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La apelación puede demorar al menos un año el proceso

En Estados Unidos se debe pedir permiso al juez para apelar su decisión. Conseguida esta aprobación, el caso va a un Tribunal de Apelación (de tres jueces); allí el caso puede ser revisado bien en dos meses, o en uno o dos años. 

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:04 / 15 de junio de 2014

Una vez que los demandados, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, anunciaron la apelación del fallo del juez James Cohn, se espera que el trámite de la misma empiece en “esta semana”, informó a este medio desde Estados Unidos la abogada del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, Beth Stephens. El hecho es que recién en uno o dos meses se sabrá si corre o no este recurso. “Lo más probable es que dentro de un mes o dos nos demos cuenta (sepamos que) si va a haber o no apelación”, destaca la abogada.

En Estados Unidos, la peculiaridad es que antes de apelar, se pide permiso al juez para hacerlo, explica Stephens “lo que entendemos es que en esta misma semana van a comenzar, van a pedir permiso para apelar”.

Si se da curso a la apelación, o sea, si se otorga el permiso correspondiente, el proceso luego puede demorarse al menos un año, apunta Stephens: “si hay apelación puede ser un año o dos; si no hay apelación, vamos a entrar en un proceso de investigación en que de los dos lados vamos a recoger la evidencia, los testigos y todo; lo más probable es que dentro de uno o dos meses sepamos qué camino se deberá recorrer”, o la prosecución del proceso o enfrentar la apelación.

Una peculiaridad de los procesos en el país del norte, destaca la abogada, es que por lo común las apelaciones no se hacen “a medio camino” de las causas, sino al final.  “En este momento, apelar es lo menos probable, porque generalmente en este tipo de procesos no hay apelaciones en el camino; se espera hasta lo último, hasta que se decida todo el caso”, afirma la abogada.

Pero, como destaca el representante legal de los familiares de las víctimas, Rogelio Mayta, la estrategia de la defensa del expresidente es la no existencia de la causa; así, no será extraño, contra la costumbre estadounidense, que de todos modos el recurso de apelación sea presentado, aún en la actual etapa preliminar del caso.

El recurso contra la prosecución del proceso va a la Corte de Apelación, “un tribunal con tres Jueces de Apelación”, informa Stephens. Una vez presentado el trámite, en realidad se abre otro proceso en que las partes litigan esta vez sobre la validez o no del cuestionamiento. “Hay una etapa de argumentos escritos, después generalmente hay un argumento oral; luego, los jueces pueden tardar dos meses o un año, no se sabe”.

Alegatos. Por el lado de los demandantes (en este caso, los familiares de las víctimas), sus abogados podrán responder a la apelación desde el momento mismo del pedido de permiso al juez, detalla la jurista Stephens: “vamos a poder responder, primero cuando ellos pidan permiso para apelar, nosotros vamos a introducir argumentos escritos diciendo que no, que el juez no debe dar permiso. Y si acaso logra el permiso para apelar, vamos a tener oportunidad de oponernos, vamos a seguir defendiendo la decisión que ha tomado el juez de seguir con el proceso civil en cuestión”.

Hay que recordar, insiste el vocero del MNR, Luis Eduardo Siles, que en 2013 este caso ya fue rechazado en la Corte de Apelaciones del 11° Distrito de los Estados Unidos.

Fueron cuatro los argumentos que inicialmente utilizaron los demandados para que el juez James Kohn desestime el caso. Uno, que no podían ser juzgados en los Estados Unidos porque los hechos habían ocurrido en Bolivia; dos, que los demandantes aún tenían otros recursos legales en Bolivia contra los acusados, a fin de lograr justicia, que no se había agotado la vía interna; tres, que la demanda no tenía un alegato fáctico suficiente, que no estaban acreditados los hechos que justifiquen y ameriten que haya un juicio civil contra el expresidente Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; y, cuatro: que el proceso no es posible sustentarlo por “homicidio culposo” (cargo interpuesto por los demandantes) en el ámbito de la ley estatal de Florida, ya que los hechos presentarían, describe el juez Cohn “‘asuntos innovadores y complejos’ de la ley boliviana”.

Mientras los primeros tres cuestionamientos apuntan hacia la norma federal de los Estados Unidos; el cuarto va contra una norma del estado de Florida mismo.

En caso de superar la etapa de la apelación (que ésta no sea presentada por los demandados o que al final el Tribunal de Apelación la rechace), vendrá —explica el abogado Mayta— el llamado momento de Descubrimiento (un procedimiento inexistente en la economía jurídica boliviana). “Es muy particular, (el Descubrimiento); ese momento es como si cada parte mostrase sus cartas; ‘yo tengo toda esta lista de testigos, estos documentos y te los muestro; muéstrame los tuyos’”. Es el instante del proceso en que los abogados pueden interrogar sin restricciones a los testigos de la parte contraria, y revisar la documentación que cada quien tiene. El interrogatorio a los testigos aún es sin presencia del juez, solo con los abogados y con alguien que documente la reunión, que es grabada en video. “Hay la obligación legal de mostrar absolutamente todo por ambas partes”, remarca Mayta.

Será luego del Descubrimiento, sin embargo, que vendrá la verdadera batalla, destaca el jurista: la fase oral, que en teoría no debiera durar más allá de “algunos días”, tras lo cual el juez emite la sentencia.

“Si fuera un juicio menos peleado, probablemente podríamos tener fase oral para fin de año, acaso principios del próximo; pero la experiencia nos ha hecho entender que la defensa que realizan es férrea, utilizando argumentos legales y mecanismos extralegales”.

Política. Mecanismos extralegales, recursos que sin ser ilegales se acercan mucho a la acción e influencia política: “En cierto momento hemos conocido que andaban haciendo firmar una carta a exembajadores de Estados Unidos en Bolivia, y que la han firmado, dirigida al Departamento de Estado para que éste realice algún tipo de gestión, que para nosotros sería injerencia ante el juez. Lo han hecho; qué más habrán hecho que no conocemos”, revela.

Del lado de los demandados, Luis Eduardo Siles defiende el proceder de Gonzalo Sánchez de Lozada en la crisis de octubre, el momento de su salida del país: “Sánchez de Lozada mantuvo su respeto al Estado de Derecho hasta el último segundo, lo que le llevó a priorizar su respeto por la Constitución en lugar de una eventual negociación de su salida, o la opción de fijar el gobierno en Santa Cruz. Organizó personalmente una operación dramática para reunir al Congreso Nacional ese 17 de octubre, lo que desmiente la idea de que salió corriendo. Escrita y firmada la carta, reunido el Congreso y aceptada su renuncia al cargo, recién salió del país en un vuelo comercial”.

“Siempre pienso que hay esperanza, claro que estamos luchando contra gente con bastantes recursos; es un camino que no va a ser fácil, pero sí me parece que tenemos buenas posibilidades de sacar a la luz la verdad de lo que pasó, y lo único que puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible para ello”, concluye la abogada Beth Stephens desde Estados Unidos.

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