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Y ahora... qué?

El 48,73% de los votos obtenidos por el Sí no alcanza para ganar el plebiscito. Pero con una oposición como la que existe hoy, es más que suficiente para ganar una elección nacional sin siquiera necesitar de segunda vuelta.

La Razón (Edición Impresa) / Daniel M. Giménez

00:06 / 21 de marzo de 2016

Hasta ahora, todo lo que podría y debía haberse dicho acerca de los escenarios abiertos por el resultado del referéndum del 21 de febrero ha sido acallado por un culebrón artificial y por maniobras mediáticas para, de un lado, agrandarlo o para, del otro, hacerlo desaparecer. ¿El resultado? Bolivia todavía se encuentra en clima de campaña electoral; es decir,  la coyuntura aún se ve, se lee y se vive a través de las pulsiones y todo tipo de emocionalidades profundas que mueve una campaña. Así, a casi un mes del evento electoral, nadie parece haber hecho la pausa reflexiva mínima para los análisis y las prospecciones. Y, por tanto, las pocas decisiones políticas tomadas por los actores en este breve lapso aparecen carentes de una lectura razonable del momento y de lo que podría venirse. Es tiempo de dejar las pasiones y dar paso a los análisis.

A grandes rasgos, un primer análisis —y, por ello, inevitablemente preliminar— muestra que al menos cuatro hechos políticos van a condicionar cualquiera de los escenarios posibles tras y/o gracias al referéndum.

DEMANDA. 1. La política exterior. Las celebraciones más festivas por el triunfo del No no tuvieron lugar en Santa Cruz, sino, a puertas cerradas, en el ex Hotel Carrera de Santiago, sede actual de la Cancillería chilena. Y razones para celebrar a La Moneda no le faltan. Independientemente de cuál sea el pronunciamiento final de la Corte de La Haya, la demanda boliviana ha sido ya el peor dolor de cabeza para la política exterior chilena desde que Filipinas le cancelara a Pinochet una visita oficial encontrándose él en pleno vuelo hacia Manila.

La intensa y agresiva campaña de Palacio Quemado, con un Evo Morales en un rol protagónico, ha tenido un profundo impacto en el Gobierno chileno, cuya estrategia ha sido profusamente cuestionada por todas las fuerzas políticas domésticas tras la primera victoria boliviana en La Haya. El impacto fue tal que el hasta entonces equipo responsable de la causa fue completamente rediseñado, partiendo por un cambio en la cabeza: salió Felipe Bulnes, antes Ministro de Educación de Piñera, y entró el archiconocido Pánzer (José Miguel Insulza).

En Chile hay perfecta consciencia de que el motor principal de la demanda boliviana ante La Haya es el mismísimo Evo Morales y que, probablemente, con otro jefe de Estado/Gobierno el conflicto por la cuestión marítima podría bajar en intensidad hasta diluirse completamente, tal y como ya ha pasado en ocasiones anteriores (el muy oportuno para Chile golpe de Estado de Natusch Busch, por ejemplo). Jorge Canelas, excónsul de Chile en Bolivia, con su encendida retórica ultraconservadora, ya ha anunciado en una columna publicada en un medio electrónico de propiedad del exministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, que el triunfo del No abre la posibilidad de sacar el diferendo marítimo de la Corte de La Haya para resolverlo por los canales diplomáticos de los que históricamente Chile ha abusado para matar el tema. En sus palabras: “Pasados los efectos inmediatos del referéndum en Bolivia, se abre una oportunidad para que Chile recupere la iniciativa que perdió hace ya un buen tiempo en el terreno bilateral, sacando la relación futura del ámbito judicial…” (Jorge Canelas, “Bolivia post-referéndum: Evo en ‘empate técnico’ con la realidad”. El Líbero, 26 de febrero de 2016. En http://ellibero.cl/opinion/bolivia-post-referendum-evo-en-empate-tecnico-con-la-realidad/)

Las esperanzas de Canelas y el Gobierno de Chile no carecen de fundamento. La tramitación en La Haya de la demanda boliviana tomará no menos de cinco años más. Para el momento en que debiera resolverse, Evo Morales, gracias al triunfo del No, estará fuera de la presidencia. La Moneda está apostando parte importante de sus fichas a resolver el diferendo marítimo en el breve lapso entre el fin del mandato de Morales y la posible resolución del tribunal de La Haya. Y ese escenario es posible solo gracias a los resultados del referéndum. Por tanto, éstos tendrán un impacto efectivo, aunque todavía difícil de determinar, en la política exterior boliviana de mediano plazo hacia Chile.

MAYORÍA. 2. El oficialismo, aventajada mayoría política. La principal fuerza política de Bolivia sigue siendo el oficialismo. El 48,73% de los votos obtenidos por el Sí no alcanza para ganar el plebiscito. Pero con una oposición como la que existe hoy, es más que suficiente para ganar una elección nacional sin siquiera necesitar de segunda vuelta. Los resultados electorales no dan sustento a ninguno de los augurios apocalípticos y responsos fúnebres por el MAS o el movimiento popular que constituye su base escuchados y leídos en las últimas semanas.

En teoría, el único desafío que este escenario le plantea al oficialismo de cara a las elecciones de 2019 es la consolidación y el cuidado de su capital de votos. Ni siquiera requiere una estrategia de crecimiento electoral; basta con que no cometa estupideces —patear el tablero o intentar modificar la Constitución nuevamente, por ejemplo— que le hagan perder o dividir lo que hoy tiene.

En la práctica, sin embargo, la situación del oficialismo supone grandes complejidades y el desafío puede terminar siendo inabordable por varios motivos. Para empezar, es en este momento que la hipertrofiada personalización del proceso histórico iniciado en 2006 va a pasar todas sus facturas. La única forma de mantener y consolidar el capital electoral del 48.73% y convertirlo en triunfo en 2019 es dando una respuesta muy rápida al problema de la rutinización del carisma que hoy porta Evo Morales. Pero, como es de conocimiento público, la tarima presidencial se yergue sobre un edificio de amontonados cadáveres políticos de exaliados que tuvieron la mala ocurrencia de levantar su perfil público, desde Alejo Véliz hasta Santos Ramírez, pasando por Román Loayza, Filemón Escóbar, Félix Patzi —el único que todavía no termina su inevitable transmutación en cadáver político— y un largo etcétera.

La maniobra de fagocitarse constantemente a los aliados de lucha, que en un primer momento hasta podría concebirse como necesidad de sobrevivencia política, después del 21 de febrero se convierte en un candado chino. No se ve en el horizonte próximo ningún liderazgo de recambio, no al menos uno con la misma instalación, convocatoria y unanimidad que hoy cuenta Evo Morales en el movimiento popular boliviano. Por de pronto, lidiar con este problemilla debiera convertirse en la principal ocupación política del oficialismo en el plazo inmediato. Intentar una nueva modificación a la Constitución es solo una forma de diferir el problema, que ya no resiste más gambetas ni amagues.

A esa dificultad hay que sumarle el largo trecho que aún queda por recorrer hasta 2019, lo que, vistos los eventos recientes, significa una sola cosa: mucho tiempo para hacer estallar todo tipo de escándalos, reales o (lo más probable) fabricados por la prensa; por tanto, un mundo de prácticamente infinitas oportunidades para continuar con la política de desgaste de la imagen del Gobierno, de sus principales conductores y del mismísimo Evo Morales.

Respecto a esto, ya se verá si Morales es capaz de dimensionar la magnitud histórica del proceso que encabeza o si, por el contrario, aún no le importa ponerlo en riesgo priorizando, en su lugar, el aplacamiento de sus efervescencias hormonales adolescentes.

SUJETO. 3. Un sujeto histórico más compacto. Los datos oficiales no permiten determinar con fineza por dónde se produjo la sangría del oficialismo, que de los 3.173 304 votos obtenidos por Evo Morales en las elecciones generales de 2014 cayó a 2.546.135 votos en el referéndum del 21 de febrero. Pero los indicios que se pueden recoger en otras fuentes, desde encuestas hasta redes sociales, muestran que claramente se produjo por el lado clasemediero o pequebú. Y eso, en materia de las luchas en el nivel de la historicidad, significa una cosa: el quiebre final del bloque histórico que desde 2006 y hasta probablemente la elección de 2014 había permitido la hegemonía, completamente inédita, del movimiento popular boliviano.

El bloque histórico mencionado tenía su base principal en el campesinado del Chapare y del resto del país, pero también hacía síntesis del proletariado y la pequeña burguesía indígena originaria de las zonas urbanas periféricas —especialmente de El Alto y el Plan Tres Mil— y de facciones de la pequeña burguesía, de sectores céntricos y residenciales de las principales ciudades, de condición étnica más bien blancoide. Esta alianza tácita de clases y facciones de clase permitió traducir, a través de las elecciones, la fuerza social del movimiento popular en la mayoría política que hizo posible a Evo Morales gobernar sin mayores sobresaltos desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución en 2009.

Desde el mismo 2006, sin embargo, poco a poco, primero, y a raudales, después, el choclo empezó a desgranarse por el lado clasemediero “profesional”. Partiendo por Soliz Rada y terminando con Wálter Chávez, pasando por un largo etcétera de almaraces y librepensadores (¡albricias!),  uno/a a uno/a los y las representantes de la pequeña burguesía urbana profesional, que suelen tener el rol fundamental de gestionar la hegemonía, fueron bajándose o siendo expulsados/as del barco hasta dejarlo prácticamente vacío de rostros blancoides. Salvo el vicepresidente, algunos ministros y un par de históricos/as emblemáticos/as de segunda línea, la base de apoyo pequebú al proceso prácticamente ha dejado de existir.

Eso, como se mencionaba, implica el quiebre final del bloque histórico conducido por el movimiento popular desde 2006. Y, como todo quiebre, inevitablemente supone debilitamiento. El resultado de las elecciones subnacionales de 2015 y del referéndum del 21 de febrero son la prueba más elocuente de esto último.

En materia política, las consecuencias del quiebre y posterior debilitamiento son claras. Sin el respaldo y la coparticipación de las facciones más progresistas de la pequeña burguesía, el movimiento popular puede mantenerse aún como la principal fuerza del país, pero no puede ya conformar las mayorías políticas necesarias para copar la mayor parte, ni siquiera una pequeña porción menor pero estratégica, de los espacios del Estado.

Según todos los indicios, no hay forma alguna de que el bloque hegemónico se recomponga recuperando a las facciones clasemedieras que perdió en estos años. Al contrario. Parte importante de los principales rostros de dichas facciones se unieron a la derecha más recalcitrante para transformarse, ahora, en incondicionales opositores al Gobierno y al curso que ha tomado, especialmente en los últimos años, el proceso histórico conducido por el movimiento popular. 

Pero el escenario tampoco es tan malo para el actual bloque cada vez con menos visos de hegemonía y con cada vez más síntomas de dominación con la pérdida de las facciones pequebú. Todo bloque histórico, por su composición multiclasista, enfrenta la complejidad de la heterogeneidad de intereses, proyectos históricos o concepciones del poder y del Estado.

En el momento dialéctico de la constitución del bloque, sus actores componentes subordinan y postergan dicha heterogeneidad con miras a perseguir el objetivo o proyecto social, político o histórico que se han trazado. Pero nunca deja de estar latente y, más temprano que tarde, termina manifestándose y tensionando irremediablemente al bloque en su conjunto. Bien lo sabe el  movimiento obrero boliviano, que, tras ser determinante en la Revolución de 1952, terminó quebrando con el movimientismo y, por esa vía, debilitándolo hasta dejarlo servido en bandeja a quién quisiera servírselo.

Articular o mantener equilibrios con la complejidad de un bloque histórico multiclasista supone elevados niveles de desgaste y altos costos de todo tipo (de transacción, de oportunidad, etc.). Por ello, aunque el quiebre en ocasiones pueda ser el primer paso hacia una crisis orgánica, en otras tantas puede terminar representando la única salida a problemas graves de conducción política. El resultado evidentemente es un debilitamiento, pero también un sujeto social, político o histórico más homogéneo, menos tensionado internamente, más enfocado y, por todo lo anterior,  probablemente también más eficaz. El desafío está en reducir la complejidad de la heterogeneidad sin debilitarse lo suficiente como para entrar en crisis orgánica. Si se logra esto último, el resultado es un sujeto histórico más compacto y aún viable.

Por lo que se puede observar, este último es, por el momento, el resultado del quiebre del bloque que sirve de base al proceso histórico iniciado en 2006: un actor —el Gobierno del movimiento popular— en proceso de debilitamiento, pero también menos heterogéneo y más compacto, con una identidad —campesino indígena originaria— menos sujeta a conflictos por la composición de su base colectiva, y, finalmente, con mayor unanimidad de proyecto y objetivos. El costo es, como se mencionaba, dejar de ser mayoría política, lo que, para el Gobierno, supone un desafío importante: terminar con el fraccionamiento interno para que el 48,73% sea el piso.

OPOSICIÓN. 4. El pantano de la oposición. Sea cual sea la situación del oficialismo, nunca va a llegar a ser tan crítica como la de la oposición. A contrapelo de la recomposición neoliberal que está teniendo lugar en el resto de América Latina, en Bolivia, pese a los resultados del referéndum, no se observan signos de emergencia de un bloque subalterno consistente y en condiciones de disputarle hegemonía y poder al bloque del movimiento popular. Los mismos graves problemas que tras la guerra del gas enfrentaban los actores que conforman la actual oposición se arrastran intensificados hasta el día de hoy: dispersa, fragmentada, con hiperinflación de cacicazgos de rango medio y sin proyección nacional, carente de proyecto histórico, sin estructuras orgánicas sólidas ni bases sociales mayoritarias o confiables, pero, sobre todo, plagada de actores de una mezquindad cortoplacista que imposibilitan la formación de un frente unificado para una contienda presidencial.

Puesta a optar entre alternativas dicotómicas como las del referéndum, la sociedad boliviana expresa una leve mayoría contra el oficialismo. Pero en disputas electorales abiertas, en las que la fragmentada oposición tendría chipe libre [‘libertinaje’, expresión popular chilena] para multiplicar sus candidaturas y apuestas, las posibilidades de que conforme una mayoría política que derrote al oficialismo son casi nulas.

Hay cuatro graves problemas que durante la última década han imposibilitado que la oposición resucite y presente una alternativa social y políticamente viable a la sociedad boliviana: ausencia de un liderazgo que concite unanimidad; ausencia de un proyecto histórico que aglutine voluntades; la pesada mochila neoliberal de gran parte de líderes y organizaciones opositoras; y, finalmente, la falta de generosidad política para articular un frente único como, por ejemplo, el de la oposición venezolana. Y, por sí fuera poco, tras el referéndum ha dado muestras de seguir avanzando en la misma dirección hacia el despeñadero de la última década. En lugar de unificarse, de renovar liderazgos, de partir por pensar una Bolivia alternativa a la del movimiento popular hoy gobernante, sigue fragmentándose en aventuras políticas sin proyecto y condenadas a la marginalidad, como la anunciada por Filemón Escobar, Amalia Pando y Jorge Lazarte, tres históricos campeones nacionales del tejado de vidrio. Solo falta que pongan a Jimena Costas o Carlos Mesa a la cabeza de su nuevo referente para acercarse a la cumbre de la montaña de Sísifo…

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