Animal Político

Rolando Villena: El poder siempre debe estar bajo vigilancia pública

El obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia y expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, el hoy defensor del Pueblo, Rolando Villena, destaca el carácter eminentemente político del trabajo de la Defensoría.

Rolando Villena.

Rolando Villena. Foto: Ángel Illánes.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:03 / 30 de noviembre de 2014

En octubre, la Defensoría del Pueblo cumplió 16 años de vigencia, desde 1998. La entidad, señala la Constitución, es uno de los dos órganos encargados de la “función de defensa de la sociedad”; el otro es el Ministerio Público. Cuando define la naturaleza de la Defensoría, la Constitución le encarga velar por la vigencia de los derechos humanos, individuales y colectivos, ante “la actividad administrativa de todo el sector público” además de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Contra la percepción de que la labor defensorial sea meramente jurídica, técnica o de protesta administrativa, el defensor Rolando Villena de entrada llama la atención sobre el carácter político, por definición, de su trabajo; de aquí, se puede decir, su “obsesión” sobre el poder (“obsesión” en el segundo sentido que da la Academia de la Lengua Española; o sea, no como una “perturbación anímica producida por una idea fija”, sino más bien como una “idea que con tenaz persistencia asalta la mente”).

— ¿Qué peso ha tenido ‘lo político’, la defensa de los derechos políticos, en la labor defensorial?

— Un principio que he mantenido por más de 30 años de vida dedicada a este tema es que los derechos humanos son un asunto político, porque afectan a la gente, al pueblo, en especial a quienes son marginados, perseguidos o discriminados. La lucha incansable de los pueblos indígenas, del movimiento obrero y popular o de quienes dieron su vida en las jornadas de octubre (de 2003), era una lucha política porque reivindicaban derechos. La lucha de las mujeres bolivianas contra la violencia es también una acción de reafirmación política por la igualdad. Hay una tendencia a distorsionar el concepto de los derechos humanos, tratando de mostrarlos como algo únicamente jurídico o técnico, alejado de la realidad del pueblo, abstracto o etéreo, cuando en realidad la lucha por la defensa de los derechos humanos es una posición de vida que trasciende esta mirada; así lo entendimos y asumimos quienes dirigimos la Defensoría del Pueblo. Otra frecuente y tendenciosa distorsión es creer que lo político siempre tiene que ver con lo partidario. Aquí el reduccionismo o la simplificación resulta tan o más peligrosa que lo anterior.

— El abuso del poder acaso sea la primera y básica agresión a los derechos humanos.

— Por su naturaleza, el poder y la defensa de los derechos humanos siempre estarán en espacios diferentes. El poder de los hombres que golpean a las mujeres, de las autoridades que favorecen a sus afines y persiguen a sus opositores; el poder del empresario que paga menos a sus trabajadores o del oficial que tortura a sus soldados o del adulto que abusa de los niños, son formas de ejercer el poder que vulneran los derechos humanos y, por tanto, colisionan con las instituciones o personas que defienden esos derechos. En Bolivia todavía no hemos aprendido que ni la política ni el poder deben ser herramientas para el abuso y el beneficio personal y menos para vulnerar los derechos de los demás. Los políticos muchas veces no tienen la capacidad para analizar las repercusiones o resultados de sus decisiones y acciones, pero como sociedad tampoco hemos entendido que el poder debe estar siempre sometido al escrutinio y la vigilancia pública. Ambos factores tienen que ver con la debilidad de nuestras instituciones, que hacen permeable y muy flexible la aplicación y el cumplimiento de las leyes.

— ¿Qué ámbitos políticos o sociales requieren más del Defensor?

— En Bolivia vivimos un proceso rico en transformaciones estructurales, que alcanzan los ámbitos político, económico y cultural, que no pueden ser separados de la dinámica social; siempre existirá una correlación entre los derechos porque éstos no son divisibles. En Bolivia debemos trabajar más en la justicia, la violencia y la igualdad. En cuanto al derecho a la integridad, éste es constantemente vulnerado, afectando a mujeres, niñas, niños y adolescentes; pero también es afectado en recintos militares y policiales o en los linchamientos. Es un tema grave y urgente en el que lamentablemente no se ha encontrado una respuesta seria y consistente por parte de las instituciones del Estado. 

— ¿La Justicia?

— Lo propio ocurre con el derecho a la Justicia, uno de los ámbitos más críticos, especialmente en lo referido a la probidad, independencia, eficiencia, transparencia y accesibilidad. Hemos denunciado y demandado que se actúe de manera integral y efectiva para encarar su transformación profunda, pero hay una especie de lentitud, irresponsabilidad y desidia culpable para aceptar su insostenibilidad y, por tanto, para solucionar sus grandes problemas. También creo que el derecho a la igualdad y la no discriminación es un tema pendiente. Todavía subsisten mecanismos profundos como el patriarcado o el adultocentrismo que afectan el derecho a la igualdad plena a las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, o prácticas coloniales que discriminan a los indígenas y a las poblaciones vulnerables.

— Con todo, los derechos indígenas parecen ser los más ‘políticos’.

— Los derechos humanos son un tema político y este principio se expresa de manera más clara en el ámbito de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que aunque han sido incluidos en la Constitución y se los señala en la mayoría de las leyes del Estado Plurinacional, todavía no encuentran el camino para ser ejercidos y cumplidos plenamente.  La discriminación y el sentido de subordinación de lo indígena sigue siendo una forma habitual en que el Estado republicano, que no acaba de morir, se relaciona con la nueva realidad del Estado Plurinacional. Creo que ese es el eje del problema que hemos visto en la represión en Chaparina, en la injerencia y división de sus organizaciones, en la imposición de un modelo desarrollista que no considera sus propias visiones y concepciones de vida ni su relación inseparable de la Madre Tierra, en la afectación de sus territorios e incluso en la política para enfrentar los grandes problemas que aquejan a las naciones y pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.

— ¿Y los derechos políticos dentro de las comunidades, los chicotazos por no acatar una decisión, y eso?

— Creo que ese es un proceso lento que está encontrando trabas permanentes en su construcción y consolidación. Inicialmente debemos recordar que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas su derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado y al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. Este aspecto es fundamental para analizar el tema que usted me plantea. Sin embargo, también debemos entender que los pueblos indígenas, especialmente aquellos fuertemente permeados por el modelo del liberalismo democrático, han asumido ciertas prácticas nocivas, especialmente en la forma de hacer política, que no condicen con sus valores y principios ancestrales, siempre respetuosos de los derechos de la comunidad, sin perder de vista los derechos individuales.

— ¿Y los casos ‘no políticos’ pero de repercusión social?

— Reiteramos: todos los casos tienen carácter político y responden muchas veces a las formas en que la sociedad y el Estado asumen su relación con “el otro o la otra”, con las diferencias o con los opuestos. En cuatro años de mi gestión, hemos avanzado mucho en estos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que más de 300 niñas, niños y adolescentes que vivían con sus padres en centros penitenciarios (por las debilidades del sistema), puedan ser llevados a familias ampliadas u hogares de acogida; o que a través de una demanda de inconstitucionalidad se logre que el Tribunal Constitucional determine que los casos de grave vulneración a los derechos humanos en los recintos militares sean juzgados por la Justicia Ordinaria; o que se creen, dentro de los municipios, espacios de defensa de derechos de poblaciones vulnerables como los Centros de Orientación Sociolegal para el Adulto y Adulta Mayor o el Defensor del Paciente; o que se genere una mayor sensibilización y conciencia social respecto al problema de la violencia; o que las instituciones nacionales e incluso internacionales formen redes contra la trata y tráfico de personas, entre otros.

— ¿Cómo evalúa la respuesta del Estado en la defensa de los derechos humanos? ¿Hay áreas o instituciones más ‘duras’ que otras?

— Yo no dividiría por instituciones sino por temáticas. En general, hemos encontrado mucha disposición en instituciones nacionales, aunque quizá con mayor frecuencia y eficiencia en instancias locales, como municipios y gobernaciones. Un buen indicador, por ejemplo, es el hecho de que más del 40% de los casos que nos llegan ahora los resolvemos con acción directa; y con otras instituciones gestionamos la solución a más del 50% de las denuncias. Sin embargo, en temas como la violencia en recintos militares o los problemas con pueblos indígenas, o los casos pendientes y que involucran la vulneración de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, etcétera, son temas en los que el Estado no responde o lo hace parcialmente.

— ¿Qué apoyo tiene el Defensor del Pueblo en su labor?

— En términos generales, creo que no hay una disposición del Estado en todos sus niveles para sostener la labor de las instituciones que trabajamos en derechos humanos. Si analizamos el presupuesto que se destina, por ejemplo, al Ministerio de Justicia o cuántos recursos existen en los municipios para las Defensorías de la Niñez, los SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales) o para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia o el Viceministerio de Descolonización, los montos son irrisorios frente a lo que se destina para defensa o propaganda. En ese aspecto hay una distorsión de las prioridades en relación a los derechos humanos, lo que hace que las instituciones que trabajamos en esto debamos recurrir a la cooperación internacional para cubrir las necesidades. Pero además hay ámbitos como la coordinación, la articulación y el trabajo conjunto en los que muchas veces el Gobierno decide generar sus propios proyectos de trabajo, aunque carezca de la experiencia y el conocimiento suficiente, obviando a las instituciones que hemos trabajado durante años y que podríamos aportar de mejor manera.

— ¿Cómo se lleva con alcaldías y gobernaciones?

— En general hay un buen ambiente de coordinación con alcaldías y en menor medida con gobernaciones. En relación a los pueblos indígenas, estamos logrando un alto nivel de interrelación para trabajar temas de fortalecimiento de liderazgos y diálogo intercultural, aunque en estos casos las lógicas son distintas. Aquí nuestro principal problema es la falta de presencia física de la Defensoría en varios municipios con problemas de vulneración de derechos humanos y eso también tiene que ver con recursos.

— ¿Cuál es la agenda inmediata para el Defensor?

— Estamos trabajando en áreas de importancia fundamental como la niñez, desde la violencia, la explotación y la participación; la mujer, en los ámbitos de la violencia y la discriminación; los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad; y el derecho a la salud y al trabajo. Son nuevos desafíos debido a los problemas que presentan y la falta de respuestas desde el Estado. Asimismo, estamos priorizando temáticas como la construcción del Estado Plurinacional desde los derechos humanos, y la gestión de incidencia a nivel internacional.

Perfil

Nombre: Rolando Villena Villegas

Nació: 23-07-1947

Profesión: Teólogo

Cargo: Defensor del Pueblo desde el 13 de mayo de 2010

Defensa

Rolando Villena Villegas nació en Potosí, pero radica en la ciudad de La Paz desde hace 35 años. Teólogo, es obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia; fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), donde trabajó entre 2006 y 2009. Está casado con Susana Suzs, tiene tres hijos, Carlos, Andrea y Paola.

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