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El TSE articuló legalidad y legitimidad

Como muchos órganos electorales, el TSE es objeto de opiniones que ponen en duda su independencia e imparcialidad. Estos criterios no consideran la gestión electoral en los municipios de Sucre, Quillacollo y Bermejo, y en la Gobernación del Beni, donde  la voluntad ciudadana favoreció a la oposición.

La Razón (Edición Impresa) / Ramiro Paredes Zárate

00:01 / 07 de septiembre de 2014

El 12 de octubre concurriremos a la reconstitución de los órganos Legislativo y Ejecutivo; para llegar a esa fecha se aplicó instrumentos de planificación como el ciclo electoral que define las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, e incorporan una sucesión de actividades y plazos que responden al procedimiento establecido en la ley. Así, este acto fue organizado racionalmente, con transparencia y previsibilidad en el marco de una planificación que se anticipe a los cambios, sea capaz de adecuarse al contexto e incorpore medidas oportunas. Los ámbitos cubiertos son el territorio patrio y el exterior, lo que complejiza la gestión comicial.

La ciudadanía ejerce sus derechos políticos de forma obligatoria a nivel interno y facultativa en el exterior. En el primer caso mediante el derecho de sufragio activo y pasivo, el mismo que se halla consolidado en virtud a su reiterada praxis en las últimas tres décadas; y en el segundo, asistiendo solo como elector, un escenario en construcción. Consecuentemente el ciclo electoral cubre estas categorías, organizando el voto en Bolivia y en 33 países con 69 ciudades.

BIOMÉTRICO. En Bolivia, desde 2009, la captura y registro de huellas dactilares y rostro es integrada a los datos de nacimientos, edad, estado civil, nivel de estudios, profesión, entre otros, generando un modelo de padrón electoral que combina lo biográfico y lo biométrico. Esto se compone para cada elección, con la incorporación de personas que cumplen 18 años al día de los comicios y con la inscripción de cambios de domicilio, y se depura excluyendo a las fallecidas. Dada la modalidad no automática del padrón, la variable decisiva para su funcionamiento es la concurrencia o aglomeración de la ciudadanía en los puntos de registro, particularmente cuando finaliza, lo cual supone la existencia de una cultura registral aún en desarrollo.

En la actualización del padrón electoral para las justas de octubre, se han registrado aproximadamente 907.000 personas y cambios de domicilio alrededor de 740.000, cifra que superó el crecimiento consolidado que se dio en ocho elecciones durante el periodo 1997-2009  (antes de la vigencia del sistema biométrico); hubo un promedio interproceso de 79.852 nuevas personas en edad de votar. Y si nos referimos al padrón biométrico para las elecciones generales de diciembre de 2009, municipal de 2010 y judicial de 2011, observamos un crecimiento promedio interproceso de 136.458 ciudadanos. Comparando esta información con la actual, se evidencia que el registro entre el 10 de mayo y el 20 de junio de esta gestión superó en más del 1.000% al comportamiento observado entre 1997-2009 (sin biometría) y en 564% en el periodo 2009-2011 (con biométrico). Este factor fue decisivo para ampliar el plazo de empadronamiento, toda vez que a más presencia ciudadana mayor ejercicio de los derechos políticos, razón suficiente para responder con acciones concretas a esta situación, en el marco de lo planificado, bajo el criterio de flexibilidad, administración y control de las externalidades negativas y positivas del plan. Proceso que concluirá con las listas índices de electoras y electores por mesa de votación, base para la conformación de los jurados electorales y el ejercicio del derecho de sufragio activo. 

Paralelamente a la actividad precedente, se actuó en la delimitación de circunscripciones uninominales, la cual es, de acuerdo con el diseño constitucional, legal y técnica; fue el tramo culminante de una ruta compleja abierta por el censo. El inicio fue la distribución de escaños de diputados entre los nueve departamentos —con ausencia de la discrecionalidad que anteriormente se aplicaba mediante acuerdos político-partidarios—, labor que culminó con la sanción de la Ley 421, punto de partida de la construcción de la nueva geografía electoral. Desde el punto de vista de la teoría, el trazo de circunscripciones pasó por tres momentos:

a) El demográfico-matemático. Consiste en determinar el factor de distribución poblacional de una circunscripción. ¿Cuántos habitantes debe tener este espacio en el marco de los resultados del censo? Esta cuestión se resolvió aplicando las matemáticas electorales, dando un resultado que puede denominarse el precio de un escaño uninominal. Obtenida esta variable se estableció un rango de desviación del ± 15%. Determinados los límites mínimos y máximos del rango por departamento, se pasó al segundo momento. 

b) El tramo de asignación numérica de escaños según el factor de distribución, cuando se definió el tamaño de la representación intradepartamental, tomando al municipio como la unidad territorial básica, dando lugar a la constitución de circunscripciones bajo criterios estrictamente poblacionales. En unos casos un municipio conformó una circunscripción, por su alta densidad demográfica, y en otros la agregación de municipios dio lugar a otra, debido a su dispersión poblacional. 

c) El momento geográfico-geométrico. Entendido como la compactación sistemática de espacios municipales en el área rural y manzanos en las ciudades, siguiendo criterios de continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial, y respetando las fronteras interdepartamentales.

GEOGRAFÍA. La concurrencia de los tres momentos dio lugar a la nueva geografía electoral, sobre cuya base se identificó y codificó los asientos, recintos y mesas electorales.Como sucede en todo ente colegiado, donde está instalada la dialéctica de las contradicciones, en el TSE hubo consenso en la concepción, metodología y procedimientos técnicos aplicados en la distribución de escaños por departamento (Ley 421). En la cuestión de la delimitación se expresó inicialmente una tesis a la cual se antepuso una antítesis. Esta situación controversial fue superada por una síntesis que estableció una delimitación acorde a la realidad geográfica-poblacional del país. La autoridad electoral generó contradicciones en su seno, pero también tuvo la capacidad de superarlas.

En esta fase preelectoral, el TSE también impulsó la aplicación de soluciones informáticas, entre otras, para el: i) registro —en línea—  de candidatos (as) bajo criterios de paridad y alternancia, ii) ubicación de franjas de las organizaciones políticas en las papeletas de sufragio, iii) sorteo de jurados y, iv) escrutinio y cómputo de votos con las medidas de seguridad que la ciencia permite aplicar. El proceso se socializó entre los delegados técnicos de las organizaciones políticas y los medios de comunicación, mediante presentaciones públicas. Consecuentemente, la informática ha contribuido: I) a la automatización del ciclo electoral, haciéndolo menos dependiente de la intervención humana, y II) ha proporcionado seguridad, confiabilidad, transparencia y agilidad.

Igual que muchos órganos de administración electoral del mundo democrático, el TSE es objeto de opiniones que ponen en duda su independencia e imparcialidad. Estos criterios, mayormente no consideran la gestión electoral llevada a cabo en los municipios de Sucre, Quillacollo y Bermejo y en los comicios de la Gobernación del Beni, donde el respeto a la voluntad ciudadana favoreció a la oposición, y demostró la sujeción del árbitro electoral a la Constitución y las leyes electorales, articulando legalidad y legitimidad.

Esos juicios defenestradores han de continuar, es parte de la democracia. Lo evidente es que se va construyendo poco a poco una institución inteligente y apegada a la Constitución Política del Estado y a la normativa. Parafraseando la sentencia bíblica, solo manifestamos que “por sus frutos los conoceréis” y ahí están esos frutos que, lamentablemente, algunos no quieren ver.

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