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Uso del Silala, primera acción fáctica de Bolivia en el conflicto con Chile

Desde que Chile despojó al país de su litoral, desvió el Silala y cambió el curso del río Lauca, Bolivia nunca había realizado una acción de hecho sobre uno de estos tres conflictos. Ahora, el aprovechamiento del Silala es inminente.

La Gobernación de Potosí toma la iniciativa.

La Gobernación de Potosí toma la iniciativa.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 21 de octubre de 2012

La historia muestra que desde la pérdida de la costa boliviana en guerra con Chile en 1879, el desvío de las aguas de los bofedales del manantial Silala, en 1906 (realizado después de una decisión unilateral del país trasandino), y el cambio del curso (de esa misma forma y por esa misma nación) de las aguas del río Lauca, Bolivia nunca había resuelto ninguna acción fáctica respecto de ninguno de estos tres diferendos.

Cien años más tarde, la Gobernación de Potosí determinó ejecutar proyectos de desarrollo productivo con el uso de las aguas del Silala que nacen en territorio nacional. Esta decisión fue considerada soberana por el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, y también por el presidente Evo Morales.

El primer proyecto será un criadero de truchas cuyas obras, según la autoridad potosina, comenzarán a fin de mes. Con ese objetivo, se ha previsto desviar el 30% del flujo del acuífero, por un lapso de 15 a 20 días, para llenar cuatro piscinas. “Esperamos una respuesta positiva” de parte de Chile, dijo el martes Gonzales a La Razón.

Si de señales se trata, el análisis político coincide con esa percepción. “Evidentemente, la verdadera razón para este trabajo es presionar a Chile para que vuelva a conversar con Bolivia sobre la cuestión del Silala”, afirma el diplomático e historiador Ramiro Prudencio, quien a su vez sugiere que se reúnan dos comisiones para tratar este tema.

El razonamiento del excanciller Javier Murillo demuestra cómo el manantial en disputa es boliviano. En su criterio, la utilización que hace Chile de las aguas del Silala, sin compensación para Bolivia, “se convierte en un acto arbitrario” desde que caducó el objeto de la concesión hecha por Bolivia.

Esa “concesión solicitada por Chile y concedida por el país en su calidad de único propietario” de dicho recurso fue otorgada por la otrora Prefectura de Potosí, a principios del siglo pasado. “Dicha petición demuestra que tales recursos hídricos son íntegramente bolivianos, porque nadie solicita una concesión y permiso para utilizar recursos que los considera compartidos”, explica.

En ese contexto, Murillo opina que las obras impulsadas por la Gobernación de Potosí son legítimas, aunque no tiene duda de que generarán fricciones con Chile. En ese mismo espíritu, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Celestino Condori, admite que es positivo desarrollar proyectos productivos en el territorio nacional con el uso del manantial.

Sin embargo, sugiere no descuidarse, pues en su criterio la reacción de Chile puede ser “dura”. “Si bien estos proyectos son destacables, también hay que tomar las previsiones del caso, para que así Chile no pueda poner el pretexto de que estuviéramos invadiendo su frontera y saque sus fuerzas militares”.Cree que todo eso debe ser considerado por el Gobierno y que se “debe actuar con seriedad”.

En 2009, los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales estuvieron a punto de firmar un preacuerdo según el cual Chile debía pagar el 50% del valor de las aguas del Silala que usa. Sin embargo, el acuerdo previo se suspendió debido al rechazo del Comité Cívico de Potosí. Condori niega este extremo y afirma que sólo se hizo la observación de que el preacuerdo no consideraba la deuda histórica por la utilización del acuífero y afirma que una organización como la que dirige no tiene la atribución de firmar un acuerdo diplomático.

La decisión de Potosí coincide con un momento en que el presidente chileno, Sebastián Piñera, se muestra más reticente a avanzar en el diálogo con Bolivia sobre el conflicto marítimo. Según el presidente Morales, Chile ha congelado la agenda bilateral por falta de voluntad política.

El excanciller Armando Loaiza considera que hacer uso de aguas en litigio puede llevar a Bolivia a una contradicción en su doctrina. “Según Bolivia, cuando Chile utilizó unilateralmente las aguas del río Lauca en 1962 y se suspendieron las relaciones diplomáticas, la doctrina boliviana era la siguiente: el país de aguas arriba (Chile) —en este caso en referencia del río Lauca— no podría utilizar unilateralmente las aguas sin el acuerdo del Estado de aguas abajo (Bolivia)”.

Para esta exautoridad, desde ese año, Bolivia esgrimió esa doctrina y ahora se está entrando en una contradicción. “Esto, en un tribunal o en una corte internacional, podría ser muy desventajoso para Bolivia, porque Chile podría utilizar perfectamente ese argumento”, advierte.

Dice que cuando se trata de aguas cuestionadas o litigiosas se requiere de un acuerdo de los Estados y recuerda que Bolivia asumió la postura de que una cuenca hidrográfica es indivisible. “El uso de aguas cuestionadas está sujeto a las normas internacionales, no pueden ser un modo de presionar a otro Estado”.

Prudencio, por otro lado, objeta la practicidad de utilizar las aguas del Silala. “Es difícil que puedan servir a Bolivia, porque están al otro lado de la cordillera; entonces, hacer piscinas piscícolas donde no hay población y adonde sólo se puede llegar por el desecho, no tiene sentido; en cambio, Chile sí tiene una carretera que llega hasta el Silala”.

También añade que esas aguas no son imprescindibles para Bolivia, por lo que lo ideal sería venderlas y “no hacer proyectos que no van a servir”. Además, dice, a pesar de la creencia de que todo el cauce pertenece a Bolivia, “tal cosa no es cierta”, pues antes de que construya el canal en 1906 ya había un pequeño curso que corría hacia Chile. “Claro que cuando se lo construyó, se desvió todo”.

Para Murillo, el problema del Silala sólo es uno entre otros: “el enclaustramiento de Bolivia sólo se resolverá cuando la voluntad política para alcanzar un objetivo de tanta trascendencia sea más grande que los obstáculos que se oponen al eventual acuerdo”. Sin embargo, considera que la voluntad política ha estado ausente a lo largo de los 133 años, “desde que se arrebató a nuestro país su cualidad marítima”.

Así, afirma que la cuestión sobre las vertientes del Silala es un tema más en la “agenda negativa” con Chile, en la que “deben incluirse las minas terrestres antipersonales”, el Lauca y la privatización de los puertos, que limita las garantías en el régimen de libre tránsito y otros aspectos que no contribuyen a una relación bilateral cooperativa con el vecino país. Loaiza y Prudencio coinciden en que lo más conveniente sería buscar un entendimiento, no actuar de manera unilateral, y retornar al preacuerdo que se propuso cuando Bachelet presidía Chile.

A partir de ahí se podría continuar con una negociación que tome en cuenta la deuda histórica. Prudencio hace un paralelismo entre los conflictos sobre el Silala y el mar. “El diferendo marítimo es un tema político, al contrario del Silala, que es un tema jurídico. Actualmente, Piñera tiene una posición intransigente y niega una solución política con soberanía para Bolivia”.

Aunque en 2006 se estableció la agenda de 13 puntos, que incluía el asunto marítimo, las conversaciones entre Chile y Bolivia están suspendidas desde octubre de 2010 por decisión del Gobierno trasandino y complicadas desde el 23 de marzo de 2011, cuando Morales, en ocasión del Día del Mar, planteó un golpe de timón en el trato con el vecino a través de un juicio ante tribunales internacionales.

Chile tomó sus previsiones, se propuso reservar $us 14 millones para afrontar el litigio, según informó La Razón el sábado 13 de octubre, con base en datos ofrecidos en la víspera de ese día por el diario La Tercera de Santiago. Por su parte, Bolivia compila documentos, a través de abogados internacionalistas contratados, para sustentar el eventual proceso judicial.

La decisión de la Gobernación de Potosí sucede a los recientes impasses verbales entre las autoridades de ambos gobiernos. El canciller chileno, Alfredo Moreno, dijo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de finales de septiembre,  que Bolivia no tiene derecho a reclamar el mar.

‘Es decisión soberana del pueblo boliviano’: Evo Morales es presidente de Bolivia.

Las vertientes del Silala (Potosí) están en el territorio boliviano; si están en territorio boliviano es decisión soberana del pueblo boliviano industrializar o dar otros usos a estas aguas (...). (En consecuencia), hay una propuesta económica para implementar las piscinas; no es ninguna agresión ni provocación a Chile, no es ninguna ofensa a Chile (08-10-12).

‘No hay que presionar para dialogar’: Armando Loaiza, excanciller de Bolivia.

No hay que presionar para dialogar. Las normas del derecho internacional no están para presionar a otro Estado. Encuentro que opiniones como las del Gobernador de Potosí muestran un total desconocimiento de las normas del derecho internacional, pues Bolivia podría entrar en una grave contradicción en su doctrina al hacer uso unilateral de aguas en conflicto.

‘Las obras impulsadas son legítimas’: Javier Murillo, excanciller de Bolivia.

Las obras impulsadas por la Gobernación de Potosí (para proyectos productivos con las aguas del Silala) son legítimas, aunque, sin duda, generarán fricciones con Chile que ojalá se puedan superar en el marco de un entendimiento en el que la condición no sea el reconocimiento por parte de Bolivia de que se trate de recursos hídricos internacionales y, por tanto, compartidos.

‘Lo que compete es que se informe a Chile’: Jorge Tarud es diputado de Chile.

Lo natural y lo que compete es que el gobierno del presidente Evo Morales informe al Gobierno de Chile lo que quiere hacer con esas aguas (del Silala), porque son aguas compartidas. Sin embargo, la petición de información que ha solicitado la Cancillería chilena a la boliviana no ha tenido respuesta, y eso no es bueno para las relaciones bilaterales.

‘Lo que se debe hacer es notificar a Chile’: Ramiro Prudencio es diplomático e historiador.

Aunque sean aguas mayoritariamente bolivianas, no pueden ser utilizadas unilateralmente, pues sobre el curso de un cauce que cruza de un país a otro se debe consultar al segundo Estado, siempre. Lo que se tiene que hacer es notificar oficialmente a Chile sobre el uso de esas aguas, si no, podrían quejarse en una corte internacional por no respetarse las normas.

Tropas chilenas ‘estarían’ cerca del Silala: Celestino Condori, presidente del Comité Cívico de Potosí.

Consideramos que es algo importante ejecutar proyectos en el marco de nuestra soberanía territorial. Esto es muy plausible, tal vez sirva como presión a Chile. Sin embargo, no hay que descuidarse y queremos reiterar la denuncia que hizo el Gobernador de Potosí de que tropas chilenas estarían resguardando su frontera en la franja que corresponde al acuífero Silala.

El conflicto por el desvío del río Lauca

El 14 de abril de 1962, Día de la Hermandad Americana, el presidente chileno Pedro Aguirre dio la orden de abrir las compuertas que se habían construido para desviar las aguas del río Lauca. El acto tuvo como consecuencia la ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país. Bolivia, inmediatamente, denunció el atropello ante el consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la diplomacia chilena supo dilatar el tema en las instancias internacionales. Bolivia incluso llegó a retirarse del Consejo de la OEA, en protesta.

Sobre el río Lauca, el excanciller Javier Murillo dice que se trata de un río internacional de curso sucesivo arbitrariamente desviado por Chile, nación que nunca dio compensación alguna para Bolivia.

Ramiro Prudencio, historiador y diplomático, asegura que con el caso del Lauca se debe hacer lo mismo que con el acuífero Silala: “negociar y convocar a una comisión de consultas políticas con Chile y estudiar el asunto conjuntamente para ver cuánto del cauce usan y si utilizan más del 50% entonces tienen que pagar”.

No obstante, todo esto difiere de la posición que sostiene el diputado chileno Jorge Tarud, para quien el desvío del río sencillamente nunca existió. “El reclamo de Bolivia no tiene fundamento en absoluto, porque ahí no ha habido ningún cambio de curso de ninguna naturaleza y, por lo tanto, se trata de buscar alguna fórmula de confrontación con Chile”. Bolivia, después de años de silencio, volvió a mencionar el tema en la última asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada este año en Cochabamba.

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