Animal Político

Diez años de impunidad

Errónea e irresponsablemente se pensó que la extradición se trataba de un trámite sencillo. Desde el 17 de octubre de 2003 transcurrieron tres gobiernos y una década, hasta ahora no pasa absolutamente nada, las causas son la negligencia de nuestras autoridades judiciales, diplomáticas y fiscales, y el factor político.

La Razón / Waldo Albarracín Sánchez

00:01 / 20 de octubre de 2013

Octubre de 2003, día 17, el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada había tocado fondo, sus principales aliados políticos —que usufructuaron del poder junto a los movimientistas (MIR, NFR)— habían decidido alejarse como las ratas cuando abandonan el barco que se hunde. Nadie se hacía responsable del genocidio cometido contra el pueblo alteño, y la ciudadanía en general clamaba por la renuncia, utilizando como medida de presión aquel emblemático instrumento de lucha: la huelga de hambre. Los piquetes se incrementaron siguiendo el ejemplo del primero que se instaló en el templo Las Carmelitas. Todos gritaban al unísono “¡fuera Goni!”; sus atropellos a los derechos humanos habían colmado la paciencia de un pueblo que pretendía que se cierre el ciclo de políticos neoliberales cuyo paso por el poder sólo trajo frustración, represión y miseria.

Rechazando las alternativas de solución pacífica que desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos le propusimos al presidente Sánchez de Lozada, éste pretendió hacer prevalecer, al influjo del otro Sánchez (Berzaín), lo que ellos llamaban el “principio de autoridad”, por cuya consecuencia tuvieron que escapar por el techo. Era imposible a esas alturas dar la cara. La justificada indignación popular podía ocasionar un desenlace fatal para los autores intelectuales de la masacre sangrienta. En esas circunstancias, sus protectores y fieles amigos del norte no lo abandonaron, mientras enviaba su carta de renuncia al Congreso Nacional y este documento era leído en sesión congresal, un avión norteamericano se llevaba al Goni rumbo a Estados Unidos para liberarlo de cualquier pretensión punitiva por parte del Estado boliviano. Desde ese día no se lo puede juzgar, menos sancionar, toda vez que nuestro procedimiento penal no prevé el juicio en ausencia del procesado; por el contrario, exige la presencia física del sindicado. Así, aparece la idea de extraditar a los Sánchez.

En forma errónea e irresponsable se pensó que se trataba de un trámite sencillo. Desde el 17 de octubre de 2003 transcurrieron tres gobiernos y una década, hasta ahora no pasa absolutamente nada. Las causas son, por un lado, la negligencia de nuestras autoridades judiciales, diplomáticas y fiscales; por el otro, el factor político. Sánchez de Lozada no es un delincuente de mínima cuantía, tiene una marcada influencia en las instancias de poder del Estado norteamericano y a ello obedece la actitud protectiva a su favor.

¿Qué significa jurídicamente la extradición? Se refiere a la entrega que un país hace a otro, cuando éste así lo reclama, de una persona acusada de ciertos delitos, para luego ser juzgada donde precisamente se incurrieron en los hechos punitivos. Esta entrega, dentro el derecho internacional, se funda en la reciprocidad. El que lo reclama tiene la obligación de presentar las pruebas de los hechos con los cuales se acusa y someterse a las normas de carácter internacional establecidas, implica también la obligación de juzgar al entregado con las leyes del país que lo requiere.

Para que se materialice la extradición se deben cumplir con elementales requisitos como: la existencia de un convenio de extradición entre ambos Estados, también se torna trascendental que el o los delitos por los que se pretende juzgar a la persona requerida, estén tipificados como tales en las legislaciones de ambos países. Asimismo, adquiere suma relevancia el hecho de que, la persona a quien se pretende extraditar no haya sido juzgada por la misma causa en otro tribunal ajeno al Estado que está solicitando dicha medida, bajo el principio universal de que nadie puede ser juzgado y sancionado dos veces o más por un mismo delito. En el caso que nos ocupa, cabe enfatizar que entre Bolivia y Estados Unidos existe un Tratado de Extradición suscrito el 27 de junio de 1995. El artículo 1 del citado documento establece con claridad meridiana que: “(…) Las partes convienen en la entrega recíproca de personas imputadas ante las autoridades judiciales del Estado requirente, o declaradas culpables o condenadas por éstas, con motivo de un delito que dé lugar a la extradición”.

Respecto a la situación jurídica y elementos fácticos que imposibilitaron el traslado de Sánchez de Lozada y sus ministros a territorio boliviano, es necesario hacer notar que la ostensible dejadez de nuestras autoridades contribuyó a la profundización del problema; veamos: el procedimiento para un juicio de responsabilidades prevé la existencia de una querella de parte de la Fiscalía General ante el Congreso Nacional para que éste autorice por dos tercios de votos la sustanciación de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), esa querella demoró aproximadamente un año y cuando se la redactó exponía errores injustificables, como el hecho de imputarle al referido expresidente delitos sexuales que no tienen nada que ver con los hechos que debían juzgarse ni eran reales. ¿Fueron errores deliberados o demasiada mediocridad profesional del Fiscal General de entonces? Posteriormente, la Corte Suprema también tuvo su cuota al demorar en la apertura de la causa y elaborar con lentitud desesperante los mandamientos respectivos. Después le tocó su turno a la Cancillería, contribuyendo con su actitud burocrática en la cadena de actos negligentes que impidieron formalizar en tiempo oportuno la petición de extradición ante Estados Unidos. Debemos añadir al problema expuesto, la decisión política del Departamento de Estado de otorgar protección al exgobernante y sus adláteres, que hizo y hará prescindencia de los elementos jurídicos, tomando en cuenta la alianza natural que se dio y aún persiste entre ambos.

A diez años de la masacre sangrienta, la Fiscalía General del Estado mostró preocupación contratando un bufete de abogados en Estados Unidos para que en representación nuestra desarrolle las diligencias pertinentes en aras de viabilizar la extradición de los principales responsables. El resultado es incierto. En adelante, como tareas, nos quedan dos de suma importancia: mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sin perder la dignidad, y demostrar ante la comunidad internacional que nuestros tribunales de justicia son imparciales, transparentes y garantizan el debido proceso, precisamente para darle legitimidad al proceso penal que pretendemos consolidar.

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