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El Tribunal sancionará de oficio a los infractores

El reglamento para referéndums trae como novedad respecto al anterior que ninguna agrupación política o de la sociedad civil o pueblos indígenas   deberá habilitarse para hacer campaña. Asimismo, suspende por 30 días previos a un referéndum la propaganda gubernamental.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont

00:06 / 16 de noviembre de 2015

La campaña por las opciones Sí o No a la modificación constitucional, que podría permitir la reelección de Presidente y Vicepresidente por tres administraciones consecutivas, empezó el 6 de noviembre; sin embargo, el reglamento para referéndums solo fue presentado el 10 de este mes. Ya conociendo la normativa, es pertinente establecer sus puntos básicos a fin de precisar las particularidades que trae el nuevo marco reglamentario de los comicios de consulta.

Ya se presentó noticiosamente en los medios, y como mayores novedades del documento regulatorio, el hecho de que no es necesario habilitarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer campaña por cualquiera de las opciones, y la suspensión, 30 días antes de la fecha de la votación, de toda propaganda gubernamental expresa por el Sí o por el No (entendiendo por dicha propaganda la generada tanto por el gobierno central como por los subnacionales más su respectivos legislativos). Otra novedad es que el TSE podrá actuar de oficio para hacer cumplir la norma o sancionar vulneraciones. Hay que recordar que en el pasado los vocales del TSE señalaban que ante cualquier irregularidad no podían actuar de oficio, esto cambia a partir del nuevo reglamento.

Lo dicho requiere de las especificaciones que figuran en la norma, para así dejar delimitado lo permitido y lo vetado. Primero, el reglamento no es específico para el referéndum de modificación constitucional de febrero, sino que es válido para las consultas que se vayan a efectuar en el futuro, si bien se aplica por primera vez en el proceso del próximo año.

Entre los principios en que se basa el documento, hay que destacar el “acceso a la información” y la “libertad de expresión”, ésta última entendida como “garantía para manifestar libremente, sin restricciones ni censura previa, ideas, opiniones o posiciones por cualquier medio, en el marco de la democracia intercultural”.

Pero, ¿qué es lo que en el pasado ha causado polémica? El tema de la propaganda gubernamental ha sido la eterna queja de la oposición durante todas las elecciones que han habido en los últimos 10 años. Siempre se acusó al MAS de hacer uso de propaganda gubernamental para encubrir propaganda electoral. Sea como fuere, ahora el TSE pretende limitar la propaganda de gobierno central y subnacional.

Para entender la novedad de la desactivación de “propaganda gubernamental” es necesario ver la definición que hace el TSE de la misma: “es todo mensaje en un espacio o tiempo contratado en medios de comunicación masiva, medios en espacios públicos y medios digitales por el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo Plurinacional y los gobiernos autónomos”.

Acá entra la polémica propaganda gubernamental. Los miembros de la anterior Sala Plena no sabían qué hacer con las transmisiones de Bolivia Tv y radios estatales de la entrega de obras del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que pretendían, muchas veces, inducir a determinado voto. Con este reglamento, se limitará este tipo de propaganda, desde 30 días antes de la votación hasta las 20.00 del día del sufragio.

“Esta prohibición comprende los mensajes contratados en medios de comunicación masiva, medios en espacios públicos y medios digitales por el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo Plurinacional y los gobiernos autónomos”, dice el Artículo 23, II. La restricción se extiende a las páginas web de las instituciones gubernamentales y cuentas oficiales en las redes sociales de estas entidades.

Pero existen excepciones: “queda autorizada excepcionalmente la difusión de mensajes estrictamente informativos acerca de campañas educativas, de salud, de servicios públicos o promoción turística, así como mensajes para la protección civil en situaciones de emergencia o información de carácter técnico que sea indispensable o impostergable. Estos mensajes no podrán incluir, en ningún caso, imágenes ni voces de autoridades electas”, dice el inciso V del mismo artículo.

Una vez que los actos de entrega de obras, con intención o no de parte sus organizadores, en los hechos derivan en campaña electoral, el nuevo reglamento dispone que desde los 30 días antes de la votación, dichas entregas solo podrán ser difundidas como hechos informativos y en solo 15 minutos por acto. En el caso de incumplirse esta disposición, el sancionado será el medio: se “dará lugar a la aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido”.

Antes, este tipo de concentraciones eran interrumpidas por los medios estatales para evitar las multas, sin embargo se interrumpía inmediatamente después de que una autoridad comenzaba a hacer campaña. Incluso, durante la campaña para las elecciones generales de 2014, Evo Morales dijo respecto a las multas por infringir la norma electoral: “Igual vamos a aportar y pagar”.

Por otra parte, la difusión de contenidos informativos, de debate y emisión de opiniones en los medios de comunicación, es irrestricta, aunque el reglamento exhorta a los periodistas a ser plurales.

Como se dijo, también es nuevo que para hacer campaña en espacios públicos no se requiera de un registro y cuente como única limitación la no vulneración del derecho de los demás. La difusión de propaganda pagada tampoco necesita de un registro ante el TSE, siendo ésta otra de las diferencias fundamentales con el reglamento del referéndum de septiembre, el cual además no era privativo de referéndums, sino que también valía para otro tipo de procesos electorales.

Una novedad sobre la propaganda es que ahora, sin excepción, debe llevar adicionalmente el lenguaje de señas en reparo de las personas con capacidades diferentes. Si la campaña en espacios públicos puede ser realizada por organizaciones sin personería jurídica, la propaganda gratuita en medios estatales sí demanda que las agrupaciones que deseen acceder a este derecho cuenten con el reconocimiento de parte del Estado.

En cuanto a las redes sociales, éstas podrán ser una plataforma de difusión de opiniones de manera irrestricta para la sociedad, sin embargo las entidades públicas no podrán publicar propaganda electoral en sus páginas web ni en sus cuentas oficiales en redes sociales “durante todo el periodo electoral” (Artículo 36).

El papel de los funcionarios públicos (incluidas las autoridades jerárquicas) que hacían campaña también fue algo constantemente cuestionado en anteriores procesos. Por ello, el nuevo reglamento señala que ningún servidor público podrá efectuar campaña en actos de gestión pública ni con recursos públicos ni durante su horario laboral fijo.

Por último, el Tribunal podrá actuar de oficio. La anterior Sala Plena solo actuaba si es que había alguna denuncia. Este reglamento detalla el mecanismo para que el TSE actúe por su propia motivación en caso de que se vulnere el reglamento.

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