Animal Político

Responsabilidad en el Estado Plurinacional

Memorias de junio

La Razón / Mauricio Quiroz

00:02 / 15 de julio de 2012

Las condiciones de acceso a la información han empeorado en el mundo, según ha dicho la organización no gubernamental Press Emblem Campaign (PEC) en su informe semestral, publicado a inicios de julio en Ginebra. La base del informe es el recuento de periodistas asesinados desde enero a la fecha, 72 en 21 países, entre ellos Bolivia con dos comunicadores fallecidos, según el informe que no precisa las causas de estas pérdidas.

La organización ha explicado que este dato refleja un incremento del 33% si se lo compara con el número de víctimas registrado durante el primer semestre de 2011. “Si la situación persiste, el 2012 verá un récord sin precedentes en el número de periodistas asesinados”, afirmó el secretario de PEC, Blaise Lempen.

La lista está liderada por Siria, con 20 periodistas asesinados. Allí las autoridades han llegado a bloquear la información sobre las violaciones masivas de derechos humanos. De hecho, la organización ha registrado violaciones a las libertades, especialmente en los países donde se ha registrado el fenómeno sociopolítico de la “primavera árabe” desde fines de 2010.

En Latinoamérica, México encabeza el recuento con ocho fallecidos y luego aparece Brasil, que ocupa el quinto lugar —a escala global— como país peligroso para profesionales de medios, con seis periodistas asesinados; Honduras cuatro, y Haití con uno.  El informe fue entregado al relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue.

Si estas cifras generales proveen la cimiente de una reflexión a escala global, se requerirá de un ejercicio mucho mayor para establecer alguna claridad sobre lo que realmente está ocurriendo respecto del ejercicio de nuestras libertades y las tentaciones recurrentes para anularlas. “Estoy decepcionado. El 11-S acabó con el buen periodismo. Con la excusa de la seguridad nacional la prensa estadounidense dejó de hacer preguntas, ya no cuestiona el poder.

Creía que aquello acabaría tras los años oscuros de la administración de Bush, pero con Obama no ha mejorado. Los periodistas de hoy siguen haciéndole el juego al Gobierno, son como funcionarios. Falta curiosidad y escepticismo en el tratamiento de Irak, Afganistán o incluso Siria. Y el ciclo de noticias de 24 horas que impone la red no ayuda porque los convierte en animales carroñeros (...) no es un buen momento”, asegura Gay Talense, el veterano periodista del New Yorker, quien acaba de entregar el libro Vida de un escritor. Sus detractores en Estados Unidos y América Latina le han tachado de generalizar el diagnóstico, un poco como lo que sucede con los informes de recuento internacional.

En una reciente charla con periodistas de todo el país, el presidente de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe, llamó la atención sobre la responsabilidad social que debe ejercer el periodismo en nuestro país y su papel frente al poder democrático constituido a merced de la sana investigación. “Cuando la prensa es perezosa, quienes investigan son los interesados en mostrar su verdad, siempre en función de intereses particulares”. ¿La prensa es perezosa en Bolivia? La respuesta la tendrá el gentil lector al contrastar la realidad.

Pero los informes internacionales no suelen detallar las pateaduras ni las amenazas que sufren a diario nuestros periodistas. En el reciente motín de la Policía —¡qué agitado ha sido junio!— se han contabilizado al menos 14 agresiones contra periodistas, especialmente contra los colegas de los medios estatales. Que los efectivos del orden hayan provocado estos desórdenes ya constituye un reporte específico, un hecho repudiable.

Hay otras pateaduras que vienen de otros sectores, en otros casos amenazas veladas que encubren intereses específicos de controlar los mensajes periodísticos, de promover la propaganda a costa del desprestigio de los comunicadores. Habrá que asustar al mensajero para que el mensaje no llegue a los públicos.

En junio, la posesión y control de la mina Colquiri provocó un enfrentamiento entre mineros, que destruyó las emisoras Vanguardia y Cumbre, propiedad del sindicato minero Colquiri y de la Cooperativa 26 de Febrero, respectivamente. Las radios mineras, marcadas por un carácter de propiedad sindical/colectivo, expresan una experiencia única sobre la democratización de la comunicación y la información y la comunicación. Por eso esta noticia es mucho más dolorosa y de momento quedó soslayada de los informes internacionales.

Durante el agitado junio, los medios y los periodistas también le han dado espacio a las denuncias de golpe de Estado que hizo el presidente Evo Morales y varios de sus más estrechos colaboradores. El 27 de junio por la noche, el vicepresidente Álvaro García Linera salió en tres canales de televisión a la vez para entregar detalles sobre estas denuncias.

¿Era necesario tanto despliegue? ¿Cuántos han caído en manos de la Justicia debido a estas graves denuncias? Una vez más, el gentil lector tiene la palabra. Hace siete meses, el Gobierno se reunió con varios sectores sociales y sindicatos, la mayoría de ellos cercanos al proyecto político vigente desde 2006 por efecto del voto ciudadano.

En cuanto a los medios, en aquella oportunidad se llegó a plantear “una adecuación” de la Ley de Imprenta a la nueva Constitución Política del Estado, un asunto polémico y sujeto a un debate mayor, aunque el presidente Evo Morales se comprometió luego a no promover cambios en la norma.

Sin mucho aspaviento, también se propuso “la democratización” de distribución equitativa de la publicidad estatal a los medios de comunicación comunitarios o vinculados con las organizaciones sociales. Una propuesta compleja debido a los mecanismos del mercado que rigen en la administración pública para estos casos.

En el caso de la prensa, no es el mercado el rector de su actividad, especialmente en cuanto a los mensajes. Existe una corresponsabilidad con el Estado para facilitar la autorregulación, establecida constitucionalmente, para potenciar los tribunales de ética que funcionan en el país gracias a la cooperación internacional.  La democracia exige siempre mayor esfuerzo para entender, para cambiar, para evitar las vagas generalizaciones.

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