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Ven rezago en los cambios estructurales que trae la Constitución

A seis años de la vigencia de la nueva Constitución, se evalúa la implementación de las transformaciones estructurales del Estado que propone el texto. Se observa que hay rezago en estos cambios y que el atraso no está relacionado al texto en sí, sino a factores externos.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:08 / 08 de febrero de 2015

El accidentado camino de la Asamblea Constituyente y los meses posteriores a su clausura —el Referéndum Constitucional y las modificaciones en el antiguo Parlamento del texto original aprobado por voto mientras llegaba una marcha de presión en enero de 2009 para que se respete el resultado electoral— dio como resultado el texto de la Constitución Política del Estado (CPE) que se publicó y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009.

Aunque se pueda pensar que sus seis años de vida no son nada o que son el tiempo suficiente para una evaluación de fondo, lo cierto es que algunos cambios estructurales del Estado que plantea la CPE de 2009 aún quedan en el rezago, principalmente por defectos en la implementación.

Las autonomías, una mejor justicia, el desarrollo de dos de las tres formas de democracia (participativa y comunitaria), el respeto a la Madre Tierra y la inclusión de lo indígena (tema que atraviesa a las autonomías y la Justicia) no han avanzado de la manera que se quisiera, por ¿incomprensión de la CPE, falta de voluntad política, traición al texto constitucional o trabas del pesado aparato burocrático estatal?

A seis años de vigencia de la CPE, el analista Carlos Börth, el exdiputado Fabián Yaksic y el senador Carlos Romero evalúan la implementación de dos de las transformaciones del Estado mencionadas: la autonomía y la Justicia.

Con seis años de vigencia de la Constitución, ya se plantea modificarla. Atendiendo al análisis expresado por los entrevistados, se puede afirmar que los rezagos en el cambio estructural apuntan a un defecto de implementación y no a una falla del texto constitucional, el que fue destacado por el teórico Boaventura de Sousa Santos como fundacional de la constitucionalidad plurinacional, que luego fue retomada y adaptada a su realidad por Ecuador y el discurso de los españoles de Podemos, quienes también hacen guiños intertextuales con la noción de “plurinacionalidad”. “Es una Constitución que ha modificado muchas cosas y creo que su tiempo de vigencia es todavía corto. Es prematuro tomar una decisión sobre cambiar la Constitución”, dice Romero.

Al contrario, Carlos Börth no considera que sea poco tiempo y ve varios pasajes que deberían ser modificados: contradicciones, olvidos, nomenclaturas anacrónicas “debidas a los accidentes de su aprobación”. “Ya se observan incongruencias entre el texto constitucional y la realidad, se identifican cosas para modificar, aunque todo depende de cómo se procese la reforma”. Yaksic, por su parte, no habla de modificaciones, sino de que “(la Constitución) se aplique. Que se cumplan sus artículos, desde la separación de Órganos del Estado”.

LA JUSTICIA. La CPE formulaba dos innovaciones para reformar la Justicia: la elección por voto de las altas autoridades y la inclusión de la justicia indígena comunitaria. En cuanto a la Justicia, Börth dice que la CPE no tiene mayor problema, “salvo un episodio originado en los cambios introducidos en el Parlamento”. El texto de Oruro (modificado en el antiguo Congreso Nacional) incluía a los altos magistrados como susceptibles de ser revocados por referéndum. “La modificación no mantuvo la revocatoria de magistrados porque (ésta) introducía una enorme inestabilidad. Sin embargo, en el capítulo del referéndum quedó. Salvo eso, no hay mayor problema”.

En realidad, todo dependía de llevar a la práctica el planteamiento de democratización, pues al texto “no le corresponde decir qué tenían que hacer los magistrados electos más allá de sus competencias”. En los hechos, se preseleccionó a los candidatos con “severas observaciones”, que dejaron “sin legitimidad” al proceso. Luego, las autoridades electas “no hicieron nada para cambiar la Justicia”. “Los magistrados terminaron agravando la situación”, señala.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sugerido la modificación de la CPE precisamente con relación al problema judicial. El Presidente adelantó la realización de una cumbre de la justicia, cuyos resultados vayan a referéndum, lo cual implica la posibilidad de “abrir” la CPE para introducir los cambios que se vayan a proponer.

Romero señala que la democratización en la forma de elección de los operadores “no ha resuelto los problemas de corrupción”. “Más que un problema de la CPE, creo que hay que modificar los procedimientos, generar controles cruzados, modernizar los sistemas de implementación de la Justicia y atacar el núcleo de poder que permite las redes de extorsión”. El problema va más allá de la CPE. Yaksic es tajante al cuestionar que el oficialismo hoy pretenda reformar la Justicia, pues considera que el MAS es culpable de haber “empeorado lo que ya estaba mal”.

La modificación constitucional que democratizó la elección de magistrados “fue una de las grandes estafas del MAS que dejó pasar la oportunidad de cambiar la Justicia”, dice el exdiputado. “Ahora el Presidente y Vicepresidente se rasgan las vestiduras, cuando ellos son los responsables. Lo que hicieron fue un diseño perverso con una preselección que llevaba a una elección en que, se vote por el que se vote, todos eran filomasistas”.

Esto, continúa, ha permitido “la toma del Órgano Judicial”. Hoy, para hacer un verdadero cambio en la Justicia, “el Gobierno debería levantar las manos y no involucrarse, para que los ciudadanos hagamos que se cumpla la Constitución”.

AUTONOMÍAS. El diseño de tres niveles autonómicos más un ambiguo cuarto nivel, el indígena, es una de las grandes transformaciones de la nueva Constitución, en contraste con la anterior, de espíritu hipercentralista y unitarista. No obstante, las autonomías avanzan lento, solo Pando tiene estatutos vigentes. En cuanto a la autonomía originaria, según el viceministro de Autonomías Indígenas, Gonzalo Vargas Rivas, los municipios de San Pedro de Totora (Oruro), Charagua (Santa Cruz) y Huacaya y Mojocoya (Chuquisaca) ya tienen sus estatutos aprobados, pero ante la protesta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc), aún no se dio luz verde al referéndum para su aprobación; se aduce no haber el tiempo necesario a causa de las elecciones subnacionales del 29 de marzo; privilegiándose de este modo —se puede decir— a la democracia liberal por encima de la comunitaria.

“El Gobierno central no entiende o no quiere entender el espíritu autonómico de la Constitución. Esto es tan así que el 90% de la legislación nacional viola el régimen autonómico y se inmiscuye en las competencias subnacionales”, dice Yaksic y pone como ejemplo el Teleférico y la Ley del Presupuesto, que dataría desde el “hipercentralismo” de Banzer. “Al Ministerio de Hacienda (de Economía y Finanzas Públicas) no le resulta cómodo modificar esto, porque prefiere administrar los recursos en un molde hipercentralizado a pesar de la Constitución”.

En cambio, Romero asegura que el problema no está en el texto constitucional, si bien el diseño autonómico es “complejo”. “La lentitud de la autonomía no es atribuible a la Constitución, sino a una falta de liderazgo, de insuficiente internalización de su alcance en la población de las entidades autonómicas”. Cada autonomía debería construir su propio pacto autonómico, sugiere.

El texto constitucional de Oruro no tenía el actual diseño autonómico; éste resulta de una discusión posterior que a su vez proviene de las modificaciones hechas al documento por el Congreso de entonces.

“Sin embargo, hoy la autonomía tiene un freno de mano. En elementos clave, el Gobierno reculó incluyendo temas de locura como la destitución de autoridades, si bien luego el Tribunal Constitucional Plurinacional corrigió esto”, dice Yaksic. Evidentemente, la norma autonómica permitía la destitución de autoridades electas a sola imputación fiscal. Luego esta medida fue declarada inconstitucional, si bien bajo este argumento ya habían sido destituidos un gobernador y varios alcaldes.

Siguiendo su cuestionamiento, Yaksic señala que otro de los frenos de mano es que se sigue con el régimen financiero de la Participación Popular. “En la Ley Marco de Autonomías no se quiso debatir el cambio de ese régimen”, testimonia. Una vez más surge el alegato, según el cual el rezago no se origina en la CPE, sino en la implementación de la política.

A esto se suma —afirma el exdiputado— la creación de leyes que van contra la autonomía como la Avelino Siñani (competencia concurrente) o la futura Ley de Telecomunicaciones (competencia compartida). Por último, concluye, “no hubo una organización territorial del Estado, seguimos con una estructura territorial colonial. Tampoco se regionalizó, salvo en Cochabamba”.

MADRE TIERRA. La preservación de la naturaleza o la armonía con la Madre Tierra es otro de los planteamientos de trasformación radical del Estado. Esto debió, además, modificar la matriz productiva. Sobre este punto, el exconstituyente Raúl Prada escribe en su texto La desconstitución de la Constitución: “Después del conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), el Gobierno sabe que la Constitución es una camisa de fuerza con relación a su proyecto extractivista expansivo. Aunque haya hecho propaganda compulsivamente para acallar las contradicciones, incluso para ocultar el sentido de traición a la patria de su Ley Minera, sabe que no es suficiente la propaganda (...). Requiere de una Constitución que garantice la inversión privada extranjera, requiere atraer a las empresas transnacionales y al sistema financiero internacional. Como se puede ver, la distancia entre la ‘derecha’ y el gobierno progresista no es tan grande como para temer una revolución. Más bien, la distancia es enorme entre la práctica gubernamental y la estructura constitucional”, acusa.

Yaksic también cree que la visión de protección de la Madre Tierra, contenida en la CPE, haya sido extraviada por el Gobierno “sin regular siquiera a la minería cooperativista ni a la minería transnacional”. “Lo que menos importa es el medio ambiente, no se hizo nada en minería para amortiguar el impacto ambiental”. Sobre la posible modificación de la CPE, Prada escribe: “Mientras no se ataque a las causas del mal, se gastan esfuerzos perdiéndose en las ramas de un árbol otoñal”.

“No se cambia una Constitución para hacer reformas en el régimen jurídico. Se apunta a desmantelar la Constitución, pues sigue siendo la expresión de la movilización prolongada. El poder, es decir, el Estado-nación, que se hace llamar Estado Plurinacional, no puede aceptar la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica, como bases de la transición estatal. El Estado-nación subalterno, miembro del orden mundial, no puede aceptar restricciones al capital internacional, a la inversión, en la extracción de recursos naturales, digan lo que digan los indulgentes intérpretes y defensores del Estado-nación”, cierra la idea.

Por todo lo dicho, se puede concluir que pese a los accidentes de su aprobación, el rezago de la implementación de las transformaciones que incluye la nueva Constitución es ajeno al texto. A pesar de las circunstancias atropelladas de su redacción en Sucre, su aprobación en Oruro y su modificación en el Parlamento, en La Paz, se tiene un producto audaz en muchas materias que, sin embargo, encuentra obstáculos al momento de ser implementado

Hay pasajes que deben modificarse: Carlos Böhrt fue negociador de la CPE en el Congreso

Hay muchos pasajes en la Constitución que deben ser modificados; existen problemas, inexactitudes, contradicciones, resultado de cómo se procesó su aprobación: Sucre, Oruro y Parlamento. Hay que cambiar varias cosas. Aunque todos sabemos que pueden haber motivaciones políticas, como la reelección... Hay materia para modificar, el caso es cómo se procesa la reforma.

El origen del problema fue la Asamblea: Fabián Yaksic, exd

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