Animal Político

Seis años de Evo

Sus logros y falencias

La Razón / Iván Finot

00:00 / 12 de febrero de 2012

El proceso boliviano actual es ante todo un proceso de democratización. Con la elección de Evo Morales por mayoría absoluta en 2005, por primera vez la población étnica de origen rural y siempre marginada descubrió que podía elegir como Presidente del Estado a uno de los suyos. Si se acepta que fundamentalmente la democracia es “el poder del pueblo”, se puede afirmar que la mayor parte de los bolivianos está accediendo por primera vez a la democracia, y lo hace desde su forma más elemental: “la mayoría manda”. Ya se ha accedido a lo esencial de ella, está pendiente desarrollarla.

La Constitución es sin duda perfectible, pero se puede destacar en ella al menos dos grandes aciertos: la equidad de género —que nos sitúa entre los países más avanzados en esta materia— y las autonomías territoriales. La generalización de los regímenes autonómicos departamentales, la instauración de autonomías indígenas y la igualdad entre todas ellas es una solución estructuralmente acertada. Lo es particularmente respecto a pretensiones diferenciadas departamentales respecto de ella, con las que se trataba de imitar a España.

Además de la Constitución, se debe destacar cuatro grandes aciertos de la nueva democracia boliviana:

1. Desde la Segunda Guerra Mundial los sucesivos gobiernos de Estados Unidos tuvieron una gravitación decisiva en la política boliviana. Esta gravitación fue cortada de raíz con la expulsión del embajador de dicho país en 2008 hasta la suscripción de un acuerdo en el que se establecen relaciones entre iguales, el cual pronto será ratificado por la Asamblea Legislativa.

2. Como es sabido, durante la Colonia los cargos públicos eran un medio legítimo de enriquecimiento. Esa institución sobrevivió informalmente después de la Independencia mientras el poder fue un botín disputado por minorías. Con la nueva democracia boliviana, tal vez por primera vez un presidente puede jactarse legítimamente de que ni él ni sus colaboradores inmediatos se están enriqueciendo gracias a sus cargos. Falta afinar el instrumento anticorrupción para que el trato a partidarios y adversarios políticos sea igualitario.

3. La necesaria nacionalización de los hidrocarburos se hizo, en lo fundamental, de la mejor manera: logrando la mayoría de capital e ingresos para el Estado boliviano, pero conservando el know how de las transnacionales. Resta quebrar la exclusividad de las capitalizadoras —determinada constitucionalmente— y abrir la posibilidad de asociaciones como éstas con otras empresas.

4. Esta nacionalización fue sin duda lo decisivo para la actual salud macroeconómica. A ello se sumó el alza sostenida de los precios internacionales de las materias primas en general y un comportamiento anticíclico por parte de los gobiernos subnacionales (su gasto no crece a la misma velocidad que sus ingresos). Con encomiable valentía, se busca viabilidad política para la eliminación gradual de la subvención al consumo de hidrocarburos. Técnicamente, ello es posible: de una manera extremadamente gradual y diferenciada entre el uso particular y el servicio público.

Las principales carencias en el actual proceso tienen que ver principalmente con cuatro aspectos:

1. El Estado no se aboca aún, como primera y fundamental prioridad, a la defensa de la vida de los ciudadanos: todavía pierden cotidianamente la vida miles de bolivianos por no poder pagar medicamentos, en manos de delincuentes o en accidentes fácilmente prevenibles.

2. A pesar de la hegemonía actual, parece estarse buscando incesantemente el “poder total” (Lazarte J., 2010): aprovechando la mayoría que tienen en la asamblea se designa como cabeza del Órgano Electoral a un militante del partido de gobierno y se niega a asambleístas la potestad de evaluar candidatos al órgano judicial. Además, se busca controlar los medios de comunicación. Parece ignorarse que para que el pueblo ejerza legítima soberanía debe conocer distintos puntos de vista y no solamente los planteamientos de sus líderes circunstanciales.

3. Al resultar favorecidas las actividades extractivas se está deteriorando, a mayor ritmo, el medio ambiente. Sin duda el menoscabo actual proviene de siglos de explotación de los recursos, pero aún no han sido iniciadas políticas efectivas para revertir esa tendencia y continúan sin freno agresiones irreversibles a la naturaleza y, por tanto, a los medios de vida de las futuras generaciones.

4. La nueva Bolivia aún no cuenta con una clara política de desarrollo económico. El Estado ha asumido un rol fundamental para el aprovechamiento de las riquezas de nuestros suelos, lo que es correcto, pero todavía no se ha logrado claridad en lo que se refiere a cómo superaremos “la maldición de los recursos naturales”. La experiencia muestra que esto (y que todos cuenten con una remuneración digna por su trabajo) sólo puede lograrse a través de la educación y la iniciativa privada apoyada y regulada por el Estado. Que la iniciativa privada existe lo demuestran las incesantes actividades de todos los bolivianos para mejorar sus condiciones de vida; que es posible domar al capitalismo, lo comprueban múltiples experimentos regulatorios y políticas sociales en todo el mundo. La experiencia mundial también muestra el altísimo costo humano que han tenido los intentos de hacer que el Gobierno reemplace a los mercados. El éxito está en lograr adecuadas combinaciones Estado-mercado para cada caso.

El mayor peligro para la democracia sería la interferencia de los delincuentes dedicados al narcotráfico. La única manera de revertir las tendencias actuales sería que para los agricultores de la coca fuera más rentable dedicarse a otras actividades; lograr acuerdos productores-Estado para que, simultáneamente con la reducción de esos cultivos, la administración pública coadyuve decisivamente en abrir mercados para productos alternativos; y focalizar en esas áreas inversiones en infraestructura (vías, riego, energía), sanidad vegetal y apoyo efectivo a la comercialización, todo ello con la finalidad de reducir los costos de producción y de transporte, y de poder superar barreras fitosanitarias.

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