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Yul Jabour: En Venezuela se quiere fracturar la institucionalidad del Estado

Diputados y activistas sociales venezolanos visitaron La Paz; protestan contra una ley aprobada por su Legislativo, hoy en manos de la oposición.

Yul Jabour.

Yul Jabour. Fotos: Alejandra Rocabado

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:02 / 14 de marzo de 2016

El 16 de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), hoy controlada por la oposición, en “primera discusión” aprobó el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional; un instrumento legal cuya mayor peculiaridad, aseguran legisladores venezolanos del oficialismo, es que abre la posibilidad de perdonar a todos quienes hayan cometido delitos políticos desde el 1 de enero de 1999, un mes antes de que Hugo Chávez asumiera por primera vez la presidencia de su país; o sea, poner en cuestión los 17 años del régimen chavista (incluido el mandato de Nicolás Maduro). Mientras la oposición afirma que dicha ley es necesaria para enmendar excesos de “una justicia que no es transparente” (presidente de la AN, Henry Ramos Allup), el oficialismo califica el proyecto de “Ley de Amnesia Criminal” (Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico).

Ésta, antes que una ley “es una declaración de guerra”, enfatiza el diputado venezolano Yul Jabour (YJ), que junto al también legislador Jorge Pérez (JP) y las víctimas de los referidos ‘delitos políticos’ Yendry Velásquez (YV) y Édgar Márquez (EM), recorren países de la región para “denunciar”, según dicen, la impunidad e injusticia a que daría lugar de aprobarse dicho proyecto de ley. Con el control del Poder Legislativo por parte de la oposición, en Venezuela —destacan los entrevistados— hoy día se vive una suerte de ‘guerra legal-constitucional’: hasta donde pueden, los opositores llevan adelante leyes que desestructuren el armazón estatal construido por la “Revolución bolivariana”; de último, se supo que intentarán llevar adelante un referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. El punto es que esa batalla legalista apenas es la forma: en el fondo está la cada vez mayor polarización social; lo que hace prever el surgimiento de enfrentamientos entre los sectores sociales movilizados por uno y por otro lado.

— ¿Cuál es la principal objeción que tienen contra la proyectada Ley de Amnistía?

(JP) — Más allá de garantizar amnistía, crea y desata un estado de impunidad. Perdona delitos que se han cometido o se puedan cometer entre el 1 de enero de 1999 y el momento en que se apruebe la ley; ampara más de 50 delitos, uso indebido de armas, traición a la patria, delitos de lesa humanidad, fraude bancario, estafas inmobiliarias, tráfico de drogas, entre otros; en el preámbulo incorpora a todos los delitos que se hayan cometido en el marco de la lucha política.

— Al final, todo puede ser ‘lucha política’.

(JP) — Una ley que permitiría cometer nuevos delitos, en cuanto a acciones violentas, desobediencia civil, desacato militar; lo mismo que el sabotaje al sistema eléctrico; también se daría amnistía a los delitos económicos, como el boicot, el acaparamiento, de alimentos y medicamentos.

— Prácticamente se desandaría todo lo resuelto por la Justicia.

(JP) — Se contradice con la Constitución porque pone en tela de juicio o cuestiona planteamientos y procedimientos ya hechos por el Tribunal Supremo de Justicia, pues en el proyecto se asevera que no hay transparencia en la gestión de justicia; pero ésta no es una función que tiene la Asamblea: la Constitución establece que un poder no puede abarcar o asumir competencias de otro poder.

— ¿También tiene algún alcance, digamos, estrictamente político?

(YJ) — Un papel que está jugando la derecha y la oposición en el Parlamento es ir desmontando todos los instrumentos que se han logrado construir a lo largo de 17 años, desmontar los avances y las conquistas de la revolución bolivariana, que en 17 años han permitido la participación, organización y movilización del pueblo venezolano; desmontar, por ejemplo, todo lo que significó la Ley de Viviendas; se busca retribuirle a los grandes testaferros y a los grandes dueños de terrenos que eran usados para engordarlos; retribuirles económicamente, con grandes ganancias.

— ¿En qué medida esta ley es como una punta de lanza de otras que vendrán luego?

(YJ) — Nosotros creemos, y te lo voy a decir con toda sinceridad, que esa ley, más allá de ser una ley es una declaración de guerra; es un proyecto que no podría ser aprobado por ningún ordenamiento jurídico nacional o  internacional; es una ley que pone en estado de indefensión a la sociedad venezolana, pero también desconoce toda la institucionalidad de un Estado de derecho; todos aquellos que están siendo procesados hoy gozan del debido proceso, según lo establece la Constitución; se pretende que grandes estafadores del pueblo venezolano, banqueros que huyeron con ahorros de los venezolanos, que hoy viven en el exterior, sean perdonados por una ley de este tipo.

— Al parecer, la Asamblea Nacional puede promulgar por sí misma esa ley; el presidente Maduro puede vetarla, pero todo luego tendrá que ir al Tribunal Supremo de Justicia, que hace de Tribunal Constitucional...

(YJ) — Primero, que esta ley debe estar dentro de los mecanismos para la elaboración de las leyes; una vez que llega al Tribunal Supremo de Justicia, si se considera que tiene elementos de inconstitucionalidad, se declara esto y ya no puede ser promulgada. Ahora, ¿qué es lo que se plantea esa derecha hoy desde un poder del Estado? Busca legitimar toda la agresión contra Venezuela, legitimar desde lo interno; eso significaría un desconocimiento de un poder del Estado venezolano. Ellos quieren fracturar la institucionalidad del Estado; pero hoy en Venezuela hay instituciones muy sólidas, incluso que gozan de reconocimiento internacional.

— ¿Es la única ley en que hubo problemas?

(YJ) — Ellos desde que llegaron (a la Asamblea) han violado la Constitución. Esa ha sido una ruta que han tratado de implementar para hacer ver que cada vez que ellos aprueban un instrumento, se declara la inconstitucionalidad; y ellos saben que estos instrumentos tienen visos de inconstitucionalidad; por ejemplo, en enero aprobaron un documento que disponía que todas las sentencias, resoluciones, decretos y opiniones emitidas por grupos de trabajo de organizaciones internacionales tienen carácter vinculante para los tribunales venezolanos. Eso es absurdo, inaceptable, violatorio de principios de soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Ellos lo saben, pero sin embargo, aprueban (dichas normas), insisten para generar una situación de ingobernabilidad.

— ¿Cómo está reaccionando la población?

(YJ) — Lo que hay es un salto cualitativo en la conciencia del pueblo venezolano; si algo ha generado la revolución bolivariana, con la llegada del presidente Hugo Chávez, ha sido ese salto en la conciencia del pueblo, la necesidad de la organización, la movilización y la defensa del proceso, de las conquistas del proceso.

— Señora Velásquez, al parecer son varias las asociaciones de víctimas de la violencia política de los últimos 17 años.

(YV) — Somos tres grandes organizaciones: Asovic (Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002), que defiende a las víctimas del golpe de 2002; las víctimas del sicariato campesino (Fundación Nacional para la Protección de los Familiares y Víctimas del Sicariato Campesino); y, nosotros, el Comité de Víctimas de la Guarimba, víctimas de 2013 y 2014. (Guarimba: acto de protesta cuya principal característica es el bloqueo de las calles).

— Ustedes serían los primeros afectados por la nueva Ley de Amnistía.

(YV) — Estamos muy preocupados porque esta ley, que llamamos de “La impunidad y la falsedad”, a lo que está jugando es a seguir invisibilizando mucho más a las víctimas, a que no se nos tome en cuenta para nada. Hablan de una reconciliación nacional, pero si usted y yo tenemos una diferencia, pues nos sentamos y llegamos a un acuerdo mutuo; aquí no ha pasado eso. Usted puede revisar artículo por artículo (del proyecto de ley) y en ninguno de ellos se nombra a las víctimas del 2002, 2013 y 2014. Y es muy trillado eso de que tú vengas a darte una amnistía a ti mismo, porque eso están haciendo, se están amnistiando. El presidente Chávez, cargado de buena fe, ya los amnistió una vez; pero luego de que el presidente Maduro asumió el poder, se dio el primer golpe al pueblo, la llamada arrechada (palabra soez usada para denominar a la rabia con violencia) que no es más que un llamado al odio. ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? O sea, ¿los derechos humanos solo son para ellos? y ¿nosotros, qué?

— Señor Márquez, usted fue herido en una de esas movilizaciones...

(EM) — Es bien importante resaltar que lo que ellos llamaron “La Salida” (el “derrocamiento por mecanismos no democráticos” del presidente Maduro, según el oficialismo) es y sigue siendo (su objetivo); todas las operaciones conducen a hacer un clima de ingobernabilidad en nuestra sociedad, con el único objetivo de que haya una declaración del “Estado fallido” y, en consecuencia, una intervención extranjera; ellos no tienen fuerza en el interior del país o entre la sociedad, aún habiendo ganado las elecciones el 6 de diciembre; cuando se fueron a instalar en la Asamblea (Nacional), no pudieron concentrar 700 personas, porque (su triunfo) fue una campaña mediática de engaño a través de operaciones psicológicas; y con el paso del tiempo se les cae la careta.

— ¿Por qué esta gira de explicación del proyecto de Ley de Amnistía?

(EM) — Nosotros hacemos este periplo hacia los hermanos del sur, fundamentalmente haciendo dos llamados: uno, la denuncia de esa ley (de Amnistía), y, dos, el llamado a la conciencia de los pueblos hermanos, porque lo que le pase a la sociedad venezolana y por donde nos haga transitar la derecha internacional, lo va hacer con Bolivia, con Ecuador, ya lo vemos en Argentina, vimos lo que sucedió en Brasil. Hacemos este periplo para llamar la atención, porque hasta hoy a quien se ha escuchado y se le ha propagado la mentira es a la oligarquía venezolana. En mi país, se trata de crear un clima que diga ‘no hay orden’; nosotros tenemos dos amenazas que nos han hecho el año pasado: el decreto de Obama, que lo acaban de extender un año más; y las declaraciones del Jefe de la Quinta Flota (de Estados Unidos), que dijo que ‘si la sociedad civil nos llama, nosotros, entonces, por ayuda humanitaria vamos e intervenimos en ese país’.

— ‘Decreto de Obama’, diputado Pérez, ¿la declaración que alude a Venezuela...?

(JP) — El decreto de Obama; nosotros vemos con mucha sospecha: cómo ya se reafirma el decreto y la Asamblea Nacional de Venezuela aún  no se ha pronunciado con respecto a eso; cuando ese decreto es importante, pues se nos atenta directamente declarando que Venezuela es una amenaza. Ahí vemos cómo esa asamblea ha venido declarando diferentes emergencias, hasta una ‘crisis humanitaria’, describiendo un conjunto de hechos que solamente lo tienen los países en guerra; sabemos que hay dificultades económicas, hay realidades que se viven en Venezuela, pero no es esa situación que ellos exponen. Así, vemos cómo esta Ley de Amnistía lo que está buscando es generar un estado de desobediencia civil que lleve a un conflicto, a una guerra civil.

Datos

Nombre: Yul Jabour Tannous

Nació: En Caracas, el 2 de enero de 1970

Cargo: Diputado por el Gran Polo Patriótico 

Perfil

Yul Jabour pertenece al Partido Comunista de Venezuela, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Cojedes; es parte de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional.  

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