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Testigos de octubre

Los días y  hechos de octubre de 2003 se han quedado para siempre en la memoria, diez años después están frescos y apremian por ser testimonio para que nadie olvide, para que nadie distorsione o pretenda disfrazar la masacre como “guerra” o “enfrentamiento”.

La Razón / Lucía Sauma Patiño

00:01 / 20 de octubre de 2013

Fui a cubrir la zona Ballivián, donde los miembros de las Fuerzas Armadas habían montado una ametralladora de largo alcance con trípode en la zona de La Portada. Desde allí dispararon y asesinaron a tres personas, una de ellas, un humilde albañil que se dirigía a su trabajo en la zona Sur. Recibió un impacto de bala en la cabeza. Su anciano padre y sus dos hermanos con habilidades especiales —a quienes mantenía el fallecido— lloraban sobre su cuerpo sin vida en la iglesia Virgen de las Nieves, de la plaza Germán Busch de Alto Lima”. Es el relato del periodista de radio Pachamama Santos Huanca en su despacho del sábado 11 de octubre de 2003.

Esos días y esos hechos se han quedado para siempre en la memoria. Diez años después están frescos y apremian por ser testimonio para que nadie olvide, para que nadie distorsione o pretenda disfrazar la masacre como “guerra” o “enfrentamiento”. Las 67 víctimas de octubre de 2003 (NdE: fueron 58, según el proceso, y años después sumaron a 73) no murieron portando un arma o disparando al enemigo, murieron porque fueron alcanzadas por las balas que disparó el Ejército contra gente desarmada.

“La noche de aquel sábado 11 de octubre (2003), a la altura del regimiento Ingavi, cinco carros militares encarpados, llenos de militares, se encontraban varados con dirección a Senkata; un vehículo liviano dirigía la operación. Me adelanté con la bicicleta y antes de llegar al sector de Santiago II fui rebasado por la caravana militar. A lo lejos, los militares se bajaron de los carros e iniciaron su recorrido a pie con rumbo a Senkata, desbloqueando uno de los carriles de la avenida 6 de Marzo. Paralelamente, se inició la represión, se escucharon disparos de gases y balas, según el recuento de Marco Quispe, quien reportó desde las calles alteñas, en medio de las nubes de gas, con la voz silbante de las balas, mientras era testigo de la masacre y al mismo tiempo de la rebeldía y las protestas de la gente que pedía la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los relatos de los periodistas de radio Pachamama, sus testimonios, son una muestra precisa de la ruta que siguieron los acontecimientos. Es la constancia de que el sábado 11 de octubre de 2003, el Gobierno se ensañó con los pobladores de El Alto, actúo pensando escarmentarlos por bloquear, por rebelarse, por reclamar... Los gobernantes de entonces enfrascados en velar por sus intereses particulares o empresariales, acostumbrados a sus privilegios de clase, no fueron capaces de percibir el cansancio que sentía la población ante la exclusión, tampoco se dieron cuenta de la profundidad con la que los pobres habían decidido hacerse visibles, de su decisión por resistir para ganar y cambiar la situación de asfixia económica e injusticia social.

La falta de lectura de esa realidad llevó a que el gobierno de Sánchez de Lozada tiñera nuevamente de sangre las calles de El Alto el domingo 12 de octubre, asolando Río Seco.

No se dieron cuenta de que de esa manera se mostraba con mayor claridad la pobreza y abandono al que se había sometido a la mayoría de la población en general y a los pobladores de El Alto en particular. Los centros de salud que cotidianamente prestaban sólo servicios de primeros auxilios tuvieron que atender a cientos de heridos. Las calles de tierra fueron bloqueadas con llantas o con alambres amarrados a los postes, ante la inexistencia de piedras por desempedrar. Esa tarde triste de domingo, Marcela Barrios daba cuenta desde el Centro de Salud de Villa Brasil, en Río Seco, que “el único médico y las enfermeras no alcanzaban para atender a los heridos, que desesperados gritaban “¡una carretilla, necesitamos una carretilla!”. Se debía trasladar a uno de los heridos hasta el hospital Los Andes. Tenía una herida en el pulmón, debía recibir urgentemente atención especializada y someterse a una operación de urgencia; su estado era grave. No sé de dónde ni cómo apareció una carretilla. Algunos vecinos, sin conocer al herido, emprendieron el recorrido. El herido no resistió y Marcela cuenta que el lunes “su cuerpo era velado en la sede de Villa Brasil, junto a otros muertos, en medio del llanto que todavía retumba en mis oídos. No había camillas, las carretillas donde normalmente se venden frutas o elásticos, material escolar o bolsas plásticas, sirvieron para trasladar heridos o incluso de camas, al igual que los bancos del hospital de Villa Brasil, en los que se habían formado charcos de sangre y sobre los que la gente moría”.

El cementerio de Mercedario alberga las tumbas de un gran número de los muertos de octubre. Cada noviembre se arman mesas de Todos Santos y, como cada año en estas fechas, escucho la voz de una mujer, que en medio del llanto por la muerte de su esposo dice: “Maldito Goni, mis lágrimas van a caer sobre ti”.

La soberbia del gobierno de Sánchez de Lozada parecía no tener fin. El lunes 13 de octubre, por las ondas de Pachamama escuchamos el siguiente diálogo entre la periodista Teófila Guarachi y el vocero gubernamental:

— ¿Los militares van a continuar disparando a la gente?

— Se debe brindar seguridad a quienes quieren una libre transitabilidad.

— ¿Seguridad a cambio de muerte?

— No, no son asesinatos, si usted tiene la certeza de ello yo la invito públicamente a definir esto en ámbitos judiciales.

La gente de las ciudades en todo el país comenzó a reaccionar. Los autores no pudieron ocultar la masacre. El pedido de renuncia crecía en todo el país. Ana María Romero de Campero optó por organizar una huelga de hambre en distintas iglesias, comenzando por la de Los Carmelitas, en la zona de Sopocachi. Mediante una comunicación telefónica, me dijo que había tomado esa decisión porque era una manera pacífica de combatir la violencia empleada por el Gobierno y exigirle su renuncia. Los piquetes de huelga se multiplicaron hasta replicarse en España, Perú, Argentina y Ecuador con los residentes bolivianos en esos países. Así llegó la renuncia y la huida.

En 2003, El Alto tenía 600 juntas vecinales; hoy tiene más de 1.000. Es una ciudad que crece rápida y desordenadamente. Como hace diez años, los hospitales tienen infraestructura, pero no han mejorado en atención por la falta de médicos y equipos. Aún no se ha logrado complementar los servicios de medicina tradicional con los de la medicina occidental. Los servicios básicos de alcantarillado, luz y agua no eran accesibles para el 60% de los pobladores de los seis distritos de El Alto en 2003. Diez años después, el porcentaje se mantiene, teniendo en cuenta que ahora son 14 distritos, nueve urbanos y cinco rurales.

Los heridos de octubre de 2003 aún reclaman el seguro social de por vida que les prometieron hace diez años. 13 más murieron, por sentirse inútiles al quedar paralíticos, por no querer ser una carga para su familia, por no tener trabajo. La deuda está pendiente.

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