La ley corta (que declara la intangibilidad del parque) no ha cerrado el debate en torno al TIPNIS”, decía el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en una entrevista publicada el 13 de noviembre de 2011 por Animal Político del diario La Razón. Un poco más de dos meses después, la declaración es ineludiblemente comprobada.

¿Presumía la autoridad gubernamental la marcha de Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur) que llegó el lunes a La Paz? ¿O, debido a su experiencia, sabía realmente que el conflicto no había terminado con la promulgación de la ley? Lo cierto es que ahora hay un conflicto pendiente de resolución, por lo menos hasta el cierre de esta edición (viernes), por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional o, finalmente, del Órgano Ejecutivo.

Aparentemente, el TIPNIS II encuentra a los dos órganos del Estado ante el dilema de abrogar/derogar la Ley 180, del 24 de octubre de 2011, o buscar otra alternativa que no implique un nuevo conflicto. Es que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), que propició la primera marcha y obligó la promulgación de la llamada “ley corta”, resultaría la directa afectada o implicada en el nuevo escenario.

Entonces, el país vive un diferendo doblemente difícil, considerando que involucra a dos sectores indígenas (el segundo es tildado de colonizador e ilegítimo, al menos desde la opinión política reproducida en los medios), y convivientes, en grave peligro de quiebre.

Lo que se espera es que la solución sea política, que, seguramente, va a derivar en otro problema: la reacción de la CIDOB, que puede decidir una nueva movilización. Aunque parece tarde, la resolución del conflicto parece pasar por la consideración de una nueva ley, la de Consulta Previa, que puede ayudar a dirimir las diferencias más allá de la Ley 180, en lo posible sin afectar las demandas de los sectores hoy directamente/indirectamente implicados.

El editor