Animal Político

Secreto de imprenta. Proteger el derecho a la información

La sociedad cada vez es más crítica sobre la actividad periodística, por lo que es necesario que conozca algunos elementos que le permitan conocer un poco más  sobre este oficio.

La Razón / Carlos Corz

00:00 / 04 de marzo de 2012

Entre los periodistas hay corrientes a favor y en contra de ajustes o cambios —entiéndase actualización— de la ley de Imprenta, vigente desde 1925. La situación es saludable desde todo punto de vista en un gremio en el que debe primar el debate e imponerse la razón, en todo momento. La ciudadanía no está al margen de este debate desde el mismo momento en que asume un rol activo y crítico sobre la labor periodística.

En los tres últimos meses estuvo en la mesa del debate el tema cuando en la Cumbre Social de Cochabamba los sectores sociales plantearon regular la labor de los medios. El presidente Evo Morales cerró el caso, al asegurar que no tiene pensado tocar la Ley de Imprenta. Sin embargo, seguro llegará el momento en que debamos afrontar este debate, pero hasta entonces es necesario hacer conocer a la ciudadanía aspectos centrales de la norma legal que rige nuestra labor y garantiza el derecho a la información.

La Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la información y la ley vigente hace 87 años prevé un mecanismo que nos permite ejercer ese derecho en situaciones “especiales”, el secreto de imprenta. En ocasiones recibimos documentos o información a condición de no revelar la fuente, por lo general en hechos delicados como, por ejemplo, un video en el que se veía al testigo clave del caso Terrorismo recibir 32.500 dólares de manos, aparentemente, de un funcionario del Ministerio de Gobierno.  

De hecho, la Fiscalía trató de que los periodistas que recibieron y publicaron la información revelen su procedencia. El vicepresidente Álvaro García Linera calificó la acción fiscal como una “chambonada”.

El artículo 8 de la norma en cuestión refiere: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”, aunque también plantea la posibilidad de revelar la fuente a requerimiento judicial. Si no hubiera este “candado” ninguna fuente facilitaría información que represente algún riesgo para su seguridad física o jurídica, con lo que se afectaría el derecho a la información.

Sin embargo, esto no representa una especie de piedra libre para publicar todo lo que llegue a la mesa de redacción o al periodista de fuentes en off (que piden no revelar su nombre). Es necesario verificar la veracidad de la información para publicarla, siempre con la contraparte (la parte denunciada, por ejemplo).

No pretendo dar clases de periodismo, es lo último que pensaría hacer en este espacio; sin embargo, para hablar de los periodistas es necesario conocer algo de su trabajo. No estamos exentos de sanciones; de hecho, la propia ley crea los jurados de imprenta que deben estar constituidos por “cuarenta individuos en las capitales de departamento y de veinte en las provincias, que serán elegidos por los concejos y juntas municipales, respectivamente, prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de Universidad y propietarios con residencia fija en el lugar” (artículo 21).

Entonces, depende de la voluntad política la formación de los tribunales para juzgar los delitos de imprenta, aunque seguramente los gremios y los periodistas también debiéramos gestionar la formación de estos estrados especiales. En mayo de 2011, formaron en Sucre el tribunal de imprenta.

“Corresponde al jurado el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros; pero los delitos de calumnia e injuria contra los particulares serán llevados potestativamente ante el jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos, que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el jurado. Más, si a título de combatir actos de los funcionarios públicos, se les injuriase, difamase o calumniase personalmente, podrán éstos querellarse ante los tribunales ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan de delitos de prensa, aplicarán las sanciones del Código Penal, salvo que el autor o persona responsable diera ante el Juez y por la prensa satisfacción plena y amplia al ofendido y que éste acepte los términos de la satisfacción, y, en caso de ausencia o muerte, a cualquiera de sus herederos o deudos”, establece el artículo 28 de la ley que defiendo.

Pero no es suficiente que se formen estas instancias, sino que acudan a ellas quienes se sientan afectados. Los periodistas, como el resto de los seres humanos, somos proclives a equivocarnos, pero sin intencionalidad (habrá excepciones, como en todo). Lo único que tenemos es nuestra credibilidad y una vez que la perdemos es difícil recuperar la confianza en uno mismo y de la propia sociedad, cada vez más crítica sobre nuestra labor.

En todo, se busca el equilibrio informativo, empero, no todos los hechos por similares que sean son los mismos. No podemos comparar la marcha liderada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con la del Consejo Indígena del Sur (Conisur). En el primer caso, la marcha estaba amenazada por sectores opuestos a la movilización, intentos infructuosos de diálogo y la represión en Yucumo, Beni, mientras que la segunda no tenía ningún nivel de resistencia. Valoraciones periodísticas que, sin embargo, no restan importancia; sólo miden el nivel de seguimiento de los hechos.

Toda norma es perfectible, dicen los políticos, pero cuando no hay las condiciones de equilibrio político lo perfectible puede llegar a un cambio total; por lo menos en este caso no es aconsejable. La ley de Imprenta, pese a su larga vida, está plenamente vigente y puede adecuarse a la situación tecnológica actual a través de parte del artículo segundo que refiere que son delitos de imprenta los “cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento”.

Hay otros aspectos que evidentemente deben ser actualizados, como las multas para los delitos de imprenta (la legislación boliviana tiene herramientas como los decretos reglamentarios para ello); sin embargo, hay principios que no deben cambiar porque no sólo garantizan el acceso a la información, sino el ejercicio del periodismo. Esto, sin duda, es una posición más y que llegado el momento formará parte de ese debate entre los que defienden la Ley de Imprenta y los que alientan su modificación o actualización. El periodista es un actor más de la sociedad, pero con una responsabilidad particular respecto al resto.

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