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Riesgo de que cárteles enraícen sus tentáculos ocupa al Gobierno

Los emisarios de bandas brasileñas operan en lugares donde existe poca densidad poblacional o que son zonas alejadas y donde la presencia institucional del Estado es débil.

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La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista

00:00 / 14 de mayo de 2017

Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) son organizaciones criminales que ocupan la atención del Gobierno. ¿Por qué? Su participación en robos, atracos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y de armas se manifiesta en el país y el riesgo de eso es que puedan enraizar sus tentáculos en territorio boliviano; las autoridades lo saben, por eso toman acciones.

Son al menos cinco hechos delictivos —uno de ellos ocurrido en 2013, otro en 2016 y cuatro en lo que va de esta gestión, en Santa Cruz y Pando— que involucran a miembros de esos dos cárteles brasileños. (Ver detalle en la infografía)

Esa presencia preocupa, admite el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien, sin embargo, aclara que esos hechos delictivos fueron perpetrados por emisarios y descarta que estos grupos violentos se hayan establecido para operar en la jurisdicción nacional.

Romero basa su afirmación en el hecho de que “no hay un interés estratégico directo (de estas organizaciones) de instalar una estructura en Bolivia. El país sirve para lo que se ha utilizado hasta ahora, para un territorio de tránsito”. Y eso se debe a que la nación no es precisamente productora de droga, como México o Colombia, ni hay un control sobre los mercados de comercialización, como ocurre en Brasil.

“Siempre tenemos que estar preocupados por lo siguiente: el fenómeno delictivo no tiene fronteras, por eso son delitos transnacionales; no es que vamos a estigmatizar a peruanos, brasileños o colombianos, el fenómeno delictivo es social y de mercado, se mueve en función del costo-oportunidad”, dice el ministro.

Sin referirse específicamente a Bolivia, agrega que los estados “pueden, sin querer”, brindar condiciones favorables al delito, o también generar una suerte de obstaculización del desarrollo de la actividad criminal; “a eso se llama el fenómeno del efecto globo, que significa que el delito se desplaza a los lugares donde hay menos presión o hacia los lugares donde hay un mejor costo-oportunidad”.

El exministro de Gobierno Saúl Lara coincide en que si bien estos cárteles no se han establecido en el país, como sucede en Colombia, México o Perú, su actividad en territorio boliviano es notoria y preocupante, y dice que en la medida en que no se combata al narcotráfico seguirán expandiendo sus acciones, con consecuencias para la sociedad, por la violencia que pueden ejercer, y porque, igual como sucede en esos países, pueden perforar la institucionalidad política, judicial y policial.

Y el escenario en Bolivia es propicio —complementa el analista en materia de seguridad Samuel Montaño— porque la justicia es débil, lo mismo que la estructura de la Policía Boliviana.

Las autoridades nacionales identificaron que la actuación de los emisarios del PCC y CV se focaliza en zonas donde la presencia institucional del Estado es débil, es decir, la Chiquitanía, la Amazonía o el Chaco.

Esas regiones —afirma Romero— son vulnerables a la instalación de laboratorios de cristalización de cocaína porque son extensas en territorio y con pocos habitantes. Pero, además, las ciudades intermedias como Roboré o capitales, como Cobija (Pando), donde se suscitaron hechos delictivos recientemente, también son atractivas para otro tipo de delitos por la escasa presencia policial.

Igual opina Montaño, quien dice que estos grupos pueden amedrentar a la población con su armamento. Y en ese caso, asegura, poco pueden hacer los efectivos policiales, no solo porque su presencia en cuanto a cantidad es reducida, sino porque no están preparados para responder a este tipo de delincuentes, que no son comunes.

Si bien la actuación de los emisarios del PCC y del CV está fundamentalmente vinculada al narcotráfico, éstos realizan otras actividades, con el fin de financiarse. “Aseguran contactos para, eventualmente, la provisión y tráfico de armas, realización de atracos dirigidos a capitalizar el cártel para el trasiego de droga o para la contratación de servicios, que pueden ser pilotos, avionetas para vuelos irregulares, transporte y logística”, sostiene Romero.

TAREA. Y es que este tipo de grupos se asemeja a una organización empresarial que financia la adquisición de materia prima (pasta base de cocaína), compra de insumos (para la cristalización), transporte y búsqueda de nuevos mercados.

“Infelizmente”, complementa Lara, estas organizaciones generan actividades colaterales o afines, unas dedicadas al blanqueo de dinero, pero también acciones violentas como la de los sicarios, que protegen, cobran cuentas o llevan adelante operaciones del tráfico, venta o importación de droga y armas. Y su pelea por el control del mercado de estupefacientes en territorio brasileño, según Romero, hace que estos grupos intensifiquen su presencia no solo en el país sino en Paraguay.

Y eso se pone de manifiesto porque los atracos sufridos en Roboré, Santa Cruz, con la remesa de Brinks y a la empresa de caudales Prosegur, en Ciudad del Este, principal centro de comercio de Paraguay, tienen cuatro características comunes: primero, que detrás de estos hechos hay una organización criminal estructurada; segundo, tienen alta capacidad militar y de manejo de armas de grueso calibre; tercero, hacen una planificación adecuada de un atraco, con el seguimiento correspondiente, y, cuarto, tienen información local. Con todo ello, asegura Romero, perpetraron golpes en zonas donde la presencia policial es débil.

Pero no solo eso; en el caso boliviano hay colaboración local, aunque no necesariamente de redes que hayan sido establecidas por ellos. “No es posible que delincuentes extranjeros actúen sin colaboración local, eso es imposible, y consiguen esa ayuda, pero hasta ahora, en nuestra experiencia, ha sido  específica vinculada a los golpes que han planificado”, expresa Romero.

Y frente a este tipo de hechos, toca actuar. Según el Gobierno, las acciones de combate a los cárteles brasileños deben partir del propio Gobierno de Brasil, con el que Bolivia colaborará “en el marco de nuestra responsabilidad común con las acciones que sean necesarias en territorio boliviano para evitar que estos cárteles nos utilicen como un territorio de refugio o de complementación de sus actividades criminales y lo mismo tendrá que suceder con Paraguay, Perú y Chile”, afirma el ministro.

Con ese fin, las policías de los dos Estados se reunieron el viernes 27 de abril en Santa Cruz y acordaron realizar megaoperativos en la región fronteriza; pero la ejecución de esas acciones requiere de decisiones a nivel político, que Romero espera que avancen rápidamente. “Por nuestra parte, estamos listos porque, obviamente, los comandantes (de las policías) han intercambiado información, saben lo que hay que hacer; operativamente, está más o menos planificado.

Depende de las decisiones políticas”. Y apela a una reunión de alto nivel con el Ministerio de Justicia, que es el par de su despacho en la vecina nación, para que se puedan agilizar esas decisiones.

DILIGENCIAS. Si todo avanza con celeridad, se espera que el primero de estos megaoperativos se ponga en marcha en Corumbá (Brasil), frontera con Puerto Suárez (Bolivia), en unas dos semanas.

Para ello, la apuesta es que se desarrollen “operativos sincronizados”, que implican que las policías de ambos países tendrán oficiales de enlace, quienes intercambiarán información acerca de la composición, los movimientos y las actividades en las que pueden estar involucradas las organizaciones criminales.

Harán un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitirá planificar los golpes a estos grupos delictivos, a través de patrullajes, rastrillajes, captura de gente ilegal, por lo que se prevé la participación de las fuerzas antidrogas, anticrimen, Migración, Aduana, precisa Romero.

A fin de que estas intervenciones sean exitosas se las realizará de manera simultánea en diferentes poblaciones, pues ello impedirá el desplazamiento de los delincuentes.

“Los operativos tienen que hacerse en anillos que ataquen y cierren la posibilidad de escapatoria en lugares más o menos amplios”, precisa el ministro. Para que la información a estas bandas no se filtre, los dispositivos de seguridad serán rotatorios y se dispondrá que las movilizaciones sean sorpresivas.

Pero además de lo que ocurre con los cárteles brasileños, el Gobierno está expectante a lo que sucede en Colombia con el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país (FARC) “Alentamos que la gente que normalizará su vida en Colombia, pero no descuidamos la posibilidad de que algunos contingentes involucrados en la guerra interna en ese país también puedan reciclarse en actividades criminales”, explica.

Con esto coincide el analista Montaño, quien indica que el proceso de desmovilización en Colombia comenzó hace tres años y dado que la gente fue reclutada en su momento no aprendió otra cosa “que apretar el gatillo”, lo más probable es que éstas migren y busquen trabajos violentos, como el servicio de sicarios, secuestros o asaltos. Hay que estar atentos, concuerdan.

Cárteles y su accionar en otros países

¿Qué caracteriza a un cártel y por qué se descarta que se hayan establecido en Bolivia? El ministro de Gobierno, Carlos Romero, enumera al menos cuatro razones, entre ellas control territorial, de instituciones políticas y estatales, grupos militares y violencia.

Para empezar, los cárteles se hacen del control de determinados territorios, lo que se traduce en una dependencia de la población local a la actividad que desarrolla, es decir, una subordinación laboral y económica al negocio de la droga. “Eso también la convierte en una población cómplice, que ‘legitima’ al cártel y lo defiende militantemente”, manifiesta Romero.

Una segunda característica es que estas organizaciones logran penetrar en la institucionalidad pública y privada local, es decir, en empresas privadas y en el accionar político, pues determinan quién será la autoridad política o financian campañas electorales o se deshacen de los contendores que pueden ser incómodos.

Tercero. Estas estructuras cuentan con dispositivos militares capaces de enfrentarse a las fuerzas del Estado.

Cuarto. Se maneja con sicarios para ajustes de cuentas o vendettas, en caso de compromisos no cumplidos o de acciones de violencia que necesita desplegar.

“En torno al cártel se construye una jurisdicción territorial fáctica, donde la institucionalidad y normativa del Estado son desalojadas de esos lugares”, dice Romero.

Dado que esas condiciones no se cumplen en el país, afirma que esas organizaciones no se establecieron en Bolivia, pero sí hay emisarios que vienen a realizar actividades vinculadas al tráfico de drogas, porque son comercializadores de esos productos.

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