Animal Político

Renunciar al secreto, el nuevo factor

Hasta el 15 de agosto eran 21 autoridades que renunciaron a la confidencialidad de su cuenta bancaria.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Z. es periodista

07:00 / 22 de agosto de 2018

La renuncia a la “confidencialidad de las operaciones financieras” (que es como en el país se llama al ‘secreto bancario’) se perfila como un nuevo factor en el quehacer político nacional. El punto es que aún siendo un derecho personal, parte de la doctrina del habeas data y del secreto profesional, la actual norma de lucha contra la corrupción ofrece al funcionario público la posibilidad de levantarlo en aras de transparentar su gestión: “Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones”. (Artículo 20 de la Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz). 

Por otro lado, si bien la confidencialidad de las operaciones financieras es un derecho constitucionalizado (artículo 333 de la Constitución), también es un factor en el control fiscal que el Estado debe ejercer para evitar tanto la evasión tributaria como el lavado de dinero ilícito.

NORMAS. Mientras que para lo primero (la vigencia de la confidencialidad y la posibilidad de levantarla), ya existe la norma, para lo segundo (la confidencialidad como factor de evasión tributaria) se discutirá en la Asamblea la forma de mejorar su regulación; y es que determinar el alcance del ‘secreto bancario’ (de públicos y privados) y la capacidad del Estado para su fiscalización fue una de las conclusiones de la investigación sobre los Papeles de Panamá.

Lo peculiar de este nuevo debate es que llegó como rayo en cielo sereno: el pedido del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García de levantar el secreto bancario fue hecho en 2009. La actual directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, si bien afirma desconocer la razón específica de la demora, también presume que acaso se trató de la poca claridad en la norma, ya que el pedido de ambos mandatarios fue antes de la Ley Quiroga Santa Cruz (marzo de 2010) y de la Ley de Servicios Financieros, de agosto de 2013.  

Pero está instalado el debate: primero, en menos de dos semanas (hasta el 15 de agosto), ya eran 21 las autoridades que renunciaron a su secreto bancario: 19 del oficialismo y 2 de la oposición; y, segundo, entre legisladores oficialistas surgió la iniciativa de que levantar la confidencialidad sea un requisito para futuros candidatos en elecciones.

Revisando las cartas de pedido de levantamiento, salta a la vista el mismo tenor, y es que la UIF ofrece una carta modelo para el trámite; por esta razón destaca la misiva del diputado opositor Wilson Santamaría, que en su parte final añade el pedido de que se le verifique si tiene cuentas en el exterior del país, “con una retroactividad de 15 años”.

En lo relativo a la posibilidad de incorporar el levantamiento como requisito a futuros candidatos, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) David Ramos aclaró que ésta es solo una “iniciativa”, que se debatirá en lo que viene de la gestión; indagado acerca de si esto tiene que estar definido antes de las elecciones de 2019, Ramos señaló que se espera que sea así, aunque no adelantó plazos. “En todo caso —remarcó— hay la iniciativa de modificar la ley electoral, que se pueda establecer como un requisito para los futuros candidatos en las elecciones de 2019, para saber exactamente el origen de sus recursos e ingresos, en primer lugar, y con cuánto ingreso y patrimonio accederían a estas funciones públicas”. Esta medida, asegura Ramos, fortalecería en mucho la confianza, credibilidad y legitimidad del futuro servidor público.

Espere…

DERECHO. Sobre el punto, el hasta esta semana único diputado opositor que solicitó el levantamiento, Wilson Santamaría, apuntó la imposibilidad de establecer la obligatoriedad para los candidatos, pues estando en la Constitución la confidencialidad como un derecho, para obligar al funcionario a levantar el secreto, se tendría que cambiar esta parte de la Carta Magna.

De aquí, según Santamaría, lo mejor más bien es enfatizar en el carácter voluntario de este procedimiento.

Aquí cabe agregar, apunta Teresa Morales, que ya existe experiencia al respecto; citó el caso de Ecuador, que por referéndum aprobó que los futuros candidatos en elecciones deben demostrar que no tienen dinero en los llamados paraísos fiscales. El paraíso fiscal en el fondo permite dos cosas, señala Morales: que no se cobra impuesto, y que se oculta la identidad del verdadero dueño de los recursos; en este sentido, aclara, no se trata de ninguna persecución a las fortunas, sino al delito, al hecho de ocultar el dinero mal habido. 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, la directora de la UIF, Teresa Morales, aclara que el levantamiento de las cuentas bancarias del Presidente y del Vicepresidente es desde el primer día que asumieron el cargo, y durará hasta que terminen su gestión. Dos aspectos importantes de aclarar son: uno, que en todo caso lo publicado en la web es un resumen, pues siendo información bancaria, ésta es enorme (se registra hasta los retiros de cajeros automáticos); con todo, Morales aclara que quienquiera puede solicitar la información específica y que la propia UIF está viendo cómo mejorar la difusión de esta información; lo segundo es que cada tres meses se actualizará el movimiento de las cuentas, de modo que se podrá hacer el correspondiente seguimiento.

En las cartas remitidas a la UIF por las demás autoridades no se especifica desde cuándo rige el levantamiento, simplemente se hace conocer la “renuncia voluntaria al secreto bancario”, con la aclaración de que cuando se deje el cargo, el levantamiento también quedará sin efecto.

La renuncia a la confidencialidad también será un buen complemento a la hoy vigente Declaración jurada de bienes que presentan los funcionarios públicos; aquí, Morales reconoce la posibilidad de que la gente se equivoque o mienta sobre sus bienes, pero en el caso de la cuenta bancaria, siendo “información dura del sistema financiero”, se puede hacer un mejor seguimiento de la vida económica del funcionario.

LEYES. Sobre el hecho de que el secreto bancario “ya no existe”, como afirmaran los opositores, Morales remarcó que “eso no es verdad, porque en el mundo no hay país en el que alguien vaya y averigüe la cuenta de cualquiera. Está vigente el secreto bancario, la confidencialidad de los datos, porque es parte del habeas data, y en el país está protegida en la Constitución, en el artículo 333.

Con respecto a lo dicho por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en sentido de que lo registrado en las cuentas bancarias es lo que menos se ve, existiendo otra economía “negra” fuera del sistema financiero, la directora de la UIF destaca que en el mundo actual, interconectado de innumerables maneras, “es muy difícil mantener el dinero fuera del circuito bancario”.

“En realidad, en el mundo, esto del manejo físico (del dinero) tiene límites, por eso existe todo un delito que se llama lavado de dinero; el dinero físico puede moverse un poquito, pero cuando es una fortuna grande necesita lavarse, introducirse al sistema financiero, legalizarse, porque de manera ilegal es siempre muy perseguido, para circular, para pagar”.

Cuando uno va al banco a depositar una cantidad, el banco pregunta de dónde viene esta plata, recuerda, “y si uno no sabe explicar, la UIF le investiga; entonces, no es tan fácil de decir ‘yo manejo en mochilas mi dinero’ y que la gente compre y venda cosas”; en compra de autos con dinero en físico, por ejemplo, el vendedor tiene que reportar el hecho; en todo lugar tiene que justificarse el origen del dinero, señala Morales: “no puede salir del aire, porque eso es lavado de dinero; no es verdad que el dinero negro viva tan feliz; existe el lavado de dinero y todos los países lo combaten; además, el dinero negro si no se lo lava, en últimas no sirve”.

En lo relativo al nexo que puede haber entre el secreto bancario y el intento de utilizarlo para la evasión y para sacarlo a paraísos fiscales, la directora Morales afirma que es urgente una futura Ley contra el uso de los paraísos fiscales”.

“Para que eso no suceda en Bolivia, es necesario hacer una ley contra el uso de los paraísos fiscales, que está planteada en el Parlamento y que mejora los alcances que tiene la UIF para investigar a estas personas; está en proceso de debate legislativo. Entonces la UIF podrá conocer, por ejemplo, no el ‘dueño’ del dinero, porque se usa palos blancos, sino el auténtico propietario. Esto, para controlar la salida de dinero”.

Santamaría aquí habla de la necesidad de reformar varias leyes. La comisión de Papeles de Panamá ha propuesto todo “un paquete de modificación normativa, que pasa por cambiar la Ley de bancos, la Ley de servicios financieros, la Ley del Banco Central y la Ley de Organizaciones Políticas. Para evitar el lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, es el organismo electoral el que tiene que tomar las medidas adecuadas para hacer esa verificación. No es un tema individual, sino institucional, que tiene que ver con varias políticas”.

El opositor insiste en que el renunciar al secreto bancario debería ser una “decisión éticamente obligada, porque aquella persona que se va a involucrar en la administración del Estado tiene que tener la madurez suficiente para transparentar sus movimientos bancarios, incluso en el exterior del país”.

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