Animal Político

A 50 años de la masacre de San Juan

Una nómina parcial reportó 22 asesinados y 24 heridos. Medios argentinos mencionaron la cifra de 87 muertos. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos cayeron asesinados esa noche.

Foto: Reproducción del libro de filemón escobar

Foto: Reproducción del libro de filemón escobar

La Razón (Edición Impresa) / Luis Oporto Ordóñez / La Paz

00:00 / 02 de julio de 2017

Hace 50 años, exactamente, el gobierno del general René Barrientos Ortuño, junto con su grupo asesor, ordenó una de las masacres más sangrientas en la historia del centro minero de Siglo XX. La acción militar provocó un número indeterminado de muertos y más de 80 heridos. Tropas de élite fueron transportadas en un convoy de la muerte, en vagones de tren de carga desde Machacamarca hasta Uncía, un Caballo de Troya que en lugar de materiales de trabajo acarreó tropas militares de la Segunda División (comandada por Amado Prudencio), regimiento Rangers (al mando del teniente coronel Alfonso Villalpando y el mayor Pérez), regimiento Camacho de Oruro y regimiento 13 de Infantería.

La planificación de la masacre contó con una tercera fuerza, de la Policía Nacional (dirigida por Alberto Zamorano) y el comandante de los detectives de Llallagua. La masacre fue financiada por la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Minera Catavi, que pagaron gastos del transporte, pertrechos de guerra y alimentación de la tropa en los días del conflicto.

Estados Unidos y la revolución boliviana. La desclasificación de archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos permite ratificar las denuncias sobre la injerencia de ese país en la política boliviana y comprender mejor nuestra historia.

A partir de 1952, Estados Unidos siguió con recelo el curso de la revolución boliviana para evitar que el triunfo de aquel 9 de abril —gracias a milicias armadas de mineros y campesinos que destruyeron al Ejército y arrinconaron a la clase política conservadora— tomara la opción socialista. Con una labor de Inteligencia controló a la dirigencia movimientista, diseñando una estrategia de modernización y desarrollo, con un ariete político para neutralizar y liquidar el sindicalismo revolucionario y erradicar el comunismo de las minas de estaño. La punta de lanza fue el Plan Triangular, que inició el proceso privatizador de la gran minería. Los documentos desclasificados —analizados por Thomas C. Field en su obra Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016)— demuestran que la Alianza para el Progreso fue diseñada con un “barniz ideológico formulado en un entorno estratégico de tinte anticomunista, lo que justificó el crecimiento de un gobierno represivo y llevó a la rápida militarización de la sociedad boliviana”. Estados Unidos jugó a dos bandas: por un lado apoyó los planes desarrollistas de Paz Estenssoro y por otro sustentó los planes desestabilizadores de René Barrientos Ortuño, quien conspiró desde el día de su posesión para derrocar al presidente. El fatídico 4 de noviembre de 1964 Paz Estenssoro denunció que fueron “las contradicciones de la política exterior de Estados Unidos las que desestabilizaron su gobierno y lo condujeron a su caída”. Washington tomó control pleno de las instituciones políticas del país, a tal extremo que el jefe de la CIA en Bolivia, Sternfield, “se vanagloriaba de que hasta la muerte de Barrientos, en 1969, nada pasaba en Bolivia sin su intervención”.

“San Juan”: la masacre más planificada contra el movimiento obrero. Como parte de la estrategia, Barrientos suscribió el pacto militar-campesino para neutralizar el poder minero. En mayo de 1965 puso en marcha el “sistema de mayo” en los centros mineros, consistente en la rebaja de sueldos y salarios de los trabajadores, declaración de “zonas militares”, persecución, destierro, apresamiento y despido selectivo de dirigentes y proscripción de los sindicatos. La dirigencia sindical dispuso la resistencia desde las bases y desde el núcleo obrero de Siglo XX surge el Partido Comunista Marxista-Leninista, que propugnaba la resistencia armada. El Gobierno respondió con el uso de la fuerza militar provocando la masacre del 20 de septiembre de 1965. La incursión de la guerrilla del Che Guevara en Ñancahuazú cambió el curso de la historia. Estados Unidos envió con urgencia asesores expertos en contrainsurgencia guerrillera y agentes de Inteligencia para aplastar al movimiento guerrillero y evitar el apoyo minero. El 19 de abril, el sindicato de Catavi resolvió enviar alimentos y medicinas, y plegarse a las guerrillas; el 6 de junio, Huanuni expresó su solidaridad con la lucha guerrillera, y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia convocó al ampliado nacional del 24 de junio en Siglo XX para plantear la reposición de sueldos y salarios, la vigencia de las organizaciones sindicales, la reincorporación de los despedidos y el apoyo material a la guerrilla.

El 7 de junio, Barrientos declaró el estado de sitio instruyendo el inicio del cerco militar, con el apoyo de la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Minera Catavi. Los mineros responden con la huelga en cuatro distritos, el 9 de junio, pero un curioso incidente registrado en la ciudad de La Paz, el 14 de junio, tensionó la situación política, al estallar un artefacto de dinamita en las oficinas de la Comibol, acción atribuida por el Gobierno a los mineros, ordenando la prohibición de transmisiones de las radios mineras a tiempo de convocar a un diálogo, clara medida distraccionista para dar tiempo a preparar la incursión militar.

A la declaratoria de “zonas militares”, el sindicato de Huanuni respondió con la declaratoria de “territorio libre”, el 16 de junio. Barrientos ordenó reforzar la guarnición militar de Playa Verde, próxima a Huanuni.

 El 18 de junio la FSTMB decide no asistir a la reunión convocada por Barrientos, “mientras se mantenga el estado de sitio, mientras los líderes mineros permanecían en las cárceles y en los campos de confinamiento, y mientras se pretenda callar con la fuerza bruta las emisoras mineras y mientras el Ejército amenace a los distritos mineros”.

Finalmente, Barrientos autorizó la incursión militar, la madrugada del 24 de junio, cuando las familias mineras celebraban la tradicional fiesta de San Juan, con fogatas en las calles de los campamentos mineros. Comandos militares se desplazaron desde Cancañiri, otra por el Calvario y una tercera fuerza de la Policía Nacional y los detectives de Llallagua, operan desde el pueblo. El temible capitán Zacarías Plaza, jefe de las milicias campesinas y hombre de confianza de Barrientos, fue el director político de la operación militar. El capitán Plaza realizó una acción de rastrillaje en los campamentos, casa por casa. Se apresó a los trabajadores y se requisaron viejos fusiles máuser de la Guerra del Chaco y miles de cartuchos de dinamita fueron tirados a los cenizales de Llallagua. Una nómina parcial reportó 22 asesinados y 24 heridos. Medios argentinos mencionaron la cifra de 87 muertos. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos cayeron asesinados esa noche.

  • Luis Oporto Ordóñez es historiador, docente titular de la UMSA, jefe de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia