Animal Político

Regular las RRSS: Nuevas perspectivas

El autor plantea regular a las empresas proveedoras de servicios en las redes sociales sobre la base legal existente en el país.

La Razón (Edición Impresa) / Idón Chivi Vargas

00:00 / 23 de julio de 2017

Se imaginan a Marx escribiendo en Facebook El Manifiesto Comunista? ¿A Lenín tuiteando Las tesis de abril? ¿O, más antes en la historia, a Olympe de Gouges repartiendo por YouTube la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? ¿Se imaginan a la derecha de esos tiempos anunciando el fin del mundo con el comunismo, difamando a Marx como ateo, a Lenín de terrorista y a Olympe de Gouges de loca? No es difícil imaginarse a la derecha.

Una amenaza de muerte al presidente Evo, en un mensaje de Twitter,  tuvo la virtud de reabrir un debate inconcluso en el país: ¿Es posible regular a las redes sociales (RRSS)?

Después de un idilio de las izquierdas sociológicas con las RRSS (Castells: 2017), los estudiosos del área hoy están preocupados por “los efectos perversos de las RRSS” (Lobo: 2017) en la “construcción de la opinión democrática” (Transfeld y Werenfels: 2017).

Fue la canciller alemana, Ángela Merkel, quien en noviembre del año pasado dedicó todo un mensaje a la  peligrosidad de las noticias falsas, las amenazas y los crímenes de odio en las redes. Lo dijo y para el 30 de junio de este año el Parlamento alemán aprobó una ley que sanciona con un máximo de 50 millones de euros a las empresas de redes sociales que “no sean capaces de detener los crímenes de odio en sus portales”.

En Ecuador, Rafael Correa, el último día de su gestión (23 de mayo 2017), presentó al Congreso de su país el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, donde, de igual modo, el Estado se concentra en los proveedores de los servicios, generando la obligación de que las empresas tomen acciones para dar adecuado “tratamiento de contenidos e información que puedan constituir actos de discriminación o de odio” (Art. 2). Señala además en su artículo tercero que “los proveedores de servicios de redes sociales elaborarán un informe trimestral en lengua castellana, relacionado a la gestión de reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presenten los usuarios”¿Entonces el tema pasa por las empresas?

Sabemos que las empresas que proveen los servicios tienen que asumir su responsabilidad, una responsabilidad además ofertada por ellos mismos. Son un negocio como cualquier otro y se sujetan a leyes nacionales donde desarrollan sus actividades.

Facebook, por ejemplo, tiene reglas del usuario que señalan en qué casos los mensajes y las cuentas pueden ser bloqueadas: a) amenazas directas; b) conductas suicidas; c) organizaciones peligrosas; d) bullying y acoso; e) ataques a personajes públicos; f) promover actividades delictivas; g) promoción de violencia sexual, y h) venta de medicamentos regulados.

Pero no pasa nada… Por otro lado, las RRSS dieron un giro totalmente perverso con la incorporación de aplicaciones de carácter publicitario. Trolls (cuentas fantasmas “incomodantes”), fake news (noticias falsas), social bots (cuentas “automatizadas”), o los astroturfing (ilusión de apoyos masivos) son usados prolíficamente por las derechas de Latinoamérica.

Una revisión a la cuenta Twitter del presidente Morales nos da una enorme lección sobre cómo las cuentas bots hacen gala de un modelo de opinión fuertemente racista.

Pero además constituye un modelo analítico sobre la dinámica de los activistas en Bolivia, Venezuela y Chile, debido al apoyo brindado a Venezuela y la cuestión del mar para Bolivia, amén de la derecha boliviana

¿Qué hacer? En el marco de la Ley 045, incorporar en el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo al Ministerio de Comunicación, para que sea esta entidad la que haga el análisis de contenido a mensajes racistas y/o discriminatorios en medios virtuales repetidos sistemáticamente.

Incorporar en la Ley 045 la obligatoriedad de que las empresas de servicios en plataformas virtuales hagan esfuerzos suficientes para la elaboración de informes sobre las medidas tomadas para evitar los delitos de odio.

En el Decreto Supremo 0762 incorporar sanciones de la ATT a las empresas proveedoras de servicios por no hacer esfuerzos suficientes contra los crímenes de odio con base en dictamen e informe emitidos por el Ministerio de Comunicación y el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo.

Incorporar, además, la obligatoriedad de que los ministerios de Comunicación y Culturas, las gobernaciones, municipios y autonomías indígenas desarrollen un fuerte proceso de educación a través de las redes sociales a padres de familia y estudiantes, para que unos se cuiden y otros aprendan a cuidarse de las agresiones criminales que circulan por la red virtual.

  • Idón Chivi Vargas es abogado aymara  y analista de temas políticos

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