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Se afectan derechos constitucionales

La extinción del dominio de bienes, tal como está formulada en la nueva Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, rompe con todo el ordenamiento jurídico establecido en materia penal, civil y en derechos humanos.

La Razón (Edición Impresa) / Norma Piérola Valdez es abogada, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC)

00:00 / 02 de abril de 2017

La sancionada Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas introduce de contrabando la extinción del dominio de bienes, sin haberse aprobado previamente una necesaria “ley especializada”, y se la aplica al margen de cualquier proceso penal previo; o sea, la misma ley que fue declarada parcialmente inconstitucional es introducida, y de manera contradictoria, al contenido de su ley propuesta.

La nueva norma ataca al contenido estrictamente patrimonial de todo tipo de bienes no inmuebles, muebles y los sujetos a registro, valores, semovientes, fungibles, consumibles y los monetiza al margen de cualquier proceso penal previo.

La citada ley en el artículo 42. II dice: “Únicamente dentro de un proceso penal de delitos de sustancias controladas y delitos conexos, la DG-FELCN, a través de su unidad especializada, realizará inteligencia e investigación de legitimación de ganancias ilícitas...”; y los artículos 45, 46 y otros otorgan al Conaltid y a Dircabi potestades extrajudiciales y jurisdiccionales de administrar, monetizar los bienes secuestrados, incautados o confiscados dentro los delitos penales por sustancias controladas y delitos conexos y todo objeto de pérdida de dominio a favor del Estado; y le otorga a esta institución atribuciones como las de solicitar al juez de la causa penal “la orden de desalojo de bienes inmuebles incautados y secuestrados”, así como monetizar bienes por venta directa o remate, sin esperar el resultado de la acción penal iniciada contra un imputado por la presunta comisión de dicho delito, afectando directamente a los derechos y garantías a la propiedad privada, al derecho sucesorio, a los principios de presunción de inocencia y debido proceso; a los derechos a la legítima defensa, libre asociación y fusión de empresas o negocios, estableciendo “responsabilidad penal por terceros”, siendo así que la responsabilidad penal es intuito personae, estrictamente personal, y que de toda responsabilidad penal con sentencia ejecutoriada emerge recién la responsabilidad civil.

Los artículos 67, 68, 70 y siguientes de la citada ley señalan que “al  establecer la pérdida de dominio de contenido patrimonial o la pérdida al derecho de propiedad, la posesión de todo bien de procedencia ilícita, vinculada únicamente al tráfico de sustancias controladas [pasa] a favor del Estado y es de naturaleza imprescriptible, sin compensación alguna para el titular, poseedor o tenedor”.

Esto afecta inclusive al Derecho Sucesorio de los herederos, así como a bienes, derechos y acciones fusionados material o jurídicamente, provenientes de un presunto lavado de la actividad ilícita. Es más, inclusive el artículo 70. IV dice: “La muerte del titular, poseedor o tenedor, o la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes de procedencias ilícitas, vinculadas a las actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, no extingue la pérdida de acción de dominio de bienes a favor del Estado” (textual); o sea que ni la muerte del imputado extingue la acción penal y peor aún si la responsabilidad penal del imputado muerto pasa a los herederos.

Analizando cada uno de estos aspectos, la referida extinción de dominio rompe con todo el ordenamiento jurídico establecido en materia penal, civil y en derechos humanos. Corresponde aclarar que de la comisión de un hecho delictivo, nacen dos acciones: a) La responsabilidad penal, para imponer una pena o sancionar al autor de un delito y, una vez establecida esa responsabilidad, con sentencia ejecutoriada, emerge: b) la responsabilidad civil, que se abre en ejecución de sentencia, para pagar los daños causados a la víctima y costas al Estado. Así, la ley impone la extinción de dominio al margen de todo proceso penal.  

En lo relativo al principio de presunción de inocencia y garantía constitucional, prevista en el Art. 116 de la Constitución y en varios Tratados Internacionales (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos), se refiere que “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso en caso de duda, sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado”. En cambio, en la extinción de dominio presente en la nueva ley se presume la culpabilidad del imputado, de los propietarios, de los poseedores o tenedores de buena fe, y se presume que inclusive un imputado por un delito de sustancias controladas, así muera, no extingue la acción penal y menos la civil y se actúa contra los herederos no imputados, contra los socios de un negocio, presumiéndose que sus bienes y acciones son producto del ilícito que habría cometido el fallecido.

Afecta también al derecho de terceros, como los compradores de buena fe, bancos prestatarios de créditos o personas particulares que hubieren constituido una hipoteca legal sobre los bienes extinguidos a favor del Estado, porque aquí se extingue todo derecho real consumido y libera incluso al Estado del pago de impuestos sobre los bienes apropiados.

En cuanto al derecho al debido proceso, esto no es más que el cumplimiento de todos los requisitos legales, formales y constitucionales que deben respetarse dentro del procedimiento penal, así como el respeto a sus derechos y garantías constitucionales y jurisdiccionales (artículos 113 al 123 de la Constitución).

El artículo 115. II de la Constitución establece que “El Estado garantiza el debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Toda persona tiene derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y no podrá ser juzgada por comisiones especiales, ni ser sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. (Art.120). Estas garantías son a la vez derechos a la legítima defensa, a la igualdad de las partes ante la ley, a la presunción de inocencia, derecho al juez natural, a un juicio oral público. Al respecto, el artículo 117 de la Constitución dispone que “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente, en sentencia ejecutoriada”.  

El instituto de la extinción de dominio de bienes encuentra sustento constitucional en los principios, valores y fines del Estado, como los principios ético-morales de la sociedad plural, en virtud de los cuales debe protegerse jurídicamente la propiedad privada o colectiva de bienes adquiridos o heredados, sin que la ilicitud de los ajenos al procesado los afecte, porque se presume la buena fe y no la culpabilidad y la antijuridicidad.

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