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2017, el año para encarar una agenda apremiante en seis áreas

Los temas que deben ser tratados con apremio pasan por garantizar reservas de gas para asegurar los ingresos, la industrialización, la reforma judicial, el pacto fiscal, la  provisión  de agua y  reformas en el sistema de salud, aunque no son los únicos.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista de La Razón

00:00 / 29 de enero de 2017

Se puede afirmar que la gestión 2017 será la de los temas apremiantes, de las cuestiones para las que urgen respuestas más o menos inmediatas de parte de la acción gubernamental; es como si 2016 le hubiera dejado al Estado más problemas que “buenos augurios” en grandes obras. Por los anuncios que vino haciendo el presidente Evo Morales sobre su nuevo gabinete ministerial, el cual se conocerá mañana 23, se perfila un cambio más o menos sustancial. Siempre se dijo aquello de “político y técnico”, pero además de “dar oportunidad a las nuevas generaciones”, el Mandatario dejó entrever una mayor concentración en la gestión misma: “Para una nueva gestión, necesitamos hermanos y hermanas que tengan mucho compromiso con el pueblo boliviano, eso pasa por experiencia y gestión, eso pasa también por la parte política y de conocimiento para una nueva gestión”.

Según un relevamiento que hace este suplemento se identifican al menos seis grandes cuestiones con rasgo de apremio, de tratamiento indispensable o imperioso: en el ámbito hidrocarburífero, garantizar el suficiente gas natural para el mercado externo; concretar emprendimientos de industrialización energética; la reforma del sistema judicial, tanto por la perentoria elección de nuevos magistrados como por la “revolución” del sistema que anunció el Gobierno; el postergado pacto fiscal que permitirá la implementación efectiva de las autonomías; las políticas públicas para asegurar la provisión de agua potable, por la crisis desatada el año pasado; así como reformas en el sistema de salud público y de la seguridad social, que mostraron signos de colapso.

EMERGENCIA. Para la oposición política se trata de una agenda casi de emergencia, pues, argumenta, estos temas no fueron resueltos a lo largo de 11 años. Para el oficialismo, en cambio, si bien son cuestiones que en gran parte serán encaradas en este nuevo año, no es que recién se trabajará en ellas.

En lo relativo al gas, los opositores ven que el Gobierno no avanzó en el cambio de la matriz productiva, por lo que la economía sigue dependiendo, entre otros, de este energético. Y como no se consolidaron otras fuentes de ingreso, la diputada Jimena Costa (Unidad Demócrata) considera que por lo menos este año se aseguren los recursos por su venta, lo que pasa, afirma, por el incremento de las reservas. El diputado Helmut Salinas (Partido Demócrata Cristiano) complementa que para asegurar recursos económicos por la comercialización del gas se debería buscar otros mercados, ya que con eventuales incumplimientos o menores envíos de gas a Argentina, puede ocurrir que ésta o Brasil acudan a otros proveedores.

Al respecto, el analista del sector, Hugo del Granado, indica que desde la última certificación realizada en 2013, cuando se verificó que el país tenía 10,45 TCF (sigla de trillones de pies cúbicos en inglés), esa cantidad habría disminuido en 2016 a 8 TCF.

Desde esa fecha no se realizó una nueva certificación de los depósitos de gas, según el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, porque, señala, no se hicieron nuevos trabajos de exploración para reponer el energético consumido, lo que deriva en incumplimientos en los contratos con Brasil y Argentina, pero también ponen en desventaja al país a la hora de negociar nuevos acuerdos.

El diputado Gonzalo Barrientos (Unidad Demócrata) no avizora resultados alentadores para incrementar las reservas este año, ya que para encontrar más hidrocarburos se debieron hacer trabajos de prospección y exploración años atrás.

Del Granado complementa que no se realizaron inversiones en este campo porque la política petrolera no es flexible. “En estos últimos 10 años no se han podido atraer inversiones que hagan el trabajo exploratorio en Bolivia y eso tiene que ver con una falla en la estructura jurídica que tiene que ser reformada; en la medida en que la política sea cerrada y estatista, no será posible que ingresen inversiones en los montos en que se necesita”, manifiesta.

En respuesta, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, asegura que las inversiones en materia hidrocarburífera, en los últimos años, permitieron no solamente garantizar la exportación de gas, sino el aprovisionamiento del mercado interno, con gas, gas licuado de petróleo y gasolina, tanto así que el país exporta. “Eso no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando en exploración y producción, de hecho hemos aprobado leyes que incentivan la inversión en el sector petrolero y creemos que eso va a tener un impacto positivo”, afirma.

CAMBIO. En su informe de gestión 2016, el mandatario Evo Morales informó que entre 2006 y 2015 se invirtieron con ese fin $us 6.946 millones, monto superior al reportado en 20 años, de 1985 a 2005, que fue de $us 5.002 millones. El lunes 15 de enero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio a conocer que este año invertirá $us 1.800 millones para 20 proyectos exploratorios.

Al contrario de las críticas de que no se cambió la matriz productiva, Montaño asegura que este proceso fue iniciado hace años con la transferencia de recursos a la producción de alimentos, al sector eléctrico, así como la puesta en marcha de las plantas de urea y amoniaco y litio. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, coincide en que estos emprendimientos generarán ingresos adicionales para el país, así como las plantas separadoras de líquidos con la venta de GLP.

Sin embargo, tanto Del Granado como el diputado Salinas coinciden en que si bien la planta de urea y amoniaco comenzará a operar, no hay mercados para su producción. “Estos aspectos de la industrialización están siendo utilizados electoralmente”, concluye Barrientos.

Un tercer tema que debe ser encarado es la reforma judicial. Para el oficialismo, la transformación profunda del sistema judicial pasa por dos aspectos: renovar los máximos cargos en los comicios que se celebrarán este año, y aprobar sus proyectos de ley remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional en diciembre, que incluyen nuevas sanciones a los operadores de justicia que incurran en la innecesaria postergación de las audiencias judiciales y la creación de figuras como el agente encubierto para investigar la corrupción.

El ministro Romero precisa que los cambios además pasan por la aprobación de un nuevo Código del Sistema Penal que articulará el Código Penal y la Ley de Ejecución de Penas, así como la conformación de una comisión de seguimiento de las reformas que evite la politización.

La oposición ve inviable una reforma profunda en el actual Gobierno, a tal punto que, de acuerdo con Costa, el referido cambio solo será posible cuando el Ejecutivo termine su gestión en 2019. Para Barrientos la propuesta de reforma de la administración Morales es solo un maquillaje, que no le garantiza la independencia, un aspecto que debe ser resuelto este año.

En el caso de la elección de nuevos magistrados, el apremio, sobre todo para el oficialismo, consiste en que no debe repetirse el error, reconocido por el propio Gobierno, de designar candidatos según representación de sectores u organizaciones sociales, y que debe insistirse en la meritocracia a la hora de seleccionar a los postulantes que irán a la votación ciudadana.

Para Costa y Salinas, si la Asamblea Legislativa elige a los precandidatos, éstos de todos modos responderán al oficialismo y a los movimientos sociales. Por ello, el último propone que se conforme un grupo colegiado y de académicos para que, en la designación de aspirantes, el Órgano Judicial “no sea la costilla del partido de gobierno”.

INVIABLE. Doria Medina complementa que una de las causas de la crisis de la Justicia boliviana está en “el cuoteo masista, el control desde el Palacio (de Gobierno) y los ministerios, y el empleo de la Justicia como arma de persecución y represión a los bolivianos que no son del MAS”. Por ello, considera que es “ingenuo” pensar que el partido oficialista arreglará este sistema deteriorado, y, al contrario, le conviene que siga así, porque está al servicio de sus intereses.

Un cuarto punto de la agenda es el pacto fiscal. Mientras para el oficialismo ese proceso pasa por una gestión eficiente de los recursos, la oposición y las regiones consideran que debe haber una redistribución de competencias acompañada de recursos para sostener las mismas.

“Vemos recursos que no son utilizados por entidades territoriales autónomas y que están en caja y bancos; sigue habiendo ineficiencia en la inversión pública, entonces no se puede ver como única problemática el pedir más recursos si no se está siendo eficientes con los recursos que se tiene”, manifiesta Montaño.

Al contrario, Barrientos considera que este acuerdo pasa por garantizar la redistribución de recursos y de competencias. “Hay que hacer una redistribución de competencias, modificar muchas leyes para implementar las autonomías y redistribuir los recursos económicos, pues el 88% de los mismos los maneja el nivel central y solo el 12%, los departamentos, municipios y universidades; y eso no es autonomía”, enfatiza. Añade que una vez que exista ese nuevo reparto, se podrá mejorar las condiciones de salud, educación, seguridad ciudadana y la calidad de vida.

No obstante, su colega Salinas duda de que se llegue a un buen puerto en esta temática por la negativa del Ejecutivo a ceder recursos.

La quinta gran temática que debe ser abordada este año es el agua, a propósito de lo que ocurrió con el desabastecimiento del líquido potable en el país, pero especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

El ministro Romero anuncia respuestas estructurales a esa problemática. Y la presidenta de Diputados Montaño complementa que para garantizar agua a la población se ejecutará este año el proyecto Peñas, la construcción de una represa, que fue anunciada el pasado año.

El diputado Barrientos observa que la visión de solamente construir ese tipo de embalses es simplista y que, al contrario, lo que se tendría que hacer es aprobar una Ley de Aguas para que el Estado, a través de sus diferentes instancias, garantice provisión, consumo, utilización y distribución de este importante servicio.Junto a la problemática del líquido, Costa considera que se deben generar políticas de prevención contra el calentamiento global y la deforestación de los suelos.

Finalmente, según el sondeo efectuado por el suplemento, la sexta tarea perentoria es la transformación estructural del sistema de salud. El oficialismo, a través de la diputada Montaño, expresa que en esta temática ya se puso en marcha la edificación de hospitales, una política a la que se dará continuidad durante esta gestión.

Para su colega de oposición Barrientos, se debe reestructurar la prestación sanitaria, que está a punto de colapsar, mediante una mayor asignación de recursos. El diputado opositor Salinas considera que ese cambio pasa por la implementación de un seguro universal. “Hay que ver qué pasa con las Cajas (Nacionales de Salud), se tiene que trabajar en ello”, dice.

Si bien esos son los temas urgentes, hay otros que también fueron identificados y que pasan, por ejemplo, por implementar medidas en seguridad ciudadana, como el proyecto Bol 110 que comenzará este año, explica Romero, a través del cual se prevé la expansión de dispositivos tecnológicos en diferentes áreas.

Otra de las temáticas está orientada a la lucha contra el narcotráfico, con la instalación de 13 radares en las fronteras, con lo que se tendrá control del espacio aéreo. Junto con ello, una de las prioridades es que durante esta gestión se pueda aprobar la Ley de Sustancias Controladas y la Ley General de la Coca.

Urge además, según el diputado Salinas, buscar la recuperación del mercado estadounidense para la industria textil, lo que permitiría diversificar las exportaciones.

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