demanda en el consumo tradicional que tiene este producto agrícola en la población boliviana.

Ahora bien, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, en su Artículo 300 inciso 22, son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción, la “creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales”. De igual manera, el Artículo 323 de esta misma norma fundamental del Estado establece, en su parágrafo II, que “(…) Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario  de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente”.

Finalmente, el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental, con respecto a las atribuciones de este Órgano, dispone en su Artículo 6.5 que “A iniciativa del Órgano Ejecutivo o de las y los Asambleístas, previa consulta al Órgano ejecutivo, crear, modificar y/o suprimir impuestos, tasas y contribuciones de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales dentro del ámbito de sus competencias”.

De este modo, el proyecto de ley departamental del impuesto a la hoja de coca tiene importantes objetivos:

1. Registro de los productores de coca.

2. Mensura y registro de los terrenos que utilizan para su producción.

3. Sistema de control de proveedores de insumos y la emisión de factura a los compradores de este producto (coca).

4. Creación de un impuesto anual que debe ser cancelado en el Sistema Nacional de Impuestos.

5. El porcentaje o monto tiene que ser discutido entre el Estado, gobernaciones y los productores de la hoja de coca.

• Debe crearse un reglamento que acompañe a la Ley del impuesto a la coca.

• Todos somos iguales ante la ley, tenemos derechos y obligaciones, y uno de ellos es aportar al erario nacional.

La creación del impuesto a la coca es una temática que está en el debate nacional. Deben ser los órganos legislativos nacionales o departamentales los que lleven a debate dicha discusión.

El sector cocalero tiene parlamentarios nacionales y departamentales (asambleísta) que deben contribuir a la propuesta de creación del impuesto a la coca. A inicio de cada año, en el trópico cochabambino se lleva a cabo una Reunión de Evaluación de la Gestión Gubernamental, con esto se demuestra el poder que tiene este sector en el actual gobierno.

Por lo tanto, también deben ellos aportar a los ingresos del país pagando un impuesto. Sin lugar a dudas, este tributo tiene varias aristas a ser debatidas, existen opiniones a favor de dicho impuesto, como ciudadanos que están en contra del tributo.

El sector cocalero en la actualidad tiene un decisivo poder político, por esto es muy importante la actitud que asuma; en todo caso debe demostrar su apego a la Constitución y las leyes.

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