Animal Político

Vivir para atrás

Ya nada sorprende. Lo que aparentemente fue superado por la conquista de los derechos vuelve a reflotar. A mucha gente le avergüenza que una colegiala se embarace, sin tomar en cuenta que fue violada, y llama la atención la inacción de las autoridades, que tampoco se inmutan por la acción delincuencial de ciertas personas que hacen justicia con su propia mano.

La Razón / Mery Vaca

00:04 / 04 de agosto de 2013

Leonarda, una mujer madura, formada y dispuesta a defender su tierra, fue violada y luego asesinada en Potosí. En pleno velorio, los comunarios de Colquechaca, donde ocurrieron los hechos, capturaron a un joven de 17 años acusado de ser el culpable del horrendo crimen. Lo maniataron y lo enterraron vivo en la misma sepultura de Leonarda. Terminaron siendo dos horrendos crímenes. (Fuente: El Potosí y Radio Pío XII)

Esto no es mirar para atrás, esto es vivir para atrás. En pleno siglo XXI, cuando los derechos humanos se presumen sagrados, sucesos como el de Leonarda muestran a una sociedad boliviana en retroceso. Frente a estos crímenes, los derechos a la vida, la defensa, la presunción de inocencia son sencillamente papel mojado.

No es la generalidad de la sociedad boliviana la que revive el pasado, pero estos violentos sucesos son cada vez más frecuentes, ante la mirada apacible de instituciones estatales que ni siquiera se sienten con la autoridad de ingresar a las comunidades donde el linchamiento se ha convertido en la manera más expedita de sancionar a los sospechosos.

Para bien del país, y a tono con las leyes garantistas del resto del mundo, la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia ha ampliado la gama de los derechos de los ciudadanos y ha puesto especial énfasis en los pueblos indígenas, para cambiar  la vulnerabilidad en la que se encontraban.

Sin embargo, algunas comunidades se han sentido tan empoderadas que sus líderes asumen que son dueños, amos y señores de su territorio, más allá de las leyes y de la vida de sus habitantes.

En Apolo, norte de La Paz, una adolescente de 16 años quedó embarazada luego de ser violada. Comunarios avergonzados por semejante barbaridad (la del embarazo, no la de la violación) la golpearon hasta hacerla abortar y luego quemaron el feto. La muchacha tuvo que huir hacia la ciudad de La Paz y buscar ayuda en un refugio. (La Razón, nota que recoge la información de Teófila Guarachi, representante defensorial de La Paz)

En estos tiempos, ¿hay gente capaz de avergonzarse de un embarazo como hace décadas, cuando señoritas eran obligadas a abortar o a dar en adopción a sus retoños sólo por preservar el buen nombre de la familia? Acabamos de leer que sí, que comunidades enteras se avergüenzan de los embarazos de sus adolescentes. Y esto, una vez más, es vivir para atrás.

Creemos que vivimos en la modernidad y hasta nos damos el lujo de criticar la constante vulneración de los derechos de las mujeres en el mundo musulmán. Nos horrorizamos cuando nos informamos de la lapidación de mujeres dizque adúlteras o de la ablación de clítoris en el otro lado del mundo; pero aquí cerquita de nuestras casas están pasando crímenes parecidos o peores.

Para las mujeres, éstos deberían ser tiempos de conquista de derechos políticos porque se supone que los otros, aquellos derechos que se refieren a la salud sexual y reproductiva, la alimentación, a la libertad de decidir sobre la vida misma, ya estaban consolidados.

Pero no, todo indica que la proclamada igualdad, la no violencia hacia las mujeres y otras conquistas se quedaron en las leyes y en nuestra vanguardista CPE, pero no lograron penetrar al ámbito doméstico ni comunal.

Juntas de padres de familia y dirigentes indígenas de 22 comunidades de La Paz resuelven expulsar de las escuelas a las adolescentes embarazadas por considerar que son un mal ejemplo para sus compañeros. (Página Siete)

Las víctimas son, otra vez, las mujeres porque en este vivir para atrás son ellas las que dan el mal ejemplo, no los hombres que las embarazan. Se supone que el mundo progresista y legalista en el que nos tocó vivir, todos los niños/as y jóvenes tienen derecho a la educación, sin importar si están o no esperando familia.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región. El promedio de la fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe es de 70 nacimientos por cada 1.000 mujeres con edades entre los 15 y 19 años, pero en Bolivia esa tasa es de 88.

Y lo más atroz del asunto es que, según la misma institución, el 17% de esos embarazos adolescentes fue producto de una violación en la escuela, comunidad o familia; pero siempre con mayor incidencia en el área rural, según información citada por La Razón. Ocultar el problema expulsando de las escuelas a las muchachas sólo exhibe la intolerancia hasta el absurdo.

El arzobispo de Chuquisaca, monseñor Jesús Juárez, advirtió con la excomunión a los legisladores que promueven la legalización del aborto. Y, en la misma línea punitiva, la diputada oficialista Emiliana Aiza consideró que el aborto es un asesinato y advirtió con el endurecimiento de penas. (Página Siete y Erbol)

¿Y a alguien le importa que la Iglesia lo excomulgue?, me preguntó un tuitero hace pocos días. Probablemente sí haya gente que aún tenga miedo a semejante advertencia, pero, la mayoría habrá esbozado una sonrisa al recordar viejos tiempos.

Eso es, sin duda, vivir en el pasado, justo ahora cuando el papa Francisco ha llegado para refrescar la vetusta institución eclesiástica. Hasta hace poco, su declaración en sentido de que él no puede condenar a los gays hubiera sido impensable. Lo más suave que hubiéramos escuchado es una condena verbal y una advertencia con satanás y el infierno.

Pero, más allá de la anécdota, las palabras del Monseñor denotan un repentino alineamiento de la Iglesia Católica boliviana con la línea punitiva del Gobierno. Todo es sancionable, todo es condenable y cualquiera que pretenda subvertir lo que se considera el orden instituido es sujeto de penalidad.

No otra cosa representa la posición de Aiza, la exjefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados. Es la misma legisladora que, cuando se debatía la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, propuso sancionar con 40 años de prisión a los que incurrieran en este delito. Salvo que luego se habrá dado cuenta que la Constitución reconoce los 30 años de encarcelamiento como máxima pena. Aiza es indígena, como lo son otros influyentes legisladores masistas que se han opuesto intransigentemente al debate sobre el aborto.

Pero, ellos no están solos, tienen el inusual respaldo de la derecha más conservadora, que se niega a abordar estos temas y prefiere taparse los ojos ante la realidad y las nuevas tendencias mundiales. Diputados como Adrián Oliva, Luis Felipe Dorado y Tomás Monasterios no escuchan argumentos, sólo dicen “no”. Ellos, sin duda, también viven en el pasado.

Éstos son apenas algunos ejemplos que muestran a una Bolivia viviendo en medio de rebrotes de épocas pasadas, que creíamos superar poco a poco. Podríamos continuar con la lista citando el caso de policías violentos que gasifican a sus mujeres, les provocan abortos y las golpean hasta matarlas. O el caso de la misteriosa muerte de soldados en sus cuarteles bajo el velo de la confusión y la impunidad. Podríamos seguir, pero esta columna ha llegado a su fin.

Desde el punto de vista informativo, hay que recordar que Bolivia hace siete años ha ingresado al mapa mundial de las noticias por el proceso político que encabeza el presidente Evo Morales; pero, ahora que esa presencia ha menguado, son los sucesos extremos los que reflotan el nombre del país en el agitado mundo de la información. Rarezas que injustamente muestran a un país tribal y salvaje, cuando todos sabemos que la inmensa mayoría de sus habitantes camina hacia una sociedad más moderna y respetuosa de los demás.

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