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Suspensión de jueces del TCP detiene el día del juicio final

“(Esta suspensión) es un ataque brutal al Estado, (...) a la gente. Eso hay que castigar. (...) El Estado se paraliza y se derrumba. Si aceptamos esto, mañana cualquier persona puede paralizar municipios, gobernaciones, ministerios, empresas públicas y Bolivia se derrumba. Esto va a ser tierra de nadie, (...) el reino de la sinrazón”, dijo García

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont

00:02 / 03 de agosto de 2014

Si se interpretan las declaraciones del miércoles del vicepresidente Álvaro García, la suspensión de las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el futuro proceso que puede llevarlas a la cárcel por haber interrumpido la aplicación de la nueva Ley del Notariado Plurinacional —mientras se sustanciaba la acción de inconstitucionalidad planteada por un diputado opositor— ha salvado (fanfarrias...) a la civilización.

“(Esta suspensión) es un ataque brutal al Estado, (...) a la gente. Eso hay que castigar. (...) El Estado se paraliza y se derrumba. Si aceptamos esto, mañana cualquier persona puede paralizar municipios, gobernaciones, ministerios, empresas públicas y Bolivia se derrumba. Esto va a ser tierra de nadie, (...) el reino de la sinrazón”, dijo García...

Se venía, entonces, el día del juicio final, el fin de la civilización tal como la conocimos. El horror...

En un laudable, admirable y honorífico cometido, los diputados tomaron la difícil decisión de pasar por encima del Estado de Derecho para precautelar un bien superior: la mera civilizatio. Y zas, estamos agradecidos...

Según el constitucionalista Williams Bascopé, al ser suspendida la ley, entra en vigencia, por “principio de conservación”, la norma anterior de manera automática; razón por la que no se genera un vacío legal desde ningún punto de vista.

Entonces, ¿cuál es el origen de la molestia de la Cámara de Diputados y del Vicepresidente que, parece, no dudan que las magistradas deberían estar en la cárcel? No encuentro otro motivo sino que la civilización estaba en serio riesgo. Claro, en esas circunstancias, ¿a quién le importa el Estado de Derecho si, quién sabe, la suspensión de la dichosa norma ocasionaba nada menos que “el desplome del país”?

Afortunadamente, la Cámara de Diputados supo ver que, con la ley inactiva, Bolivia podía borrarse del mapa. Ufff, estuvo verdaderamente cerca... Pocos caímos en cuenta de que estuvimos a un “pelito” de un final apocalíptico.

Pero hasta acá las ironías. Lo cierto es que la gran mayoría de los seres humanos podemos vivir sin las leyes, esa gran mayoría no hace daño a un tercero porque una ley lo diga, sino por un principio ético. Asimismo, si los Estados se paralizan, la vida de la mayor parte de los seres humanos no cambiaría un milímetro, aunque no se puede decir lo mismo del puñado de personas que maneja la economía; para ellos, que el Estado deje de funcionar, sería lapidario.

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