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Violencia contra las mujeres: tiempo de acción

La sociedad y el Estado bolivianos tienen el desafío enorme de luchar, sin escatimar esfuerzos ni recursos, por la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, los niños y adolescentes. La Ley Integral plantea un punto de inflexión necesario. Es tiempo de actuar.

La Razón / Natasha Loayza Castro

00:03 / 10 de marzo de 2013

Es tiempo de acción. Con este lema se lleva a cabo entre el 4 y 15 de marzo la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Se trata de una de las reuniones globales más grandes de la historia sobre este grave problema que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Es un momento propicio para poner al día los avances y los rezagos de los países, para compartir los enfoques y prácticas más avanzadas y efectivas, y para reafirmar los acuerdos y compromisos intergubernamentales.  No obstante, esta reunión mundial hace un llamado a la acción en el entendido de que todos los compromisos y acuerdos son necesarios y bienvenidos, pero que ha llegado el tiempo de actuar. El énfasis de la acción está puesto en la prevención y en la protección y atención a las víctimas.

Todavía conmovida por los atroces y dolorosos feminicidios ocurridos en el último mes, la ciudadanía se pregunta: ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres y cómo proteger a las mujeres del  feminicidio? ¿Qué hacer? ¿Qué priorizar? ¿Por dónde empezar?

Lo que nos plantea la reflexión, la experiencia y los aprendizajes de otros países es que para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas es imprescindible empezar por comprender y aceptar que la discriminación contra las mujeres es el inevitable punto de partida. La discriminación en todas sus formas y manifestaciones se asienta en arraigadas concepciones y prácticas de supremacía y privilegios de unos sobre otros (as) que aún, a pesar de todas las evidencias de su creciente obsolescencia, se resisten a cambiar, lo cual sólo está contribuyendo a agudizar el problema.

Las políticas de igualdad. La experiencia internacional nos muestra que las políticas de igualdad como la paridad (50% de representación de hombres y de mujeres) en la participación política, iguales oportunidades de acceder a la educación, igual acceso a patrimonio productivo, igual salario por igual trabajo, iguales responsabilidades en el mantenimiento de la familia e igual carga de trabajo doméstico y del cuidado de niños, enfermos y ancianos en la familia son la mejor forma de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, y la forma más efectiva y sostenible de proteger sus vidas y su futuro.

¿Cuánto hemos avanzado las mujeres bolivianas en estos ámbitos?  Según una encuesta de ONU Mujeres, de junio de 2012, las bolivianas pensamos que tenemos más posibilidades de acceso a la educación, lo que implica que estamos también más conscientes de nuestros derechos y más intolerantes frente al abuso, el maltrato y la injusticia. La participación política de las mujeres se ha ampliado de manera muy significativa, despertando grandes expectativas, y esto, sin duda, ha hecho posible que en pocos años hayamos logrado concretar avances normativos y legales muy significativos para las mujeres.

Desde otra perspectiva, sin embargo, aunque tenemos más posibilidades de acceder a empleos remunerados, éstos siguen siendo los más precarios, y peor pagados, y seguimos percibiendo menores ingresos que los hombres por igual trabajo.  Tenemos enormes restricciones en el acceso a patrimonio productivo y seguimos siendo las principales responsables del trabajo doméstico y del cuidado, lo que determina que a pesar de estar cada vez menos dispuestas a tolerar la violencia y el maltrato, las posibilidades reales de miles de mujeres de escapar del abuso y el maltrato son todavía limitadas.

Los servicios de protección y atención a las víctimas. La experiencia internacional nos muestra también que un Estado que se preocupa de manera seria por la violencia y que se hace responsable de la protección y atención a las mujeres y niñas víctimas o potenciales víctimas de violencia es un Estado que invierte tiempo y recursos en informar ampliamente a las mujeres y las niñas sobre sus derechos y sobre las maneras de actuar y los lugares adonde acudir en caso de estar en riesgo o haber sido víctimas de un hecho de violencia. Es un Estado que cuenta con los servicios especializados policiales, de salud, de acogida y legales, distribuidos en todo el territorio y capaces de atender a las mujeres y las niñas víctimas con celeridad y dedicación, con conocimiento, empatía y en sintonía con su particular situación.

En esas condiciones, cualquier acto de violencia tiene una mayor posibilidad de ser oportunamente denunciado, de ser investigado y de ser adecuadamente sancionado. Y es la manera más concreta de expresar como sociedad el rechazo y la intolerancia a la violencia hacia las mujeres y, por tanto, otra forma directa, concreta y efectiva de prevenirla.

En Bolivia, las cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas están entre las más altas de América Latina. Una reciente publicación de la OPS y el CDC da cuenta que Bolivia está en el primer lugar de violencia física de 13 países del continente y en segundo lugar, después de Haití, en violencia sexual. El Observatorio Manuela del Cidem informa que en lo que va del año ya se han registrado 30 feminicidios. Este lamentable récord “habla” de la magnitud de la permisividad e indiferencia ante la violencia hacia la mujer que hasta ahora ha caracterizado al país, así como de los enormes rezagos que enfrentamos para proteger la vida y el futuro de las mujeres y las niñas (niños) bolivianas.

En este contexto, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia puede llegar a ser un hito que marque un antes y un después, una verdadera inflexión hacia un cambio en las mentalidades, en las responsabilidades y, fundamentalmente, en las vidas concretas de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes bolivianos. Y, sin duda, puede constituir uno de los cambios más significativos y trascendentales para el avance del país hacia su aspiración de “vivir bien”.

Por ello, no cabe escatimar esfuerzos y compromisos, y sobre todo no cabe escatimar los recursos necesarios para su implementación. Pasemos a la acción: destinemos presupuestos, establezcamos rutas críticas, fijemos metas y seamos capaces de medir y dar cuenta de resultados.

El desafío está planteado para Bolivia.

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