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TIPNIS, paradigma de la dialéctica de la diversidad

Algunas ONG locales exacerbaron un discurso ambientalista y aislacionista de los pueblos indígenas respecto del Estado. Habrá que destacar que esta ficción discursiva se encontraba divorciada con relación a la dinámica cotidiana de las comunidades indígenas del TIPNIS.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Romero Bonifaz

00:01 / 05 de octubre de 2014

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue reconocido como Parque Nacional en 1965, en el contexto del reavivamiento del diferendo limítrofe entre los departamentos de Beni y Cochabamba. A su vez fue titulado provisionalmente como territorio indígena en 1990, siendo éste uno de los territorios históricos que emergen de la Marcha por “Territorio y Dignidad”, protagonizada por los pueblos indígenas de la Amazonía sur del país.

La marcha indígena reivindicaba la defensa del hábitat de los pueblos originarios frente a la actividad extractivista forestal desarrollada por agentes ilegales que explotaban ilegalmente la madera de dicho territorio. La movilización originaria tuvo como antecedente externo la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 1989, en el que por primera vez un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante reconoce los derechos colectivos indígenas, entre ellos la territorialidad.

Este reconocimiento provisional tendría todavía un largo recorrido acompañado de un conjunto de reformas legales como las leyes INRA, Forestal, Medio Ambiente y otras. El contenido de estas normas integra jurídicamente el derecho al suelo con el bosque y los recursos renovables, además de establecer la propiedad colectiva, indivisible inalienable imprescriptible e inembargable a favor de los pueblos y comunidades indígenas. El saneamiento o regularización de derechos sobre la propiedad agraria permitió titular los territorios indígenas con carácter definitivo, entre ellos el TIPNIS, quedando pendiente la cuestión relativa a la gestión territorial.

La problemática de la gestión territorial que, en el caso del TIPNIS, involucra a comunidades de diferentes culturas como los mojeños-trinitarios, yuracarés y chimanes, en unos territorios extensos y con muchos intereses estratégicos en torno a la ganadería, agricultura, extracción forestal, aprovechamiento de saurios y ecoturismo.

La cuestión de la Gestión Territorial en un ámbito compartido en la administración del área protegida por parte del Sernap complejiza aún más este desafío dado que la débil institucionalidad de administración de Áreas Protegidas (APs) y la dispersión de las comunidades indígenas han representado un esfuerzo insuficiente para controlar la acción de agentes ilegales externos vinculados a la extracción de la madera, en medio de un histórico diferendo limítrofe entre dos departamentos, profundizado por sus élites locales que compartimentalizaban la relación entre los indígenas del TIPNIS y los campesinos productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba.

Esta realidad ha hecho del TIPNIS a la vez un territorio emblemático, pero también complejo, resaltando las expectativas indígenas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a servicios ya sea a través del Estado, en su nivel nacional, departamental o local, o a través de las ONG. Para tal efecto los pueblos indígenas han adoptado una estructura organizativa dual entre corregimientos profundamente ligados a la vida intracomunitaria y las subcentrales con formato sindical y orientadas a la interrelación con el “mundo externo”.

Conviene destacar la división entre las subcentrales originada por las disputas entre los dirigentes por los contratos de venta de madera. Frente a esta realidad, algunas ONG locales exacerbaron un discurso ambientalista y aislacionista de los pueblos indígenas respecto del Estado. Habrá que destacar que esta ficción discursiva se encontraba divorciada con relación a la dinámica cotidiana de las comunidades indígenas del TIPNIS.

El proyecto de construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, sin mediar un adecuado proceso de consulta a las comunidades; puesto que en los informes de las autoridades sectoriales de la época, la consulta efectuada en los tramos I y III se adecuaba a los alcances de la consulta pública, regida por la legislación ambiental y no de la consulta previa, reconocida como un derecho de los pueblos indígenas.

Esta contradicción tensionaría la relación entre el Gobierno y los pueblos indígenas que fue aprovechada por los dirigentes del CIDOB de ese tiempo que quisieron convertir la protesta del TIPNIS en una movilización nacional que provoque una crisis de Estado.

Sin embargo, se debe destacar la capacidad de reacción del Gobierno nacional que restableció una adecuada vinculación con los corregimientos indígenas que son los que gozaban de verdadera legitimidad al mantener una relación directa con las comunidades y que visibilizaron sus demandas comunarias para que sean atendidas por el Estado y que eran perfectamente compatibles con la construcción de la carretera, lo que permitió aplicar un procedimiento de consulta previa que se extendió a lo largo de más de un año y que puede ser considerado como un caso paradigmático porque permitió establecer un consenso entre el Estado y las comunidades indígenas.

Los diferentes actores que pretendían politizar el conflicto fracasaron por su conocimiento parcial del TIPNIS. Para el Gobierno nacional representó una experiencia de mucho aprendizaje acerca de las diferencias culturales y civilizatorias de los pueblos indígenas de la Amazonía sur del país y de que la transversalización de lo plurinacional transferida al ámbito de las políticas económicas y sociales tiene en la consulta su dispositivo de concreción.

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