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Trabajadores asalariados del campo

La situación y condiciones de los trabajadores rurales en gran medida se mantiene en condiciones precarias y sin el cumplimiento de los derechos laborales. Incluso se registró retrocesos importantes durante la bonanza del denominado extractivismo y agroextractivismo.

La Razón (Edición Impresa) / Lorenzo Soliz Tito es investigador ruralista, miembro del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

00:00 / 28 de mayo de 2017

Desde hace 130 años, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago, que en 1886 conquistaron las ocho horas de trabajo. Sin embargo, en muchos lugares el trabajo sigue realizándose en jornadas de 10, 12, 15 o más horas, como el de muchos trabajadores rurales y de trabajadores asalariados del campo.

Se entiende por trabajadores rurales a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, dedicados a actividades agrícolas (agricultura, agroforestería, forestal, pesca, acuicultura, silvicultura y ganadería) y no agrícolas (sector secundario o manufactura y sector terciario o de servicios).

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que en las áreas rurales de América Latina vive el 20% de la población (123 millones de personas), de las cuales 50 millones trabajan; esto significa que el empleo rural da sustento a una de cada cinco personas que trabajan en la región. (OIT, 2016)

En la mayoría de los países, aún con cambios y transformaciones de todo tipo, incluido el repunte del agronegocio y la mayor presencia de empresas transnacionales de alimentos y otros rubros de exportación, con acumulación de tierras y recursos naturales, la agricultura sigue siendo la actividad más importante en la generación de empleo rural: supera el 60% en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú (Ver cuadro). Incluso, según la OIT, un 5% de personas que viven en zonas urbanas cercanas a zonas con actividad agrícola acuden a emplearse en dichas actividades, en Ecuador y Perú supera el 8%. También en varios países de la región se dan casos de retorno de familias del área urbana al campo porque consiguieron o recuperaron sus tierras y territorios, como los registrados por el IPDRS (www.ipdrs.org).

No obstante, el empleo, la situación y condiciones de los trabajadores rurales en gran medida se mantienen en condiciones precarias y sin el cumplimiento de los derechos laborales. Incluso se registró retrocesos importantes durante la bonanza del denominado extractivismo y agroextractivismo.

La estacionalidad en la demanda de empleo es característica de muchas actividades agrícolas y razón del multiempleo, la precarización e incumplimiento de derechos laborales y las migraciones laborales nacionales y transfronterizas (Alberto Riella y Paola Mascheroni, 2015). Algunos estudios (OIT, 2016; CLACSO, 2015) señalan que quienes se concentren mayormente en actividades agrícolas tenderán a mantenerse en la pobreza, mientras que los ocupados rurales no agrícolas tienen en promedio ingresos superiores a los agrícolas, lo que puede incrementarse, y la razón es la mayor productividad de los empleos no agrícolas. Otra tendencia es la disminución del porcentaje del empleo agrícola y un crecimiento del empleo rural no agrícola, sobre todo en el sector terciario.

Ahora bien, de entre quienes realizan actividades agrícolas, aún hay que diferenciar entre aquellos que tienen tierra propia donde efectuar sus actividades (campesinos, indígenas, afrodescendientes, quilombolas) de aquellos que no tienen tierra o la tienen en superficies tan insuficientes que están obligados a vender su fuerza de trabajo. A éstos los denominamos trabajadores asalariados del campo, y son: zafreros de caña y de castaña, cosechadores de algodón, temporeros en diferentes actividades de cosecha y recolección, chafreadores, rozadores, carpidores, vaqueros, cuidadores de estancias, entre otros, y que reciben una remuneración o paga por el trabajo que realizan, y puede ser un salario, jornal, trabajo a destajo, pago en producto o una combinación de dichas modalidades, etcétera.

Las condiciones de trabajo asalariado del campo presentan la característica de un déficit de trabajo decente: subempleo, bajos ingresos, limitada o nula cobertura de la seguridad social, alta informalidad y altos niveles de trabajo infantil y hasta trabajo forzoso. A ello se añade que los trabajadores del campo son vulnerables y no pueden ejercer o hacer valer sus derechos laborales fundamentales, y hasta tienen dificultades para constituir o sostener una organización que los reivindique.

Como expresa el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia (CNTACB), Julio Delgado, refiriéndose a las condiciones laborales: “Este año el corte de una tonelada de caña se paga entre Bs 25 a 32; por la cosecha de un quintal de algodón se paga Bs 25 a 30, para eso hay que trabajar duro 10, 12, 15 horas, dependiendo de la fuerza y agilidad del trabajador. Siempre el trato es con el contratista, no con el dueño de la propiedad o empresa… El chafreado de una hectárea (limpieza y quema de restos de árboles derribados en el chaco) se paga unos Bs 300 o algo más, dependiendo si es de primera, de monte alto. Eso se puede hacer en 3 a 5 días, dependiendo… a veces para sacar una sola tronca desde la raíz se tarda todo un día” (comunicación personal).

No existe información sobre la cantidad de trabajadores asalariados del campo de la región sudamericana. En el caso de Bolivia, “somos como 30.000 trabajadores asalariados del campo afiliados a la Confederación. Pero son muchos más los asalariados del campo en Bolivia. Por eso nuestra lucha es por un salario y que seamos incluidos en la Ley General del Trabajo, esa es nuestra lucha…”.

Pese a que algunos países del cono sur avanzaron en marcos normativos y regulación de las relaciones laborales, se mantiene la generación de empleos con grandes carencias, como el pago a destajo, la fuerte estacionalidad, la alta exigencia física y los bajos salarios. Al parecer, los cambios institucionales introducidos por los gobiernos progresistas no fueron suficientes para contrarrestar las asimetrías de poder entre empresas o corporaciones, los gobiernos y los asalariados rurales. Las normativas excepcionales para los asalariados rurales más bien se constituyeron en barrera adicional a su inclusión. Eliminar esta excepcionalidad reduciría la exclusión de los asalariados rurales de varios beneficios y sistemas de protección (Joaquín Cardeillac y otros, 2015).

En Ecuador, no se ha aprobado el Nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales, que pretende modificar el Código de Trabajo y reglamenta actividades del sector florícola, agrícola, palmicultor, entre otras. En Bolivia, pese a que la CNTACB ha sido reconocida por la Central Obrera Boliviana (COB) y “ha presentado al Gobierno nacional un pliego petitorio para ser incluido en la Ley General del Trabajo y tener derechos laborales como otros trabajadores, no ha recibido ninguna respuesta hasta ahora”, a decir de su máximo dirigente.

En este contexto y situación de los trabajadores asalariados del campo, el logro del trabajo decente y crecimiento económico, el octavo de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030, presenta un enorme desafío para los países, más aún para los trabajadores asalariados del campo, uno de los sectores más excluidos y vulnerables.

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