Animal Político

Más allá de La Haya

‘Seamos realistas, pidamos lo imposible’ (graffiti de la revuelta estudiantil de 1968). Aunque hay que evitar polemizar sobre la demanda que Bolivia presentó contra Chile en la Corte de Justicia de La Haya, es necesario escudriñar otras opciones en el afán de volver al mar.

La Razón / Carlos Antonio Carrasco

00:02 / 12 de mayo de 2013

Un verdadero diluvio de artículos, editoriales mediáticos, comentarios y declaraciones variopintas ha provocado en los países involucrados la   presentación, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la demanda boliviana contra Chile, a propósito del diferendo que confrontan ambos Estados por la cuestión marítima.

Lo que los folios bolivianos solicitaron el 24 de abril de 2013 es, modestamente, que la CIJ obligue a Chile a negociar “de buena fe, sin demora, formalmente, dentro de un plazo razonable y de manera efectiva, para otorgar a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”.

Ya se ha escrito, ad nauseam, acerca de la estrategia boliviana de no desahuciar el Tratado de 1904 y de estar abierta a opciones que la aproximen al objetivo final. Entonces, es ocioso repetir los argumentos vertidos, como también lo sería insistir en analizar la monserga chilena de no ceder un centímetro de su soberanía territorial o marítima.

Tampoco es momento de criticar el texto de la demanda boliviana ni de la oportunidad de presentarla, u objetar a los operadores escogidos para llevar adelante los procedimientos exigidos por la CIJ. Es un fait accompli, y como bolivianos corresponde a todos, oficialistas y opositores, respaldar a la nación en una causa que se ha convertido en la razón de ser del país. Pero sería prudente evitar arrinconar a Chile en un callejón sin salida y que, pasado un lustro, Bolivia tenga que encarar las mismas respuestas evasivas.

El presidente Evo Morales, con propiedad, ha denunciado que la estrategia chilena se basa en dilaciones de mala fe para soslayar una solución a aquella centenaria reclamación y que Chile alentó, socarronamente, los denominados “derechos expectaticios”. Este concepto, aunque resulte una innovación en los hitos de la CIJ, ha sido recogido por varios internacionalistas, que los definen como “actos concertados no obligatorios” que consisten en episodios que, sin tener la gravedad de acuerdos o tratados, están destinados a regular las relaciones entre los Estados y orientar su comportamiento. El diplomático chileno Luis Winter los compara a los gentlement’s agreements del sistema anglosajón con declaraciones no concluidas, que por lo general no obligan “pero que podrían en ciertos y determinados casos y en forma excepcionalísima llegar a constituir, por su repetición y conciencia de serlo, costumbre o derecho consuetudinario”.

Conscientes de que las sucesivas fases del pleito cubrirán un periodo no menor a cuatro años, imaginemos que el veredicto final e inapelable obligue a Chile a negociar el desacuerdo. Ello querrá decir que, al cabo de ese lapso, se volverá a fojas cero de la negociación bilateral, pero esta vez bajo la aureola jurídica de la CIJ, salvo que Chile, para entonces, rechace unilateralmente la decisión de la Corte. Tampoco está excluida la probabilidad de que un pacto extra-judicial concluido a nivel político, conduzca al desistimiento de Bolivia antes de esperar el fallo de la CIJ.

Ante esa hipótesis, las partes podrían presentar avenidas de solución al problema, cuyas limitadas opciones se tropezarían con las objeciones por todos conocidas, tales como la soberanía, la potestad peruana de autorizar la cesión de territorios que fueron suyos, la oposición a que el territorio chileno se parta en dos al ceder espacio para un posible corredor, los inconvenientes de un enclave sin conexión con Bolivia, el rechazo boliviano a un canje territorial y otros puntos divergentes.

Sin embargo, si ambos países mitigan sus exigencias, es evidente que con la opción del corredor Chile perdería su frontera con el Perú y, en el caso de un mero enclave, Bolivia no obtendría conexión directa. Las opciones que se buscan para salir de ese monumental laberinto registran inclusive la risueña construcción de un corredor subterráneo que conecte las escabrosas montañas bolivianas con una isla artificial en el Pacífico. Entre esa baraja de iniciativas que complazcan a las partes, utópicas algunas y más factibles otras, se presenta la posibilidad de optar por la creativa figura de un leasing (1) territorial que satisfaga el derecho y la aspiración boliviana de contar con  acceso soberano al océano Pacífico y el sentimiento chileno de mantener soberanía, aunque limitada o hibernada, en el espacio que arriende. Entendiendo el leasing como el contrato de arrendamiento de una determinada porción de territorio por donde atravesaría un corredor que conectaría el futuro puerto boliviano y su litoral marítimo con la frontera nacional. La ubicación de esa franja terrestre sería objeto de ulterior gestión, una vez aceptado el principio de ese arreglo. Sea ésta trazada al norte de Arica o cercana a Pisagua (como alguna vez se sugirió) o bien en antiguo territorio boliviano, la transacción se basaría en las tres condiciones básicas que tradicionalmente se emplea en estos casos: a) traspaso de derechos del Estado lessor (arrendador) al Estado lessee (arrendatario), b) término o duración del contrato y c) compensación financiera (u otra) al Estado arrendador.

En los términos de transferencia figuraría una nueva concepción de soberanía, la duración del leasing que podría ser de 50 o 99 años renovables y la compensación, objeto de arreglo especial. Michael J. Strauss, colega mío en el CEDS parisino y experto en ese campo, señala como ejemplos típicos de leasing que viabilizaron  la solución  de disputas sobre la soberanía de determinados territorios los siguientes:

La factibilidad de este modus vivendi data desde 1856 cuando España cedió a Francia el Quinto Real Norte en los Pirineos, por una renta que aún la sigue pagando. En 1897, China alquiló a Gran Bretaña un área pequeña en Burma, entonces colonia inglesa, y a su vez, en 1898, Francia le arrendó tierras aledañas al río Niger (en lo que hoy es Nigeria).

En 1992, en el punto Tin Bigha en India, Bangladesh adquirió derechos. Por ese tiempo, también Israel negoció dos pedazos de territorio con Jordania, como parte del tratado de paz signado en 1994.

Pero hay cinco ejemplos más emblemáticos de este tipo de transacciones:

1. Por acuerdo de China con Gran Bretaña (1842) aquél le cedió la isla de Hong Kong hasta 1997 en que le fue devuelta.

2. El Canal de Panamá y una vasta zona adyacente, por convenio entre esa república y Estados Unidos, se mantuvo bajo soberanía americana hasta que el Tratado Torrijos-Carter, (1977) le revirtió a Panamá.

3. Guantánamo y su extensa bahía es un enclave en Cuba bajo control americano, fruto de la Enmienda Platt (1903). Esa condición persiste, no obstante las vidriosas relaciones entre ambos gobiernos.

4. Entre Ucrania y Rusia, señalemos el convenio por el cual un puerto propio sirve para asentar su poderosa flota en el Mar Negro. El leasing fue renovado hasta 2042.

5. Finlandia alquila de Rusia el canal de Saimaa para salir al mar, por acuerdo con la ex URSS en 1963. Éste acaba de ser reconducido por 50 años más.

(1) El leasing o la traducción aproximada al español comodato, (commodatum) podría ser estudiado como otra alternativa para la solución de este conflicto bilateral, siendo comodante quien arrienda y comodatorio el inquilino.

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